Información sobre vivienda y economía

Revés a la banca: es inconstitucional la exención del pago de las costas para los bancos por las cláusulas suelo

Tribunal Constitucional
Tribunal Constitucional
Autor: Redacción

El Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente inconstitucional el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores de cláusulas suelo aprobado en enero de 2017. Considera inconstitucional la exoneración del pago de las costas judiciales a los bancos que, una vez iniciado el proceso judicial, aceptaban las condiciones del hipotecado para recuperar las cantidades indebidas por las famosas cláusulas suelo. Es decir, al final la banca evitaba pagar el abogado y procurador del hipotecado afectado.

Esta norma se aprobó con el objetivo de facilitar la devolución de forma extrajudicial de cantidades indebidamente pagadas por las cláusulas suelo a los afectados, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinara que los bancos debían devolver todas las cantidades ya pagadas previas a la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 2013.

En esta normativa se estableció que, en caso de que el consumidor acudiera a la vía judicial para reclamar su cantidad y el banco aceptara las condiciones, éste último no debía asumir las costas judiciales. En concreto, el artículo 4 del Real Decreto Ley especifica que sólo se impondrá la condena en costas al banco cuando el consumidor rechace el cálculo de la cantidad a devolver o decline la devolución de dinero en efectivo y decida acudir a la vía judicial por considerar que la sentencia puede ser más favorable que la oferta propuesta por la entidad.

Como bien recuerda la abogada Carmen Giménez, titular de G&G Abogados, en los demás casos, la entidad financiera no será condenada en costas, ni tan siquiera aunque haya habido mala fe, puesto que se resta a los Jueces dicha facultad prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. “Por esta razón, si el consumidor decide interponer la demanda judicial, sin haber acudido a la reclamación previa, y la entidad, quien no le ha informado de nada (obligación prevista en el Decreto), se allana, no habrá condena en costas, debiendo sufragar el consumidor los honorarios de su Abogado y Procurador”, recalca la experta.

Ahora el Tribunal Constitucional considera que este artículo 4 es inconstitucional porque estima que “favorece de manera notoria a quien impuso unilateralmente la cláusula abusiva y perjudica a quien sufrió tal imposición y debe reclamar lo indebidamente abonado para obtener su restitución, consecuencia que no sólo se manifiesta carente de toda razonabilidad, sino, que, además, supone una traba excesiva y desproporcionada, para los consumidores”.  

Para Giménez este real decreto cuenta con una laguna importante y es que, si la entidad financiera no hace nada y un hipotecado interpone una demanda judicial, le será suficiente con allanarse total o parcialmente a la misma para no ser condenada en costas, es decir, dar el visto bueno a la petición contenida en la demanda.

La parte inconstitucional del Real Decreto Ley

El mecanismo extrajudicial creado por el Gobierno para proteger a los consumidores en materia de cláusulas suelo a comienzos de 2017 obliga a los bancos a informar a los clientes afectados por estas cláusulas abusivas, y en tres meses el hipotecado sabe si la entidad está dispuesta o no a negociar. Aún así, el afectado puede seguir la vía judicial si no está de acuerdo con la negociación. Este decreto ha recibido las críticas de afectados y abogados.

Pero si el hipotecado rechaza cualquier mediación con el banco y va directo a los tribunales se enfrenta a la situación de que, aunque el juez le dé la razón en el dictamen, tenga que pagar las costas judiciales, que de media ascienden a los 3.500 euros, aunque puede ser más en función del préstamo hipotecario.

La declaración inconstitucional no es retroactiva

Esta declaración de inconstitucionalidad no tiene carácter retroactivo, es decir, no afecta a situaciones juzgadas con anterioridad a la publicación de la sentencia, que es del pasado 14 de septiembre de 2021. 

Carmen Giménez añade que "en aplicación de la frase: Justicia retardada es Justicia no dada, esta sentencia llega a destiempo porque las consecuencias que el "sinsentido" del Real Decreto que se dictó tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba la retroactividad total de las cláusulas suelo, ya se han provocado en muchísimos consumidores bajo un paragüas de una norma que ahora es declarada inconstitucional, y cuya declaración de inconstitucionalidad no es retroactiva, es decir, no tiene alcance para situaciones juzgadas con anterioridad a  la misma; por lo que los honorarios y gastos que tuvieron que desembolsar en virtud de una norma declarada inconstitucional cuatro años más tarde, no los podrán recuperar".

Además, la abogada recalca que el Real Decreto y la creación de Juzgados uniprovinciales no han logrado resolver sus pretensiones, recogidas en la sentencia: evitar la avalancha de litigiosidad sobre las cláusulas abusivas. "Dichos Juzgados están sobresaturados, y como ejemplo, en Madrid, una demanda interpuesta en diciembre de 2017, acaba de ser admitida a trámite, hace escasamente un mes", sentencia la experta.

La banca devuelve más de 2.300 millones a los afectados

Las entidades financieras españolas han devuelto más de 2.300 millones de euros a más de medio millón de afectados por cláusulas suelo a través del mecanismo extrajudicial. De dicha cantidad, 1.910 millones se han devuelto en efectivo, 254 millones a través de medidas distintas y 136,1 millones a través de medidas mixtas.

Según recoge el último informe de la comisión de seguimiento, el sector ha recibido 1,23 millones de solicitudes de devolución de importes cobrados de más por cláusulas suelo desde que se puso en marcha este mecanismo extrajudicial. Y pese a que las nuevas reclamaciones a través de esta vía se estaban reduciendo, desde el verano de 2020 han repuntado ligeramente, coincidiendo con la crisis sanitaria y económica. 

De dichas peticiones totales, el 44% han sido estimadas a favor del cliente, mientras que un 19,8% de las solicitudes resueltas han sido desestimada, al entender el banco que la cláusula suelo se ajustaba a los requisitos de transparencia. El otro 35,2% ha sido inadmitido por las entidades, debido a que el préstamo hipotecario no contenía cláusula suelo o porque el reclamante no era un consumidor; es decir, no era un particular, sino una sociedad.

Y este es precisamente otro de los puntos más destacados de la decisión del Tribunal Constitucional: tumbar el veto a las personas jurídicas (empresas y sociedades) para acudir al mecanismo extrajudicial, según afirma Almudena Velázquez, directora legal de reclamador.es.

Velázquez lamenta que la resolución del TC llega "tarde y mal, pues más de cuatro años después que las empresas a las que se las hubiera impuesto la cláusula suelo sin que el préstamo estuviera vinculado a su actividad hubieran podido acudir a esta solución extrajudicial, lo que desincentivó a la gran mayoría de ellas para intentarlo en la vía judicial, pese a que el Supremo ya ha venido acogiendo su derecho a que se le devuelvan las cantidades indebidamente pagadas. Además, insiste, "muchos consumidores han tenido que poner de su bolsillo el coste de su defensa como consecuencia del artículo que ahora parcialmente se declara también inconstitucional”.