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Por qué si tienes conocimientos sobre economía no podrás impugnar los productos bancarios tóxicos

Autor: Redacción

Vender preferente a personas analfabetas o con algún tipo de discapacidad intelectual es, además de éticamente reprobable, causa suficiente como para que los tribunales anulen dichos productos financieros por lo que legalmente se conoce como ‘vicio de consentimiento’, lo que simplificando mucho quiere decir que la decisión de firmar el contrato de, por ejemplo las preferentes, se realizó sin conocimiento pleno de lo que se estaba firmando.

Esta causa está siendo el principal argumento de los abogados para pedir a los tribunales la anulación de acuerdos sobre activos financieros tóxicos, y está resultado enormemente efectivo: se acepta en aproximadamente el 85% de los casos. Pero, ¿Qué sucede si la persona que demanda la anulación y que ha sido víctima de las preferentes es un profesional de nivel medio como un jurista, un economista o un abogado?

En estos casos, según apunta el blog ‘Hay Derecho’, no lo tendrán tan fácil. En el caso de que la entidad bancaria “haya cumplido la normativa MiFID” –Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, común a los países de la UE– y el usuario “sea una persona que por su cualificación profesional le resulte complicado probar la excusabilidad del error para alegar vicio del consentimiento […] no obtendrán amparo precisamente por no ser merecedores del salvavidas de la excusabilidad, asegura  Rodrigo Tena Arregui, notario y profesor universitario.

Tena Arregui se pregunta si, en los casos en los que no se pueda probar ‘vicio de consentimiento’ en productos financieros con cláusulas abusivas, a esos usuarios “no tienen más remedio que soportar los efectos negativos del producto tóxico contratado, aunque le haya causado la ruina”.

Para Tena Arregui el verdadero problema de estos contratos sobre productos tóxicos no está en la desinformación a la hora de contratar, sino “un problema de precio justo” o, dicho de otra forma, “en el desequilibrio en la estructura del contrato, especialmente en relación a los riesgos asumidos”.

Además, apunta que, como ha señalado el Tribunal Supremo alemán, “se trataba de un contrato aleatorio en el que casi todo el riesgo lo asumía el cliente, que carecía de posibilidad alguna de ganar”. Tena Arregui  lo compara con jugar en una ruleta en la que el pleno se remunera con un simple 10% de la postura: “el desequilibrio es tan enorme que no hay información ni consentimiento informado que lo purifique”.