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Tasas judiciales o por qué nunca recuperarás tu casa ocupada si tienes un mínimo patrimonio pero careces de dinero para litigar

Autor: Redacción

Artículo escrito por Carmen Giménez, abogado titular de g&g abogados

Han decaído muchos derechos de los ciudadanos desde que el 20 de Noviembre del año 2012 se impusiera la denominada Ley de Tasas Judiciales, cuya entrada en vigor lo fue dos días más tarde, el día 22 de ese mismo mes.

Casi 27 meses después de que el anterior Ministro de Justicia, Sr. Gallardón, ‘regalara’, a todos los ciudadanos, el veneno que limitaba el acceso a la Justicia a través de la ‘infame’ Ley de Tasas Judiciales, y con cambio en la cartera Ministerial en el mes de Septiembre de 2014 (es decir, hace ya 5 meses), la situación sigue siendo la misma; y ello a pesar de las continuas, pero nada avanzadas, promesas del actual titular Sr. Catalá, ‘estudiante’ por excelencia de las Tasas Judiciales.

Parece que la imposición de dicha ‘infamia’ lo fue en directo, y ahora su modificación, o revisión lo va a ser en diferido, a juzgar por el tiempo transcurrido desde la toma de posesión del nuevo titular ministerial.

Las Tasas Judiciales son la entrada que hay que pagar en taquilla para poder pedir al Juez que nos ayude con el asunto que tanto nos inquieta: con el cobro de una deuda que no nos quieren pagar; con el legítimo derecho de un propietario de recuperar su vivienda porque alguien la ha ocupado de manera ilegal; o incluso por pedirle a un Banco que nos devuelva nuestro dinero ingresado en preferentes. Sin el pago de dicha entrada, el Juzgado no nos puede atender, porque así está establecido por Ley.  

Es decir, con las Tasas Judiciales, quien tenga patrimonio (vivienda, local, coche, etc.), y carezca de dinero para litigar, o cobre más de 12.780,26 € al año (límite para el ciudadano individual para obtener la justicia gratuita), verá cercenado el libre acceso a la Justicia como Derecho Fundamental y Humano reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

No se puede obviar el momento en el que vieron la luz las tasas judiciales, por casualidad, mera coincidencia o porque así se quiso. Y ese momento fue precisamente cuando estalló el escándalo de los productos bancarios tóxicos como: preferentes, subordinadas o swaps.

Pensemos en quién tiene que pagar las Tasas, siempre y en todos los casos: el demandante, es decir, quien pide del Juzgado que se le reconozcan sus peticiones o derechos, y nunca, en ningún caso, el demandado. Las cuestiones siguientes, entonces, son muy fáciles de resolver: ¿Es el Banco o Entidad Financiera quien va a demandar en los casos referidos anteriormente? ¿Es la compañía de seguros quien va a demandar para obtener la indemnización de un siniestro?. Luego, ¿Quienes ganan en estos dos claros ejemplos?.

Pero bien, aprobadas las dañinas Tasas Judiciales para los ciudadanos que no han podido ni pueden reclamar sus derechos, podríamos encontrar, siquiera un paliativo a ese dolor, con el adecuado uso de los jugosos ingresos obtenidos, y que ascienden a más de 500 Millones de euros, en la necesaria inversión de dicho importe en Justicia.

Desgraciadamente esto no ha sido así, y prueba de ello son las múltiples imágenes que se han hecho virales en las redes sociales, como twiter, de archivos de Juzgados inundados por aguas fecales, con práctica destrucción de los procedimientos; o de archivos alojados en los wc, o de expedientes amontonados de forma que impiden el paso o tan siquiera ver al funcionario; o los expedientes trasladados en carros de supermercado (¿Será eso el expediente electrónico?). Juicios que se señalan para 2017, 2018 o incluso para 2019; o la existencia de un único psicólogo-forense para los 700.000 habitantes que tiene la provincia de Toledo. Es decir, la inversión en medios para la Justicia ha ascendido a un saldo de 0 €.

En este punto el Ministerio de Justicia también ha faltado a la verdad, veámoslo. No solo en palabras del Ministro impositor de las Tasas, sino también en distintas comparecencias parlamentarias de diputados del Gobierno, así como en el propio twiter oficial del Ministerio de Justicia (@justiciagob), se nos indica a los ciudadanos que las tasas serán destinadas a la financiación de la Justicia Gratuita. Tampoco ese ha sido su destino. Ya algún Consejero de Justicia de Comunidad Autónoma, le ha reclamado al Sr. Catalá que le ingrese el importe que le corresponde a su Autonomía.

Entonces, ¿Dónde ha ido a parar ese dinero de los ciudadanos?: Pues francamente, no lo conocemos, porque por no saberlo, no lo sabe ni el propio Gobierno ni su Ministerio responsable, como así responde por escrito a una pregunta realizada por un diputado del Grupo Mixto (concretamente de Compromís), tal y como adelantaba la semana pasada idealista news, publicando el texto oficial del Congreso de los Diputados con el contenido de la respuesta del Gobierno.

Y como vivimos en el país del Lazarillo de Tormes, que es el que gobierna, con mayoría absoluta, quien ha generado tal desaguisado, la cuestión tiene truco: mientras nos contaban lo que ya he señalado en párrafos anteriores, escribían otra cosa diferente en la Ley, al reflejar que las Tasas estarán “vinculadas” que no “afectadas” a determinados gastos. Es decir, el importe recaudado, se puede destinar a cualquier partida o gasto previsto en los Presupuestos Generales del Estado que no sea necesariamente Justicia, aunque a día de la fecha ni el propio Ministerio de Justicia tiene esa información, la del destino de lo recaudado.

Para terminar, dos cuestiones me quedan por añadir, una reflexión y un agradecimiento:

1.- Que la corrupción solo se palia y elimina con inversión en Justicia y con un poder judicial independiente del poder ejecutivo o poder político.

2.- Mi agradecimiento a quienes me han nutrido, y me siguen nutriendo, de tanta información y sabiduría, y cuya “Inteligencia Colectiva” queda reflejada en este artículo, y que no es otra que la cada vez más mediática Brigada Tuitera, a quien considero también autora del mismo. Especial mención para uno de sus fundadores, José Muelas, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena.

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