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A vueltas con las tasas judiciales: reclamar una cantidad impagada costará a una pyme como mínimo 300 euros

Rafael Catalá, ministro de justicia
Gtres
Autor: Redacción

Artículo escrito por Carmen Giménez, abogado titular de g&g abogados

A pesar de la supresión por exención, que no derogación, de Tasas Judiciales para personas físicas, aprobada por Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, publicado el sábado día 28 de Febrero y con entrada en vigor el Domingo 1 de Marzo, todavía quedan muchas limitaciones pendientes de resolver para el acceso a la Justicia por parte de personas, en este caso jurídicas, que precisan y necesitan del auxilio judicial.

Así, y en contra de lo entendido por la opinión pública en general, no ha habido en absoluto una derogación de la Ley 10/2012 de 20 de Noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, sino simplemente un añadido a los supuestos de exención en todos los órdenes e instancias jurisdiccionales, a favor de las personas físicas.

En primer lugar, y antes de entrar de lleno en las Tasas Judiciales que seguirán pagando las personas jurídicas, he de puntualizar que la exención regulada para personas físicas es insuficiente, o al menos no lo es al 100%. Las personas físicas tendrán que pagar tasas judiciales cuando, demandadas por personas jurídicas (quienes si tienen obligación de abonarlas), pierdan el procedimiento con costas judiciales. Es decir, en esa ocasión, habrán de abonar los honorarios de los profesionales contratados por ellas para su defensa, más el iva al 21%; más los honorarios de los profesionales de la parte demandante, también con el iva al 21%; más las tasas judiciales pagadas por dicha parte demandante, y, en su caso, la deuda que se les reclame.

Y entrando ya en el punto central de este artículo, decir, que las personas jurídicas, sociedades limitadas, anónimas, sociedades de capital en general, como ya hemos visto, seguirán pagando tasas judiciales, si quieren la tutela judicial efectiva reconocida en nuestra Constitución Española.

Y todas, absolutamente todas las sociedades, tanto las grandes como las pequeñas y medianas empresas (PYMES en este último caso) pagarán exactamente idéntico importe de tasas judiciales por un asunto de la misma cuantía, obviándose e ignorándose de esta manera el principio de capacidad económica recogido en nuestra Constitución Española.

Ilustraré a continuación con un par de ejemplos (pueden ser infinitos), cuál es actualmente la situación de las empresas, tanto grandes como pequeñas:

- Hijos de Pérez que han heredado el negocio de reparaciones y suministros de electricidad al fallecimiento de su padre (empresario individual), y que constituyen una Sociedad Limitada para poder llevar el negocio entre todos los herederos, tendrán que pagar la misma tasa judicial que Iberdrola o Endesa, por ejemplo, por un procedimiento de reclamación de cantidad a uno de sus clientes, a quien le hayan prestado un servicio, resultando impagada la factura.

Reclamación de cantidad de 30.000 €: Tasa Judicial en 1ª Instancia = 300 €. Tasa Judicial en Recurso de apelación =  800 €

- Una familia emprendedora que haya constituído una sociedad limitada, para poder dar empleo a todos sus miembros, y cuyo objeto social sea, por ejemplo, rehabilitar o promover pequeños edificios, recibe una resolución sancionadora por parte de la Administración Municipal, de un importe de 60.000 €, por infracción urbanística, al superar el máximo edificable; idéntica resolución que la recibida por, por ejemplo, cualquiera de las sociedades inmobiliarias de alguna entidad financiera (Solvia – Banco Sabadell, Altamira-Banco Santander, etc…). Ambas tendrían que acudir al procedimiento contencioso-administrativo correspondiente.

Tasa judicial que se paga por cualquiera de las dos sociedades (PYME o división inmobiliaria de la entidad financiera): en 1ª Instancia = 650 €. En apelación = 1.100 €.

Es decir, las PYMES, como una de las grandes soluciones para paliar el desempleo, las que conforman el más importante tejido empresarial, puesto que aportan más del 65% del PIB (producto interior bruto), así como más del 75% de empleo privado; corren un alto riesgo de cierre y desaparición, al limitarles su acceso a la Justicia con las Tasas Judiciales, para el cobro, por ejemplo, de sus derechos de crédito, en un país en el que las deudas están al orden del día; o para recurrir sanciones administrativas, algunas de elevada cuantía; o simplemente para demandar por unas liquidaciones complementarias basadas por la Administración Tributaria en valores catastrales muy alejados de los actuales valores de mercado inmobiliario.

Por estas razones, es por las que, la Brigada Tuitera, de la que formo parte, y como movimiento social reivindicativo en asuntos de Justicia, no va a cejar en su lucha, entre otras cuestiones, hasta obtener para todas las personas, ya sean físicas o jurídicas (PYMES), un plano de igualdad en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la Justicia como servicio público.

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