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El Supremo, contra el contribuyente: niega la devolución del IBI urbano por terrenos rústicos

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Autor: Redacción

En mayo de 2014 el Tribunal Supremo declaró que los terrenos que fueran urbanizables, pero sin nada construido, no debían pagar IBI urbano, sino rústico. Así, muchos contribuyentes con terrenos por los que pagaban IBI urbano pasaron a tributar como rústicos. También, solicitaron la nulidad de las liquidaciones de IBI pagadas en ejercicios anteriores. Sin embargo, el Alto Tribunal acaba de cerrar esta vía para respiro de los ayuntamientos.

Mazazo para los contribuyentes propietarios de fincas recalificadas como urbanas, pero sin tener edificios construidos. El Supremo ha cerrado la puerta a solicitar la devolución del IBI urbano que se pagó por terrenos que eran rústicos durante 2014 y ejercicios anteriores. De este modo, los ayuntamientos respiran tranquilos al no verse obligados a devolver cantidades ingentes de dinero.

Para entender esta casuística es necesario recordar que el criterio sostenido en la famosa sentencia de 2014 quedó recogido en la Ley 13/2015. Los suelos urbanizables que no tuvieran programa aprobado para su desarrollo urbanístico debían ser considerados rústicos. “Sin embargo, la iniciativa para llevar a cabo tal recalificación se dejó en manos de la Administración. Además, los efectos del cambio de calificación catastral nunca podían ser anteriores al 1-1-2015”, señala José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

La sentencia de 2014 se remonta a un conflicto que la Administración pública mantenía con unos 300 propietarios de fincas en Badajoz. El Ayuntamiento de esta ciudad decidió, en 2007, recalificar varios terrenos rústicos y darles la consideración de urbanos, por lo que muchos propietarios vieron cómo el impuesto que pagaban en concepto de IBI era, en algunos casos, hasta cien veces más.

Aunque en principio una recalificación es positiva, pues supone aumentar el valor catastral de una finca, esto es sólo una buena noticia si el propietario vende los terrenos a una inmobiliaria que pueda desarrollar un proyecto urbanístico, ya que el precio del valor del suelo se dispara.

Tras la famosa sentencia de 2014, los contribuyentes decidieron solicitar la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones de IBI que, en ese momento, ya eran firmes. Además, mediante la nulidad podían revisarse las liquidaciones más allá de los plazos de prescripción (de cuatro años a contar desde la notificación de liquidación del impuesto). Pero el Supremo acaba de decir en una reciente sentencia que no hay nulidad de pleno derecho, y que no es posible recuperar ese IBI pagado.

En el caso planteado, un contribuyente solicitó la nulidad de pleno derecho de unas liquidaciones de IBI urbano dictadas por el Ayuntamiento de Albacete. Las parcelas gravadas no tenían la condición de suelo urbano, de acuerdo con la sentencia del Supremo de 30 de mayo de 2014. Y por eso solicitó la nulidad de las liquidaciones de IBI de los años 2011 a 2014, basándose en que dichas liquidaciones vulneraban derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, y que se había omitido total y absolutamente el procedimiento establecido.

El Juzgado de lo Contencioso 1 de Albacete le dio la razón, considerando que, de acuerdo con el criterio de la sentencia del 30-5-2014 dictada por el Supremo, dichos terrenos siempre fueron rústicos, y nunca debieron pagar IBI urbano. “Eso sí, la sentencia no hizo referencia alguna a si existían las causas de nulidad invocadas por el contribuyente”, subraya Salcedo.

En opinión del abogado, lleva razón el Juzgado cuando considera que dichos terrenos siempre fueron urbanos. Pero realmente, tratándose de liquidaciones firmes de IBI, ése no es el debate, sino el de determinar si dicha calificación errónea convirtió en nulas de pleno derecho las liquidaciones dictadas. Y para ello hay que acudir a los motivos de nulidad expresamente tasados en el artículo 217.1 de la LGT, y no hacer como si no existieran.

Pero el Supremo, a diferencia de este juzgado, sí analiza la existencia de causas de nulidad de pleno derecho. Concluye que tales causas no se dan en estos casos. Así, “respecto a la vulneración de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, considera el Supremo que ni se ha vulnerado el derecho a la defensa (artículo 24 de la Constitución), ni el principio de igualdad (artículo 14), ni el de capacidad económica (artículo 31). Tampoco considera el Alto Tribunal que las liquidaciones se dictaron con omisión total del procedimiento establecido, teniendo en cuenta que dicha omisión debe ser total y absoluta, y no referirse tan solo a la parte de fijación del valor catastral de los terrenos”, comenta Salcedo.

Por eso, el Supremo considera que no es posible la revisión de liquidaciones firmes de IBI en base a la exigencia de que el suelo para ser urbano deba tener aprobado un instrumento para su desarrollo urbanístico. En opinión del Supremo, las liquidaciones anteriores a 2014 se dictaron conforme a la normativa entonces vigente, y no vulneraron ningún derecho constitucional.

Con esta sentencia del Supremo se cierra la vía a reclamar la devolución del IBI y también de la plusvalía municipal pagado antes de 2015 por terrenos urbanos cuando en realidad eran rústicos. Así, la administración local respira tranquila sabiendo que no debe hacer frente a cuantiosas devoluciones.