Ministerio de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado durante un encuentro informativo que el parque de vivienda social en España ha pasado de un 2,5% al 3,4% del total, tras sumar 162.000 viviendas protegidas en los últimos cinco años, lo que supone un incremento del 35% en términos absolutos. También ha adelantado que el Gobierno va a licitar a lo largo del próximo trimestre la construcción más de 1.600 viviendas a través de la nueva empresa estatal, que serán públicas con carácter permamente y estarán repartidas en diferentes regiones, y que ha arrancado el proceso de consulta pública previa del próximo Plan de Vivienda.

El precio medio de la vivienda libre subió un 7% al cierre de 2024, hasta alcanzar los 1.972,1 euros por m2 en el cuarto trimestre, el valor más alto desde finales de 2008, según la estadística del Ministerio de Vivienda. Baleares y Madrid lideraron el alza interanual por CCAA, mientras que Málaga (+11%), Santa Cruz de Tenerife (+10,4%), Guadalajara (+10,3%) y Valencia (+9,8%) han sido las provincias con los mayores incrementos. A pesar de los datos, el Ministerio aleja la idea de una burbuja inmobiliaria e insiste en que el valor del tasado de la vivienda sigue por debajo del valor de mercado, lo que refleja un escenario de "prudencia" y crédito "sano".

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP en la que urge al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a ejecutar mejor y agilizar su presupuesto, para resolver la "gravedad del problema en el que se ha convertido el acceso a la vivienda en España". La proposición no de ley ha prosperado en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja por el apoyo de Vox y Junts. De su lado, PSOE, Sumar, Podemos, Bildu y Esquerra Republicana han votado en contra.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha rechazado la propuesta de la vicepresidenta de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), Elena Massot, de separar con puertas de entrada distintas los pisos protegidos de los libres en una misma promoción, asegurando que la política

PP, Vox y Podemos van a protagonizar esta semana un debate monográfico sobre políticas de vivienda en el Congreso con el Gobierno, lo que dará lugar a propuestas que se debatirán y votarán la semana del 19 de febrero. La intención de las tres formaciones es preguntar a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre las medidas llevadas a cabo en su materia para paliar la crisis que sufre el sector por los altos precios y la dificultad para acceder a un hogar.

La fórmula de movilizar préstamos y avales del ICO para impulsar la construcción de viviendas asequibles en España empieza a dar sus frutos. Según ha confirmado David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, durante el encuentro inmobiliario EFIMAD, el Instituto de Crédito Oficial ya está estudiando proyectos para desarrollar 25.000 viviendas, más de la mitad de las que contempla inicialmente este plan. De ellas, 5.000 unidades ya están firmadas. Según Lucas, "el ICO ha actuado sobre más viviendas en un año que en toda su historia".

El Gobierno ha presentado el Proyecto ARCE 2050, con el que quiere acelerar la descarbonización del parque inmobiliario español y de las ciudades a través de una transición energética. En la inauguración, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, destacó la importancia de avanzar en la transposición de la Directiva europea en esta materia y de impulsar la sostenibilidad " sin perder de vista el equilibrio económico y social". Entre los objetivos de la iniciativa, pionera a nivel comunitario, están concienciar a la ciudadanía y fomentar la colaboración público-privada a través de grupos de trabajo y una plataforma virtual.

El principal problema residencial en España es la falta de oferta, explicada por la constante creación de hogares y una cifra de viviendas terminadas que no logra despegar. Según los datos del INE y del Ministerio de Vivienda analizados por Asprima, la tendencia empezó en verano de 2010 y se está acelerando en los últimos años, impulsado tanto por la demanda doméstica como por la extranjera. Desde entonces y hasta el tercer trimestre de 2024, el déficit de viviendas supera las 740.000 unidades. Solo en los últimos cuatro años, el número de hogares crece a una media de 182.300 unidades, frente a las 84.400 viviendas terminadas. Y todo apunta a que irá a más, con unas proyecciones de nuevas familias que casi triplican al volumen de obra nueva en el próximo lustro.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que en España no existe un problema de okupación y que el "gran problema en el país es el acceso a la vivienda". La titular de Vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha indicado que se dan casos de allanamiento, usurpación, impago de rentas e incumplimiento de contrato, pero que nada tiene que ver con lo que se entiende como 'okupación'. Si que ha reconocido que es necesario "corregir esas situaciones y dar seguridad a los propietarios", y aboga por movilizar vivienda vacía para ponerla en alquiler asequible y aumentar el parque de vivienda en alquiler.

La compra de viviendas en España por parte de ciudadanos extranjeros se ha intensificado en los últimos años, aumentando más de un 30% desde 2019, según un estudio de CaixaBank Research con datos del MIVAU. De hecho, en los nueve primeros meses de 2024 compraron 125.857 unidades, un 18,4% del total. Mientras, el incremento de las operaciones entre los compradores nacionales en el mismo periodo fue del 17,7%. El informe también destaca las transacciones por parte de los foráneos no residentes, que registraron un repunte desde 2022, con los precios más altos de compra (2.895 euros/m2) y centrados en zonas turísticas y de las grandes ciudades.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en que España necesita un nuevo modelo de política de vivienda, para lo que el Gobierno está trabajando en la nueva empresa pública de vivienda, que servirá para blindar la oferta pública de manera permanente para asegurar precios asequibles, sobre todo en alquiler. Rodríguez ha recordado que esta empresa será el resultado de fortificar y dar más funciones a Sepes, y que sus primeras viviendas serán las más de 430 unidades que se proyectan en el antiguo cuartel de ingenieros en Valencia. La ministra ha insistido en recuperar el proyecto de la reforma de la Ley del Suelo para crear seguridad jurídica en el sector.

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), ha cerrado su mejor año comercial de los últimos 15 años, superando los 83,8 millones de euros en ventas de suelo tanto industrial como residencial. Las ventas de superficie neta en 2024 se concretan en más de 1,7 millones de metros cuadrados, que se traducirán en la instalación de más de 180 empresas, entre las que hay multinacionales. La operación más significativa del año ha sido la venta de 190 hectáreas de suelo industrial en Talavera de la Reina por 20,6 millones de euros para la instalación de un gran centro de datos de la multinacional Meta.

El PP ha denunciado que el grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) es "ridículo", por lo que urge a agilizarlo para resolver la "gravedad del problema en el que se ha convertido el acceso a la vivienda en España". Los populares han presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que denuncia que de los 4.454 millones de euros que tiene presupuestados la partida de Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación este año, sólo hay obligaciones reconocidas netas por valor de 404 millones, y exige agilizar la ejecución del presupuesto del Ministerio de Vivienda.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha asegurado que uno de los objetivos del Gobierno para afrontar el problema de acceso a la vivienda en España es movilizar vivienda vacía, para lo que ve necesario "incentivar a los pequeños propietarios" a que la pongan en el mercado del alquiler habitual. Además, ha recordado que el objetivo es hacer posible que haya una mayor oferta residencial y más vivienda pública asequible, y ha desglosado otros grandes problemas ante la falta de acceso a la vivienda en España: poco suelo finalista, escasa obra nueva y los alquileres turísticos.

El consejo de administración de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) ha decidido, en su última reunión del año, fortalecer la estructura administrativa de la compañía, como paso previo para la creación de la empresa pública de vivivenda anunciada por el Gobierno hace unas semanas. Entre los cambios está la reclasificación de Sepes dentro de las entidades públicas y la creación de dos direcciones: la Dirección del Parque de Vivienda Asequible, encargada de la gestión inminente de viviendas; y la Dirección de Transformación, que gestionará el cambio y definirá el nuevo plan estratégico de Sepes. La misión de la empresa es aumentar la oferta de viviendas asequibles para venta y alquiler, junto con el sector privado.

Los visados de dirección de obra de vivienda nueva alcanzaron 107.098 unidades hasta octubre, un 16,48% más en relación al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 91.949 visados, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU). Solo en octubre, la concesión de visados obra nueva aumentó un 12,76%, con más de 12.000 visados en un solo mes, el segundo mejor dato del año tras julio, y el tercer dato mensual más alto desde 2009.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado en el Senado que la nueva empresa pública de vivienda va a garantizar que se construyan más casas con fondos públicos a precios asequibles y que siempre serán protegidas. El PP en la Cámara Alta ha criticado al Gobierno por haber agravado la crisis de la vivienda en España y de haber enfrentado a propietarios con inquilinos con la aprobación de la Ley de Vivienda. Mientras Rodríguez achaca a los populares su escasa lucha contra el fraude de los pisos turísticos ilegales y el escaso interés por llevar adelante la reforma de la Ley del Suelo.

El Congreso ha instado al Gobierno a que la empresa pública de vivienda que va a poner en marcha el Ejecutivo aproveche los inmuebles que tiene a su disposición la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a vivienda social y asequible. La Comisión de Vivienda de la Cámara Baja ha aprobado una proposición no de ley pactada entre los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, con el respaldo de Podemos, mientras que las demás formaciones se han abstenido o votado en contra. El acuerdo parte de una iniciativa original del grupo plurinacional, que pedía directamente suspender "de manera inmediata" la venta por parte de Sareb de su promotora Árqura y su cartera de 16.000 viviendas.

En los nueve primeros meses del año se han formalizado en España 515.810 compraventas de viviendas, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según las estadísticas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU). El departamento liderado por Isabel Rodríguez constata una aceleración de las transacciones, que aumentaron un 16% interanual en verano, como consecuencia del "aumento de la demanda por la relajación de la política monetaria", entre otros factores. Todas las CCAA registran subidas, salvo Navarra y Baleares, mientras que las compras de viviendas usadas suben más que las de obra nueva.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que la empresa pública de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno tendrá como germen la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), que será reconvertida y "fortalecida para abordar el problema de la vivienda de manera integral": desde el suelo, a la urbanización y la construcción de vivienda hasta su movilización y gestión. Rodríguez ha indicado que se dispone de mucho suelo propiedad de la Administración General del Estado (AGE), procedente de Sepes, el Ministerio de Defensa, Adif o incluso de Sareb. También ha asegurado que los Ministerios económicos llevan un año trabajando en la fórmula jurídica para dar respuesta a esta nueva empresa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención en el cierre del 41º Congreso Federal del PSOE para anunciar que el Ejecutivo creará una "gran" empresa pública de vivienda, que se encargará de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado (AGE), aunque no ha detallado nada más. Este último Congreso Federal de Sevilla le ha ratificado como secretario general socialista y a su nueva dirección.

Los visados de dirección de obra de vivienda nueva alcanzaron las 95.008 unidades hasta septiembre, un 16,97% más en relación al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 81.227 visados, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La concesión de visados de dirección de obra de vivienda nueva aumentaron un 21,63% solo en septiembre en comparación al mismo mes del año anterior y se situaron en 11.104 visados.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha confirmado que el Ministerio trabaja en un real decreto sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT), un reglamento de desarrollo que "intente regularizar la situación" y primar el uso residencial sobre el turístico. la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, ha comentado que solo el 10% de los ayuntamientos españoles tienen un problema de "desbordamiento" con la recepción de turismo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha manifestado en Sevilla que "todas las administraciones están obligadas a regular" en materia de vivienda desde sus competencias, y ha llamado a actuar contra los "fenómenos que están impidiendo o complicando el acceso a una vivienda digna". La ministra ha insistido en "priorizar el uso residencial sobre los alojamientos turísticos", y ha pedido aportar soluciones de cara a la próxima Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre.

Los visados de dirección de obra de vivienda nueva alcanzaron las 83.904 unidades hasta agosto, un 16,37% más en relación al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 72.098 visados, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicados.  En los ocho primeros meses del