pisos turísticos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha planteado introducir el IVA a los pisos turísticos y que tributen como cualquier actividad comercial para frenar el aumento de la oferta ilegal. "Tenemos que incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda a que la gente viva en ella, mientras construimos más vivienda pública y alquiler social", ha añadido. El alcalde Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado por su parte que reforzará la actividad inspectora y sancionadora para combatir los pisos turísticos, ante el riesgo de que afloren alquileres ilegales tras el anuncio de su prohibición a partir de 2029

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Gobierno está valorando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que estas viviendas ejercen una actividad económica. Rodríguez ha criticado que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial. El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reiterado por su parte mantener el equilibrio entre el derecho de los vecinos al descanso y la actividad económica de los pisos turísticos.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una iniciativa de Podemos para establecer una moratoria a viviendas turísticas para que no se conceda ninguna nueva licencia hasta el 1 de enero de 2028. El PSOE, PP, Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN han votado en contra de la iniciativa, que en cambio ha recabado el voto a favor del socio minoritario del Gobierno, Sumar, mientras que Junts, Bildu y ERC se han abstenido.

La directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, se ha mostrado partidaria de regular la modalidad del alquiler turístico y además gravarlo fiscalmente, dado que a nivel mundial ha crecido más de 25%. Durante el foro internacional 'Global Summit', que se está celebrando en Tenerife, afirmó que cada destino debe adoptar las medidas que vea más adaptables a su situación, donde destacó la drástica decisión de la ciudad de Nueva York, cuya legislación hace prácticamente imposible alquiler pisos turísticos.

El partido ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que propone una modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que sus tipos sean progresivos y se incrementen en inmuebles urbanos que superen los 250.000 euros de valor catastral, así como recargos del 50% en el tributo a las viviendas y los alojamientos en habitaciones de vivienda particular destinadas a uso turístico y alquiler de temporada en zonas tensionadas. La proposición no de ley se debatirá en la Comisión de Hacienda.

Se le acumula el trabajo al Ministerio de Vivienda. La ministra Isabel Rodríguez cuenta con varios frentes abiertos entre la reforma de la Ley del Suelo, el fin de la ‘golden visa’ o la regulación de los alquileres de temporada y pisos compartidos, además de compartir con la cartera de Turismo las medidas frente al impacto del alquiler turístico en el mercado de la vivienda, a dos semanas de que el periodo de sesiones en el Parlamento cierre por vacaciones. Mientras, avanzan los acuerdos con CCAA y ayuntamientos para levantar o rehabilitar casas, donde la fecha límite es finales de 2026.

Juan Ramón Méndez Martos, abogado especializado en gestión de pisos turísticos, señala los requisitos legales y las licencias necesarias para la explotación de este tipo de viviendas. Advierte de la complejidad que supone gestionar un alquiler vacacional por los cambios normativos, por las diferentes administraciones existentes, por las comunidades de propietarios, y por la falta de información y transparencia de los ayuntamientos con sus “crípticas” normativas. Además, se suman las elevadas multas por operar sin licencia.

Podemos llevará esta semana al Pleno del Congreso una propuesta para establecer una moratoria a viviendas turísticas para que no se conceda ninguna nueva licencia hasta el 1 de enero de 2028, pues entienden que estos pisos "restringe de forma importante la oferta de viviendas". La formación liderada por Ione Belarra ve con preocupación este fenómeno, y por eso propone un paquete de medidas que buscan revertir la situación para hacer del turismo un sector más sostenible, entre las que incluye limitar la adquisición de viviendas por parte de no residentes.

La secretaria general de Consumo, Bibiana Medialdea, ha estimado que más del 90% de los pisos turísticos registrados en algunas ciudades de España no están cumpliendo la normativa, tras conocerse que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 203 investiga a las plataformas de alquiler turístico para perseguir la publicidad de viviendas sin licencia y estudia la posibilidad de abrir expedientes sancionadores y poner multas de hasta 100.000 euros. El objetivo de la investigación es proteger a los consumidores y usuarios de estas prácticas.

En una respuesta parlamentaria de diputados de Vox, el Gobierno sostiene que un aumento excesivo de viviendas turísticas "puede tener efectos no deseados sobre el precio de compraventa y rentas de alquiler a través de la reducción de oferta en estos mercados", aunque también ha destacado que la presencia de este tipo de viviendas "diversifica la oferta turística, atrae a distintos tipos de viajeros y promueve la interacción cultural, al proporcionar alternativas de alojamiento más personalizadas". El margen de actuación depende de las CCAA y los ayuntamientos, que ya están actuando en esta materia.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, espera tener en un año la nueva regulación de los pisos turísticos en la capital y que Madrid se convierta en la mejor ciudad para vivir. "Creo que lo que hay que encontrar es el equilibrio entre saber que Madrid tiene que ser una ciudad donde se garantice el descanso y bienestar de los vecinos en cualquier lugar donde se reside ", ha reivindicado el regidor en una entrevista en 'Telecinco'. Almeida ha señalado que el Consistorio quiere acabar con la tasa tan alta que hay de pisos turísticos ilegales trabajando "de forma seria".

El Gobierno intentará "adelantar todos los plazos" para disponer de la plataforma estatal de datos de alquiler turístico vacacional "lo más rápido posible" y prevé que esté lista antes de finales del 2025. La herramienta tecnológica de respuesta al reglamento europeo que obliga a las plataformas a intercambiar información y datos con las autoridades competentes.

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado por unanimidad suspender la tramitación y el otorgamiento de nuevas licencias para apartamentos turísticos en la ciudad durante un año, prorrogable a otro. La la propuesta impulsada por el gobierno municipal de María José Catalá ha recibido el visto bueno de todos los partidos que conforman la corporación, PP y Vox en el gobierno, junto a Compromís y PSPV-PSOE en la oposición. La suspensión afectará a los alojamientos temporales situados en comunidades de propietarios o en bajos comerciales de la ciudad que lo soliciten, pero no a edificios completos de apartamentos turísticos ni a pisos turísticos en primeras plantas que tengan acceso independiente.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha planteado a las comunidades autónomas la creación de una plataforma estatal y única de datos que ofrezca datos públicos y homologables con la UE sobre pisos turísticos, alquileres de temporada o alquiler de habitaciones, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, y que pretende estar lista en 2025. La ministra ha asegurado que defiende el turismo sostenible, pero priorizando el acceso a la vivienda de uso habitual, y que va a luchar contra los pisos turísticos ilegales "que están tensionado el mercado del alquiler".

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que aplicará al conjunto de la ciudad la suspensión cautelar de licencias para apartamentos de uso turístico situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales durante el próximo año, prorrogable a otro, "para evitar la proliferación de este fenómeno que afecta a las grandes ciudades". La zona de El Cabanyal tiene su propia regulación, mientras que en Ciutat Vella ese tipo de licencias está suspendido. Asimismo, ha avanzado en su idea de limitar en 2026 la llegada de megacruceros a la capital valenciana.

Meliá Hotels International y Minor Hotels Europe & Americas han coincidido en exigir límites a la proliferación de pisos turísticos en España y apostar por la calidad del turismo frente a la masificación del sector: "Este problema nos pasa factura". Así lo han destacado los consejeros delegados

La ley del IRPF señala que tiene la condición de vivienda habitual aquélla que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de al menos tres años. Por este motivo, si se deja de residir en dicha vivienda, ésta perderá su carácter de habitual. En esta tesitura, se está planteando qué ocurre si un contribuyente alquila su vivienda habitual, pero no de forma permanente, sino tan sólo en períodos vacacionales, como pueden ser la Semana Santa, los meses de verano, algún fin de semana, o las Navidades. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, analiza en qué casos se pierden los beneficios fiscales.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá el próximo viernes, 24 de mayo, con los responsables de vivienda de las comunidades y ciudades autónomas en la primera Conferencia Sectorial dedicada exclusivamente a analizar el problema de los pisos de uso turístico en España. El encuentro será en la sede del Ministerio y también contará con el ministro de Industria. El Gobierno se ha mostrado a favor de limitar este tipo de alquileres en zonas tensionadas. Mientras, el INE cifra en 351.000 el número de viviendas turísticas que hay en todo el país, con un aumento del 9,2% interanual. 

El número de viviendas turísticas en España ha subido con fuerza en el último año. Según el INE, en febrero había en toda España 351.389 apartamentos turísticos, lo que supone un aumento del 9,2% interanual. Andalucía es la región con más unidades (82.454), seguida de la Comunidad Valenciana (59.413) y Cataluña (52.598 pisos). Actualmente, los pisos turísticos suponen un 1,33% del parque residencial total, aunque su peso rebasa el% en provincias como Girona, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. En cambio, en Madrid y Barcelona suponen menos de un 0,7%.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha mostrado partidaria de que el Estado intervenga cuando los alojamientos turísticos limiten el uso residencial de la vivienda, y lleguen a ser capaces de inflar los precios del mercado en determinados lugares o que imposibiliten el acceso a la ciudadanía. La ministra ha adelantado que ha convocado a las CCAA y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para lograr un "gran pacto de país" al ser estas administraciones las que tienen las competencias en materia de turismo y de ordenación de actividades económicas.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha señalado que es necesario reflexionar y "a veces limitar" la oferta para mejorar "lo que uno ofrece al mundo" y conseguir un turismo de mayor calidad. Hereu, que ha participado en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, ha señalado que es necesario "gobernar la oferta", poniendo a modo de ejemplo el caso de las viviendas de uso turístico, un tipo de alojamiento que puede "colisionar" con el derecho a la vivienda.

Alquilar un inmueble con fines turísticos de forma legal implica cumplir con determinados requisitos que pueden variar en función de distintos factores: si se trata de una actividad empresarial o profesional; en qué localización se encuentra el alojamiento; si está integrado o no en un régimen de propiedad horizontal... Lo primero que debes saber es quién regula los pisos turísticos: la normativa que regula los apartamentos y viviendas de uso turístico en España es competencia de las comunidades autónomas y también de los propios ayuntamientos, lo que significa que cada región tiene su propia legislación y requisitos. Además, resulta fundamental tener claras las diferencias entre vivienda vacacional y apartamento turístico.

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido suspender el otorgamiento de licencias para viviendas de uso turístico en la ciudad mientras trabaja en la aprobación de la Modificación del Plan General, que tiene prevista para el primer trimestre de 2025. Así lo ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha dado a conocer que se trata de una decisión con "efectos inmediatos" y que empieza a surtir efecto "a partir de este momento". Además, ha informado de que se va a incrementar en un 15% la plantilla de inspectores que hay en el área de Urbanismo.

La oferta de pisos turísticos en París para los meses de julio y agosto se ha disparado con motivo de la celebración de los JJOO. Miles de parisinos huirán de sus casas durante esos 18 días (26 julio-11 agosto) en los que se esperan 15 millones de visitantes. Según los datos de AirDNA, un tercio de los alquileres de Airbnb disponibles para el área de París ya se han reservado para el mayor evento deportivo mundial, pero cada mes van apareciendo entre 3.000 y 3.500 nuevos anuncios. Esta sobreoferta está ‘tirando’ los precios: la reserva media para esas fechas es de 323 euros/noche, mientras la media anual de la capital francesa es de 594 euros.

El Gobierno de Canarias ha presentado el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, por el que se dotará a los ayuntamientos de herramientas para planificar y ordenar el uso turístico de viviendas. La nueva norma establece que el 90% de la edificabilidad residencial deberá destinarse a domicilio permanente y fija las razones por las que se puede habilitar el uso de hospedaje. Las actuales viviendas destinadas al uso vacacional y/o turístico deberán cumplir requisitos mínimos de sostenibilidad, calidad y competitividad en un plazo de cinco años.