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Qué pasará con las empresas que no puedan hacer frente a los créditos ICO

Autor: Redacción

Varios expertos analizan las posibles consecuencias de que las pymes y empresarios que se han acogido a los créditos ICO con aval público no puedan devolver esas ayudas por la imposibilidad de recuperar su actividad. En caso de llegar a la insolvencia y que se inicie el procedimiento concursal se podrían encontrar tres escenarios: que los créditos computen como pasivo financiero en los acuerdos preconcursales; que pasen a ser créditos ordinarios en su totalidad, o que, en el caso de personas físicas, se pida su exoneración.

Los créditos aprobados por el Gobierno con aval público del Instituto de Crédito Oficial (ICO) son una de las ayudas más relevantes al sector empresarial con motivo de la pandemia del coronavirus. Ahora que se cumple un año de su inicio, el Gobierno ya ha tenido que prolongar sus medidas mientras la situación económica sigue afectada por una crisis sanitaria que no remite. Si en noviembre pasado se ampliaron los periodos de carencia y vencimiento en el pasado Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del covid-19, se inyectaron 11.000 millones de euros, de los que 7.000 millones serán ayudas directas. Además, se amplió la moratoria concursal hasta final de año, debido al alargamiento de la pandemia.

Con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso. Este paquete se une a los créditos del ICO, 120.000 millones en préstamos avalados en un 80% por el Estado, y al fondo de ayuda de la SEPI de 10.000 millones.

Pero que pasará si pese a todo estos esfuerzos, las deudas con el Estado siguen impagadas a su vencimiento. Según varios expertos abogados en asesoramiento financiero se pueden encontrar tres escenarios para agilizar el procedimiento de concurso de acreedores.

Por un lado, que los créditos computen como pasivo financiero en los acuerdos preconcursales. Por otro, que en el concurso pasen a ser créditos ordinarios en su totalidad, perdiendo la mitad del privilegio típico de los créditos públicos, o que, en el caso de personas físicas, cabe su exoneración.

“La norma actual recoge tres tipos de medidas para renegociar los ICO: la extensión del vencimiento de los avales, su conversión en préstamos participativos manteniendo el aval público, y transferencias directas que reduzcan la deuda. Para hacerlas efectivas, deudores y entidades financieras deben alcanzar unos acuerdos de renegociación, cuyos detalles de ejecución están pendientes de desarrollo normativo”, afirma Nuria Meler, de Wolters Kluwer, en un artículo en El País.

Los expertos temen que muchas empresas que han recibido las ayudas ICO no van a poder afrontar su devolución cuando llegue el vencimiento. Ricardo San Marcos, socio de Vaciero, se cuestiona “qué ocurrirá con la normativa del Banco de España sobre morosidad y dotación que tienen que hacer las entidades financieras. Para ir a un acuerdo de renegociación, se precisa haber solicitado la ampliación de plazo aprobada en noviembre, por la que los ICO iniciales ya fueron novados”.

En la ejecución de los avales van a tener preferencia las deudas contraídas con el Estado, con en esta ocasión. “Aproximadamente el 95% de las empresas en concurso tiene deudas con los acreedores públicos. El problema reside en que los privilegios del crédito público hacen muy difícil sacar adelante convenios de acreedores o acuerdos de refinanciación con los organismos públicos”, explica Javier Marquina, socio Prada Gayoso.

Los expertos destacan que la eliminación de los privilegios de la Administración en su ejecución depende de la voluntad de la misma. “Será interesante comprobar si hay cambio en el beligerante papel de las Administraciones con respecto a derivaciones de responsabilidad a los administradores de empresas insolventes”, añade Marquina.

“Una pérdida puntual de privilegios del crédito público por ejecución de los avales puede ser entendida como una declaración de intenciones del legislador, que habrá que ver si tiene continuidad”, destaca Félix Salgado, socio de Prada Gayoso.

Manuela Serrano, abogada y socia de Ceca Magán, concluye que hay una peligrosa la laguna del legislador al respecto sobre “si la refinanciación de los ICO no fructifica o se incumple una vez novada, cabría plantearse si la solicitud o su refinanciación constituyen un agravamiento de la insolvencia. La moratoria exime del deber de presentar concursos si la insolvencia es debida a causa de la covid-19, pero en este supuesto estaríamos ante su agravamiento”.