Sabadell ha vuelto a defender a capa y espada la legalidad de las cláusulas suelo incluidas en los contratos hipotecarios de muchos de sus clientes. Tanto es así que tiene previsto seguir recurriendo las sentencias judiciales que reclaman su eliminación.
Según ha explicado el presidente del banco catalán, Josep Oliu, la decisión de los tribunales de exigir la supresión de las cláusulas suelo es injusta y va en contra de las instituciones y de los notarios que dan fe en los contratos. "Realmente va en contra del derecho", ha asegurado.
El banquero ha recordado que sus cláusulas se firmaron bajo criterios de transparencia (y ante notario), por lo que pedir su supresión es un acto de demagogia y está sujeta a presiones sociales.
Sabadell es, junto con Popular, la única entidad que ha confirmado públicamente su intención de recurrir las sentencias que piden su nulidad, a sabiendas de que la balanza está más inclinada a favor de los afectados. "Seguiremos con el proceso hasta el final", ha recalcado.
Ahora bien, la entidad también ha decidido negociar con muchos de sus clientes para cambiar las condiciones de su hipoteca y eliminar la cláusula suelo. Hasta un tercio de los contratos que la incluían se han reconvertido en préstamos a tipo fijo, según Oliu.
El banco catalán no es el único que ha decidido anticiparse a un posible revés judicial y ha decidido modificar los préstamos hipotecarios. Según recuerdan los abogados expertos en el sector inmobiliario y plataformas como Reclamador.es, en los últimos meses la banca está llevando a cabo diversos trucos para impedir que más clientes acudan a los tribunales y tenga que acabar devolviéndoles todo el dinero cobrado de más.
Mientras las entidades buscan fórmulas para cubrirse las espaldas, el sector y los miles de afectados por esta cláusula están a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la retroactividad de la misma. Una sentencia a favor de los clientes sería histórica y podría suponer un impacto para la banca de hasta 9.300 millones de euros.
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