Constructoras e inmobiliarias, entre los más morosos: duplican el límite legal en el pago a sus proveedores

El inmobiliario se ha colado entre las actividades económicas más morosas de España, superando incluso a la construcción.

Según un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), basado en los datos de la Central de Balances del Banco de España relativos a 2021, en algunos sectores el plazo medio de pago a proveedores se ha duplicado y supera en varias veces el límite que contempla la normativa. Y pone como ejemplo las actividades inmobiliarias. 

De todo los sectores, el que más demora presenta es el de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (con 149 días de plazo medio), seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas (146), actividades inmobiliarias (140 días) e industrias extractivas (140 días). La construcción también se encuentra entre los sectores que más se demoran en los pagos, con un periodo medio de 120 días.

Por tamaño de empresas, el retraso en los pagos es mayor en las grandes (71 días) que en las pymes (64 días). En cualquier caso, superan el límite legal de 60 días en el sector privado. 

Con estas cifras sobre la mesa, la entidad presidida por Antoni Cañete explica que "la morosidad es muy preocupante, más si cabe en un contexto de incremento de la inflación, encarecimiento de la financiación que sufren especialmente las pequeñas empresas y las familias, y subida del 2,5% del tipo de interés de demora en las operaciones comerciales durante este primer semestre de 2023, fijándose en el 10,5%”.        

Por eso, "urge a implantar un régimen sancionador ante la evidente posición de dominio de algunas grandes empresas. A pesar de los avances en morosidad, los plazos de pago a proveedores en 2021 se situaron a niveles de un lustro atrás (2016), en una media de 69 días".

La plataforma denuncia que los esfuerzos en materia de morosidad de los últimos años no son suficientes, y recuerda que, a pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 fue un cambio histórico, al limitar las trampas y los abusos a los subcontratistas, “su impacto no se ha traducido finalmente en una clara reducción de la morosidad como constatan estos datos del Banco de España”. De ahí que vea necesario poner en marcha un régimen sancionador que establezca multas a las empresas que incumplan los plazos que establece la normativa. 

Además, según Cañete, “es vital en nuestro país que empiece a funcionar lo antes posible el Observatorio de la Morosidad, que analizará exhaustivamente la realidad de esta lacra".