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Los fondos avisan: "Si los contratos de alquiler suben a siete años, nos veremos obligados a actuar"

Autor: Redacción

El Gobierno aprobará mediante Real Decreto una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que contempla, entre otras normas, ampliar el contrato de alquiler a siete años para la parte arrendadora en el caso de que esta sea persona jurídica.

Según fuentes del sector inmobiliario, está previsto que el decreto sea aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes, o, a lo sumo antes de final de año. El proyecto busca recuperar la duración de los contratos de alquiler a cinco años, frente a los tres actuales (establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, de junio de 2013), que será aplicable para las personas físicas, y hasta siete años en el caso en el que el casero sea una empresa.

"El Gobierno está obligado a defender el interés general", subrayan desde el Ministerio de Fomento.

Los grandes fondos de inversión, que en los últimos años han adquirido carteras hipotecarias de decenas de miles de viviendas en alquiler, se ven perjudicados ante estas propuestas, algo que también atañe a inmobiliarias como Testa (propiedad de Blackstone) o Neinor. "Es discriminatorio que por ser persona jurídica se amplíe a más años que en el caso de las personas físicas", comentan fuentes cercanas a fondos estadounidenses. "Para los morosos, para los inquilinos que no pagan, es una buena noticia, tendrán más tiempo para seguir cometiendo esa irregularidad", sentencian.

"Además", advierten, "si lo que pretenden es rebajar el precio del alquiler, la medida puede ser contraproducente, si vamos a tener que alquilar por siete años es posible que el precio inicial se eleve".

Ante la posibilidad de que la duración de los contratos de alquiler se amplíe hasta los siete años, los fondos reforzarán los controles que realizan sobre los arrendatarios. “Exigir mayores certificaciones de capacidad de crédito, o el pago adelantado de más meses pueden ser algunas de esas medidas", apuntan.

El presidente de Blackstone en España, Claudio Boada, ya advirtió que los fondos de inversión ven esta normativa del Gobierno con preocupación. La semana pasada, en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Boada recordó, ante la Ministra de Economía, Nadia Calviño, que Blackstone había invertido en los cinco últimos años 25.000 millones en el sector inmobiliario español cuando nadie apostaba por él.

"La Secretaria General de Vivienda ha mantenido contactos con fondos y grandes tenedores sin que este asunto en particular haya destacado particularmente entre los temas abordados", aseguran fuentes del Ministerio de Fomento.

"Fondos y grandes tenedores defienden sus intereses legítimamente", indican, y añaden que el Ministerio liderado por José Luis Ábalos "tiene en cuenta y valora sus opiniones y objeciones", pero, subrayan, "además está obligado a defender el interés general".

Barcelona, el peor ejemplo

“Los fondos podrán reforzar esas condiciones de contrato de alquiler", exponen los fondos, y "en Madrid y en Barcelona tendrán suficientes solicitudes de arrendatarios como para poder distinguir entre los que puedan pagar y los que no", comentan.

Con mayor preocupación que el Real Decreto que prepara el Gobierno en esta materia, los fondos se refieren a la situación en Barcelona. "Tener que destinar el 30% de tu cartera a vivienda social es muy lesivo para los intereses de los fondos e inmobiliarias", apuntan.

El Ayuntamiento de Barcelona negocia con la Generalitat y entidades para la vivienda social la constitución de una Subcomisión de Urbanismo para aprobar una medida que obligará a los constructores a reservar un 30% de nueva construcción a vivienda protegida.