Okupas

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre la agilización de los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas mediante la Ley de eficiencia judicial. La normativa contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta aprobación supone un cambio significativo, impulsado por una enmienda del PNV y respaldada por formaciones como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, aunque con el voto accidental de Bildu. Ahora debe aprobarse en el Senado donde el PP tiene mayoría.

La ocupación ilegal es una preocupación constante para los propietarios de viviendas vacías en España. La pérdida de control sobre la propiedad, los largos procesos legales, el alto coste de los desalojos y los daños causados por los ocupantes ilegales generan un gran impacto económico y emocional.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) explica en este artículo cuáles son las diferencias entre estas tres formas de okupar una vivienda. El allanamiento de morada, la usurpación o la inquiokupación hacen referencia a ilícitos penales y no civiles. El allanamiento sí implica penas de cárcel, mientras que la usurpación no, el delito es pagar una simple multa económica. En cuanto a la inquiokupación, en esta forma de okupar, a diferencia de las otras, sí existen títulos habilitantes que aparentan legitimar las ocupaciones, como son los contratos de arrendamiento.

Tener una casa ocupada va mucho más allá de una simple batalla legal. Es una experiencia devastadora tanto a nivel económico como emocional.

Marga Prohens, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, ha presentado el programa ‘Lloguer Segur’, con el que pretende captar viviendas vacías o inhabitadas de propietarios particulares para ponerlas en arrendamiento hasta un 30% por debajo del precio de mercado. A cambio, el Ejecutivo balear garantiza el cobro de la totalidad del alquiler a e incluso se compromete a anticipar el importe de los siete años del contrato. La iniciativa se pondrá en marcha en noviembre con el objetivo de captar hasta 3.000 propiedades en lo que queda de año y establece bonificaciones fiscales para los pequeños arrendadores.

Tener una vivienda vacía puede ser una excelente inversión, pero también puede convertirse en una fuente de preocupaciones. Uno de los mayores temores de los propietarios es la ocupación ilegal, un problema cada vez más común en España.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) pone sobre la mesa la necesidad de poner en marcha una medida legislativa para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas y acortar los plazos de los desalojos. En concreto, propone modificar el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para obligar a que todos los contratos tengan que formalizarse por escrito e inscribirse en un registro público. "De este modo, cualquier contrato no inscrito sería presumido como simulado y se podría desalojar a los okupas sin necesidad de largos procesos judiciales", afirma la compañia.

Los okupas son uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector inmobiliario español, ya que se tarda en echarlos hasta 23 meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero existen otros problemas asociados a la ocupación ilegal, por ejemplo, cuando hay averías en una casa okupada que afectan a los inmuebles colindantes. Lo primero que habría que hacer es contactar con el propietario del inmueble. En caso de no localizarle, el Código Civil establece que la responsabilidad de los daños recaería sobre quien habita en la vivienda, es decir, el okupa.

El servicio de de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas del Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido 370 incidencias en los últimos tres años, de las que un 10,8% han sido calificadas como casos de vulnerabilidad. El casco histórico es la zona donde más propiedades han sido ocupadas. En los seis primeros meses 2024 ya se han iniciado 52 estudios, la misma cantidad que en todo 2023. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado estar trabajando en la creación de un Protocolo Antiocupación.

“Fue entregarle las llaves a la nueva inquilina, subirme al coche con mi hija, mirarla y decirle: hemos perdido el piso”. Kathy Díaz recuerda esta escena, y lo narra con la voz rota. Si has entrado en X (antes Twitter) en algún momento de estas últimas semanas, puede que te hayas encontrado con su perfil @kdrbcn (tengo una inkiokupa!) y hayas conocido un poco más su caso. Kathy es la propietaria de un piso ubicado en Moncofa, en Castellón, habitado por una “inquiokupa” desde 2020, cuando estalló la pandemia. A día de hoy, la "okupa" acumula una deuda de más de 16.000 euros y la propiedad solo señala a un culpable en esta situación: el Real Decreto 11/2020.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha pedido al Gobierno llevar a cabo una reforma del Código Penal para eximir del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios afectados por la ocupación de su vivienda, así como otras medidas que permitan "reforzar el compromiso con la lucha contra la ocupación ilegal", como impedir que los okupas puedan empadronarse en una vivienda. Según Pedro Fernández Alén, presidente de la patronal del sector, también es necesario desarrollar 150.000 inmuebles anuales en España, tanto para la venta como el alquiler.

Sareb asegura que en 3.600 de sus viviendas viven familias que no pueden ser consideradas vulnerables como para formalizar un alquiler social o bien, que no quieren colaborar y regularizar su situación. Según explica Javier Torres, presidente de Sareb, en un estudio publicado por el IEE, las viviendas okupadas "suelen sufrir una acusada degradación", provocan problemas en el entorno vecinal y tienen un valor teórico hasta un 70% inferior respecto al que tendrían en el mercado libre. En el documento, Torres también propone convertir la compañía en el gestor público de viviendas sociales en España, una vez que sea disuelta en 2027.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el pasado mes de mayo el mercado del alquiler ha sufrido efectos indeseados, tal y como señala la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). La compañía indica algunos como una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, dado el grado de intervencionismo, o la aparición de nuevas modalidades de inversión en inmuebles, como el coliving, alquileres flexibles o alquileres de temporada. En su opinión, esta ley ha estimulado la demanda, cuando realmente lo que debe hacer es aumentar la oferta de alquileres.

La okupación es uno de los principales quebraderos de cabeza de los propietarios de viviendas, y de los vecinos de una comunidad. Que okupen un piso o una casa en tu urbanización o bloque puede suponer un grave problema, más en caso de que los delincuentes realicen actividades ilegales o molestas para el resto de propietarios. ¿Qué puede hacer una comunidad de propietarios frente a un okupa? Lo primero que hay que hacer es denunciarlo ante la policía y avisar al propietario de la casa. En caso de que la policía no consiga echarlos, habrá que interponer una demanda judicial.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran en 17.264 el número de casos relacionados con la okupación ilegal de viviendas que han ingresado en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia en toda España en el último lustro, lo que arroja un promedio de 9 demandas al día. El dato más reciente es el del tercer trimestre de año, cuando se han contabilizado 373 procedimientos, un 38,6% menos interanual y la cifra más baja de la serie histórica. Desde verano de 2018, Cataluña es la región con más causas de este tipo, con más de 4.100 asuntos, mientras que Navarra y La Rioja cierran el ranking con menos de un centenar de demandas.

Con unos precios de viviendas cada vez más elevados, las subastas pueden suponer un ahorro importante frente al mercado libre. Aunque esta alternativa supone un ahorro interesante, “la autoridad judicial o el organismo que lance la subasta no está obligado a indicar si el inmueble adjudicado está libre o, por el contrario, ha sido ocupado ilegalmente o en él reside un inquilino”, revela Sandra Aurrecoechea, abogada y socia de Marín & Mateo Abogados.

La Generalitat Valenciana sigue lidiando con uno de los principales problemas en su parque de vivienda pública: la okupación. Así, mientras al inicio de la legislatura se contabilizaban cerca de 1.300 viviendas con inquilinos de forma irregular de las 14.600 unidades que conforman el parque público que gestiona la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), ahora son cerca de 1.800, 189 okupaciones nuevas.

Aunque la okupación es uno de los principales retos y problemas a los que se enfrenta el sector inmobiliario, también puede ser una oportunidad de inversión para quienes quieran comprar una casa a un precio bajo. Actualmente hay más de 200 inmuebles en idealista propiedad de bancos que están a la venta desde 7.000 euros, entre los que hay desde chalets de cinco dormitorios a viviendas céntricas. Antes de comprar una casa okupada, conviene informarse de las cargas que pueda tener y contactar con un abogado especializado en el desalojo de inquilinos ilegales.

Securitas se ha hecho con el contrato por valor de 80 millones que sacó a licitación Sareb con el objetivo de proteger sus inmuebles ante 'okupaciones' y otro tipo de actos delictivos, según los detalles de la adjudicación que figuran en la Plataforma de Contratación del Estado.

Desde hace años, el movimiento okupa en España sabe cómo invadir casas y ocuparlas sin que puedan echarles por los vacíos legales existentes. Según el Partido Popular "el problema de la okupación no para de crecer en España" y por ello prometen desahucios exprés en 24 horas, imitando a otros países como Alemania, donde ya funciona esta solución. En este contexto, cabe preguntarse ¿cómo se trata este fenómeno social en otros países europeos?

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria camina lentamente en la gestión de las 50.000 viviendas que el Gobierno movilizó para destinarlas al alquiler asequible. De las 14.000 ya habitadas, muchas de ellas con inquilinos que no pagan, la Sareb reconoce 2.349 okupaciones ilegales de personas no vulnerables. Mientras tanto, de las casi 21.000 unidades que se pretenden vender a las administraciones públicas, solo 9.000 estarían disponibles para alquilar en estos momentos, y apenas han recibido interés por cerrar 1.000 operaciones.

Francia, cada vez más cerca de reducir su problema con la okupación drásticamente. La semana pasada, el Parlamento francés aprobó con 247 votos a favor y 91 en contra el proyecto de ley destinado a endurecer las penas contra los okupas. El texto había sido aceptado en primera lectura por la Asamblea Nacional en diciembre pasado, a pesar de las protestas de la izquierda. Entre las principales penas, está la de castigar con tres años de prisión a los okupas.

Fin de una era en Barcelona. Desde el pasado sábado, el Ayuntamiento de la capital catalana está liderado por Jaume Collboni (PSC), gracias al apoyo del PP y Barcelona en Comú. Este movimiento significó la salida de Ada Colau y su equipo del consistorio y la entrada de unos nuevos técnicos. Para que esto, Collboni ha tenido que escuchar a partidos políticos como el de Daniel Sirera (PP), que para tener su apoyo le hizo llegar un documento con 42 “condiciones”, entre las que se encuentran algunas como derogar el 30% de VPO obligada en nuevas promociones o una oficinas antiokupa.

Con el paso de los años está aumentando el tiempo que deben esperar los propietarios en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de las viviendas. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia se situó en 10,9 meses en 2022, frente a los 9,6 meses de un año antes o de los 4,9 meses de 2018. Si sumamos lo que tardan las apelaciones en las Audiencias Provinciales, el plazo total se amplía hasta 20,5 meses, aunque Andalucía, Baleares, Canarias o Castilla y León se acercan a dos años. Los expertos piden cambios normativos para acelerar la recuperación de los inmuebles.

El acuerdo de gobierno que han sellado el PP y Vox para coger las riendas del Gobierno de la Comunidad Valenciana tras el resultado electoral del 28M incluye un total de 50 puntos, muchos de ellos relacionados con los impuestos, la vivienda y la okupación ilegal. Entre los compromisos que recoge el documento destacan eliminar los impuestos de sucesiones y donanciones, y patrimonio; bajar el IRPF, sobre todo a clases medias y bajas; poner en marcha avalales para que los jóvenes puedan acceder a una hipoteca, crear una oficina antiokupación o frenar la puesta en marcha de la tasa turística, prevista para 2024.