Hasta 24 países de la UE piden ampliar el plazo de pago de 30 días de la nueva ley de morosidad

Una mayoría de Estados miembro ha reclamado ampliar el plazo máximo de 30 días para que entidades públicas y privadas paguen las facturas emitidas por pequeñas y medianas empresas (pymes) que propone la Comisión Europea en su nueva ley de morosidad.

Así lo han expresado un total de 24 países, entre ellos España, durante la sesión pública en la que se ha debatido este reglamento, en el marco del Consejo de Competencia que se ha celebrado en Bruselas, aunque el acuerdo sobre este expediente no se espera hasta mayo o junio.

Todos ellos (a excepción de Grecia, Países Bajos y Polonia), conscientes de la necesidad de reforzar la cultura de pago, han coincidido en su petición de flexibilizar la norma para que ese límite de 30 días pueda ampliarse a 60, atendiendo a las circunstancias específicas de sectores como el agrícola.

"Se podría pasar de 30 a 60 días en algunos sectores industriales, en sectores comerciales donde hay productos de baja rotación y en algunos productos agrícolas", ha explicado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha advertido también de que esta restricción puede acarrear "efectos indeseados" si no se tienen en cuenta las circunstancias específicas de sectores y países.

Por contra, sólo los ministros de Grecia, Países Bajos y Polonia han defendido que el plazo máximo único de pago de 30 días se convierta en "la norma" para todas las operaciones comerciales, tal y como propone la revisión del reglamento.

En lo que sí han manifestado unanimidad los Veintisiete ha sido en su rechazo a la creación de autoridades de ejecución para supervisar y garantizar la aplicación de las normas, frente a lo que proponen que sean los propios tribunales de cada Estado miembro los que se encarguen de estas tareas.

Al mismo tiempo, algunas delegaciones han criticado el marco legal, pues prefieren una directiva a una regulación para evitar una nueva capa legislativa y dejar más margen de maniobra a los Estados miembro.

El ministro responsable de pequeñas y medianas empresas de Bélgica, país al que corresponde la presidencia rotatoria del Consejo, David Clarinval, ha constatado que las delegaciones están "ampliamente a favor de la flexibilidad y del respeto de la libertad contractual de las empresas" y que estas observaciones orientarán los futuros debates y la próxima reunión de los ministros prevista para el 24 de mayo.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) asegura que la entidad está “muy orgullosa” por estar contribuyendo significativamente con sus propuestas y reivindicaciones a un Reglamento del que esperan que sirva para atajar el problema de la morosidad. A su parecer, las sanciones que prevé el nuevo Reglamento son “imprescindibles” para reducir los plazos de pago, porque el único camino para acabar definitivamente con la morosidad es la creación de un régimen sancionador” tal y como ha venido reivindicando la PMcM desde su creación.

No obstante, lamenta que la puesta en marcha del nuevo reglamento se esté retrasando. En este sentido, Cañete afirma que "de nuevo nos encontramos ante un abuso de poder de las grandes corporaciones y organizaciones contra las pymes y autónomos europeos, con el beneplácito y la pasividad de nuestros políticos, que han decidido ponerse del lado y no apoyar a los más débiles”.

La plataforma alerta de que no cesará en su lucha hasta ver suprimidas estas “dos medidas engañosas, que afectarán negativamente a millones de autónomos y pymes en toda Europa, que son los que más sufren la lacra de la morosidad. No podemos permitir que las grandes corporaciones tengan el poder de cambiar una norma básica y fundamental de competencia y viabilidad para Europa”.

En España la ley ya establece 30 días

En España, las Administraciones Públicas tienen 30 días de plazo para pagar a los proveedores, mientras que en el caso de las empresas el máximo es de 60 días. Según los datos de Hacienda, las comunidades autónomas registraron un Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de 33,44 días en noviembre de 2023, último dato publicado hasta ahora. 

Por su parte, el plazo de pago de la Administración Central fue de 23,62 días, mientras que las Entidades Locales en el modelo de cesión tienen un promedio de 37,72 días, lo que supone una mejora significativa respecto al mismo mes del año anterior al disminuir en 8,43 días. Mientras, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 11,23 días en noviembre del pasado ejercicio.

Por CCAA, los peores datos los registraron Murcia (61,5 días), Baleares (46,71 días), Madrid (46,14 días) y Aragón (41,87 días). También superan la media Asturias y Castilla-La Mancha. Solo ocho regiones tienen un periodo medio de pago inferior a los 30 días: Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y el País Vasco.