Sumar

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Sumar defendía que la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja de 2008. La propuesta ha sido respaldada por ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís en el Grupo Mixto. PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra, mientras que el PNV se ha abstenido, como el socio de Gobierno.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado al PSOE a prorrogar la congelación de los contratos de alquiler y a negociar la propuesta en materia de vivienda presentada por Sumar hace unas semanas. La lider de Sumar recalca el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda centrado en tres ejes: la protección inmediata del inquilino, la especulación y la acaparación de viviendas en España, así como la restricción de los pisos turísticos.

Sumar defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición de ley que reforma la Ley de Vivienda de 2023 para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. El portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, anunció el registro de esta propuesta legislativa en abril de este año con el objetivo de "poner freno" a la especulación en el mercado de la vivienda.

En la sesión de control del Gobierno en el Senado, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en la intervención del mercado de vivienda como solución a la crisis residencial que se mantiene en España, entre las críticas recibidas por el PP, pero también de Sumar, socio de Gobierno, que incluso le ha pedido que se haga a un lado si no quiere atajar la crisis de precios en el sector. Además, la Comisión de Vivienda del Congreso ha aprobado una iniciativa del PP, y con el rechazo del PSOE y Sumar, para que Isabel Rodríguez comparezca trimestralmente ante este órgano para informar de las políticas aplicadas.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha sugerido este martes a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que si sigue sin asumir que se necesitan medidas "serias, innovadoras y valientes" para atajar la crisis de precios debería "dejar paso" a alguien que sí esté dispuest

Sumar ha presentado este 13 de octubre un Real Decreto Ley de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda centrado en tres ejes: la protección inmediata del inquilino, la especulación y la acaparación de viviendas en España, así como la restricción de los pisos turísticos.Con estas me

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto destinado a gravar con un 25% el precio total en las operaciones de venta de viviendas en las que hayan transcurrido menos de dos años desde su compra. La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, busca frenar la práctica del 'flipping', basada en comprar casas para revenderlas más caras de forma rápida y muchas veces sin valor añadido o con una inversión mínima de mejora de la eficiencia energética o pintura de la vivienda.

El socio minoritario en el Gobierno reclama elevar la inversión del próximo Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030 hasta los 65.000 millones de euros, lo que equivaldría al 1% del PIB nacional en medidas para vivienda pública y asequible. Esta petición multiplica el plan presentado por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes autonómicos, que planteba compartir 7.000 millones de inversión. Para su plan, Sumar pretende usar 58.000 millones de euros por la vía de créditos blandos europeos de la estrategia Next Generation.

Sumar y Esquerra Republicana (ERC) han registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantean impulsar el modelo de vivienda de las cooperativas en cesión de uso, para lo cual piden ayudas fiscales y económicas como rebajar el IBI o desarrollar líneas de financiación pública. La propuesta plantea modificar la Ley de Cooperativas para desarrollar la regulación del modelo y blindar su interés general de forma permanente e insta al Gobierno a realizar los traspasos de fondos necesarios a las AAPP competentes para impulsar la vivienda cooperativa en cesión de uso.

Sumar ha registrado una propuesta en el Congreso para que todos los suelos en manos de la Sareb y su promotora Árqua pasen a formar parte del patrimonio del Estado o de las comunidades autónomas que deseen asumirlo, con la condición indispensable de que se cualifiquen como viviendas de protección oficial de forma indefinida y se construyan inmuebles protegidos de alquiler. Entre este suelo disponible se encuentran los 50 terrenos para construir 3.770 viviendas en el proyecto bautizado como 'Plan Viena', y cuya licitación quedó desierta a comienzos de año.

Sumar se ha desmarcado del PSOE en la Mesa del Congreso y ha desbloqueado, junto con el PP, la tramitación parlamentaria de la ley que regula los alquileres de temporada y que había sido impulsada por los socios de izquierda del Gobierno de coalición. La norma consiste en reformar la LAU para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y así desincentivar su uso, obliga al arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y fija un tope de nueve meses a los contratos. Los grupos parlamentarios deberán presentar sus enmiendas este 21 de mayo.

Gonzalo Bernardos es economista y profesor de economía de la Universidad de Barcelona, pero es más conocido por ser tertuliano habitual en diversos medios de comunicación.

Sumar ha criticado al PSOE y al PP por unir sus votos en la mesa del Congreso para prorrogar el plazo de enmiendas de la proposición de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones y ha exigido, sobre todo a los socialistas, que desbloqueen de una vez la tramitación parlamentaria de la iniciativa, que dura ya seis meses desde su admisión a trámite. Esta reforma que se plantea de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) busca equiparar los contratos de temporada a los de vivienda permanente para desincentivar su uso, sobre todo, en zonas declaradas como mercado residencial tensionado, que controla y limita los precios.

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este 13 de mayo una proposición no de ley presentada por Sumar para crear un nuevo impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el uso de medios de transporte de lujo; en concreto, los vuelos en jets privados y viajes en yates. El grupo plurinacional ya intentó introducir la tasa vía enmienda en la ley del impuesto del 15% a las empresas multinacionales, pero no lo consiguió. El objetivo de la iniciativa es disminuir el impacto ambiental que provoca su uso "abusivo". Según el partido, este tipo de transporte es el "más desigual, más injusto y contaminante".

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso proponiendo que las viviendas amenazadas con desahucio pasen a formar parte del parque público de viviendas para ofrecerlas en régimen de alquiler, así como "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión. Son dos propuestas que el grupo plurinacional ha incorporado a su proposición no de ley relativa al parque público de vivienda y que se debatirá en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana de la Cámara Baja. Otra de las cuestiones que plantea es derogar las socimis y prohibir la compra de viviendas a empresas y fondos.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP en la que urge al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a ejecutar mejor y agilizar su presupuesto, para resolver la "gravedad del problema en el que se ha convertido el acceso a la vivienda en España". La proposición no de ley ha prosperado en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja por el apoyo de Vox y Junts. De su lado, PSOE, Sumar, Podemos, Bildu y Esquerra Republicana han votado en contra.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición no de ley en la Cámara Baja para pedir al Gobierno liberar los remanentes de los ayuntamientos y que los puedan destinar a la compra de vivienda para aumentar de manera destacada el parque público. Las corporaciones locales están obligadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 a mantener equilibrio o superávit financiero, y no pueden gastarlo. Según datos del Banco de España, esos remanentes ya alcanzan cerca de 39.000 millones de euros, dinero que el diputado de Compromis exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez movilizar para alquiler social y asequible.

El portavoz de Sumar en la Comisión de Vivienda, Alberto Ibáñez, ha propuesto al Ministerio de Isabel Rodríguez la compra masiva de inmuebles confiscados por el turismo para que las comunidades autónomas puedan ampliar su parque de vivienda pública. Esta sugerencia fue comunicada a través de un mensaje en la red social X, donde Ibáñez criticó también algunas de las recientes medidas de vivienda anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, como la exención de IRPF para propietarios que alquilen sus casas a precios establecidos. El diputado considera que estas acciones benefician a quienes poseen viviendas vacías mientras hay personas que enfrentan dificultades para encontrar un hogar.

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, considera que hay que "hinchar a impuestos" a aquellos propietarios que alquilen una casa sin tener en cuenta el índice de precios establecido en la Ley de Vivienda y que ofrece un rango de valores para fijar la renta en los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda, con el objetivo de limitar los precios especialmente en zonas tensionadas. Según defiende Ibáñez, deben tomarse medidas para "prohibir la compra especulativa de casas" o subir impuestos para que "no sea rentable" hacerlo. También apuesta por una mayor presión fiscal para los pisos turísticos.

Sumar, ERC, Bildu y BNG se han adherido a la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para prorrogar la moratoria antidesahucios, que se puso en marcha en 2020 por la crisis del coronavirus y que expira el próximo 31 de diciembre. La organización afirma que ha detenido 58.000 lanzamientos en los últimos cuatro años, el 25% del total de los lanzamientos realizados entre 2020 a 2024. También pide más medidas que amplíen su efectividad, puesto que no ha funcionado en el 75% de los casos.

El grupo plurinacional registra iniciativas legislativas para diseñar una hipoteca regulada y alertar sobre las "criptoapuestas".

Nuevo choque de pareceres entre los socios de Gobierno. El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha criticado la "disonancia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar una nueva empresa pública de vivienda mientras se está privatizando la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que gestiona cerca de 16.000 viviendas. Sumar ya ha retado al PSOE a plasmar en los Presupuestos Generales del Estado la nueva empresa pública de vivienda.

Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar, ha retado al PSOE a demostrar su compromiso con la creación de una empresa pública de vivienda, instando a que esta medida se incluya en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2025. Durante una rueda de prensa en Madrid, Hernández criticó la escasa propuesta del PSOE tras su congreso y subrayó la necesidad de una visión más amplia sobre las preocupaciones de la ciudadanía, especialmente en un contexto de crisis habitacional.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una empresa pública de vivienda, aunque ha advertido de que esto no servirá para hacer bajar los precios de los alquileres."Es importante que

El socio de Gobierno del PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que reclama paralizar la venta de la promotora de Sareb, Árqura Homes, que su parque de viviendas (16.000 unidades) pasen a titularidad pública y que sus suelos disponibles se destinen a levantar 15.000 pisos públicos. El partido también pide cambiar la razón social de la entidad para que se convierta en una inmobiliaria pública. Según Sumar, y la venta pone en riesgo la oportunidad histórica de gestionar un parque de vivienda eficaz y sus consecuencias serían "irreversibles".