La libertad económica se sigue deteriorando en España: cae en el ranking mundial

La libertad económica se sigue deteriorando en España, que vuelve a caer en el ranking mundial.

Según el Índice de Libertad Económica 2024 (ILE 2024), elaborado por la Fundación Heritage y editado para por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), nuestro país se mantiene por debajo de la media de países de la OCDE en lo referente a la libertad económica y empresarial. 

El estudio apunta a que España se sitúa entre los países con libertad económica moderada, en la posición 55 de 184 del ranking global, alejada de las primeras posiciones y en una situación relativamente baja si se compara con las economías desarrolladas.

Para el análisis comparativo de la posición de España en el ILE, el informe muestra las principales economías desarrolladas (países de la OCDE) y se le añaden aquellos países que comparten con España un marco normativo común por pertenecer a la Unión Europea y que no son miembros de la OCDE (Bulgaria, Chipre, Croacia, Rumanía y Malta).

Teniendo en cuenta todos estos países, España ocupa el puesto 36, tras caer una posición respecto a la clasificación de 2023. En concreto, el informe confiere a España 63,3 puntos, una puntuación un 9,7% inferior a la del promedio de los países desarrollados, y un 23,7% inferior a Suiza, el país de la OCDE con las mejores prácticas en el ámbito de libertad económica. El 'top 3' lo completan Irlanda y Luxemburgo.

Suiza e Irlanda han logrado repetir posición respecto al año pasado, mientras que el ascenso de Luxemburgo hasta el tercer puesto ha desplazado a Nueva Zelanda y Estonia, cerrando así los cinco países que mejor aseguran la libertad económica dentro de sus fronteras.

Según el 'think tank' de la CEOE, la posición de España en la clasificación internacional se ve lastrada por varios factores, como el elevado tamaño del Estado, la elevada carga impositiva o la ineficiencia del gasto público, a los que se suman la salud fiscal (que hace referencia al ámbito presupuestario), la efectividad judicial o el buen gobierno, que son uno de los principales puntos débiles de la economía española.

En concreto, el estudio afirma que la tendencia a la baja "es resultado de una falta de acción por parte de los poderes públicos para aumentar nuestra competitividad global en este ámbito". Y también critica que "la acumulación de déficits consecutivos y su reflejo en el creciente endeudamiento público
son consecuencias de una política presupuestaria incompatible con un plan de consolidación fiscal a largo plazo, lo que, además, interfiere con el principio de libertad económica al condicionar negativamente la estabilidad macroeconómica y limitar la capacidad de crecimiento potencial de la economía".

Además, añade el texto, "los altos niveles de deuda pública pueden conducir a un desplazamiento de la inversión privada y limitar la flexibilidad del gobierno para responder a posibles shocks económicos. De esta forma, el aumento de la deuda pública impulsado por déficits presupuestarios persistentes a menudo conduce al estancamiento de la economía".

Por último, el IEE hace una mención especial a la competitividad fiscal, sobre la que afirma que "la presión impositiva que soportan las empresas españolas se está constituyendo en un factor de potenciación de los problemas antes mencionados. Más allá de esta primera constatación, la actividad empresarial en la economía española está condicionada, en su rendimiento, por el marco fiscal existente en nuestro país". 

La libertad empresarial en España

Otra de las comparativas que analiza el estudio es el grado de libertad de empresa, que también es moderada en el caso de España, que ni siquiera está entre los 20 países desarrollados más destacados. En referencia al Índice de Libertad de Empresa se puede observar que España se sitúa en la mitad inferior del grupo de los países desarrollados, lo que representa un nivel moderado de libertad de empresa en el país en cuanto a fomento de la iniciativa privada y apoyo a las empresas se refiere.

En 2024, la economía española se ha situado en el puesto 24 de los 43 países considerados, con 97,7 puntos, lejos aún de los 81,3 puntos que se obtuvieron en el valor de este índice en 2012. Con respecto a la promoción de la libertad de empresa, el IEE considera que el papel de las instituciones debería ser el de generar un entorno adecuado que fomente la actividad empresarial y que apoye a las empresas.

"Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos por España en el ámbito de la eficiencia regulatoria, se puede concluir que el marco normativo español se encuentra rezagado con respecto al de los principales países desarrollados en cuanto al fomento de la inversión empresarial y al apoyo a la actividad de las empresas", lamenta el organismo capitaneado por Íñigo Fernández de Mesa.

Uno de los países con más intervención pública

El informe del IEE también analiza la intervención del sector público en la economía a partir de una mayor presencia del componente público en la actividad empresarial. Se destaca la vinculación de este tipo de intervención del sector público con los derechos de propiedad, el buen gobierno, el gasto público, la libertad de empresa y la facilidad inversora entre otros componentes que integran el principio de libertad económica.

Según el 'think tank' de la patronal, este tipo de intervención obstaculiza la actividad empresarial y ocasiona peores resultados, en términos de asignación eficiente de los mercados en el sistema económico en su conjunto, al presentar la actividad empresarial de titularidad pública peores registros en términos de eficiencia que el sector empresarial privado.

A partir de la información suministrada por la Central de Balances del Banco de España, el IEE ha calculado distintos indicadores/ratios en relación con las cuentas de resultados y el balance de estas compañías para 2022, observándose en todos ellos mejores resultados en las empresas privadas que en las públicas.

En particular, la brecha relativa de eficiencia entre la empresa privada y la empresa pública en relación con la utilización de capital (la ratio entre producción y amortizaciones netas, deterioro y provisiones de explotación) se situó en un 62% en dicho ejercicio, y este margen se ha incrementado en ocho puntos porcentuales con respecto a la experimentada en 2018. Mientras, la brecha de eficiencia entre la empresa privada y la pública en relación con la productividad laboral, como ratio entre el valor de la producción y gastos de personal, es de un 32%, tras ampliarse cerca de 11 puntos porcentuales en los últimos cuatro años.