Blackstone suele ser protagonista de la actualidad por cerrar operaciones inmobiliarias, aunque esta semana también encabeza un lío con la Agencia Tributaria.
Según ha comunicado Fidere, una de sus socimis de viviendas en alquiler, al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se ha visto obligada a provisional 29,48 millones de euros como consecuencia de un expediente que ha iniciado el fisco contra una de sus filiales. En concreto, de Fidere IP 4.
Y es que Hacienda considera que dicha empresa es responsable solidaria de una deuda del grupo constructor Isolux Corsán, que se declaró voluntariamente en concurso de acreedores el pasado verano y fue liquidada poco después, vinculada al pago del Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2009 y 2010. Pero, ¿por qué reclama el fisco a la sociedad el pago de dicha deuda? La respuesta es que pertenecía a la constructora antes de que fuera adquirida por Fidere.
El comunicado detalla que el acuerdo de derivación de responsabilidad le fue notificado el pasado 5 de junio, mientras que el 21 de junio fue notificado el importe de pago de 29,48 millones de euros.
Tras recibirlo, la filial de la socimi interpuso una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, argumentando que "no se puede exigir el pago a los responsables solidarios en tanto en cuanto no se haya resuelto la solicitud de suspensión planteada por el obligado principal (la sociedad dominante del Grupo Isolux Corsán)".
Además, sostiene que ha interpuesto "una solicitud de suspensión ofreciendo diversas garantías parciales hasta cubrir el valor de los activos de la filial (que se sitúa en 14,9 millones de euros) y la dispensa parcial por el resto de la deuda. Dicha solicitud se encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal Económico-Administrativo Central, no resultando por tanto exigible el pago de la deuda en cuanto la citada solicitud no sea resuelta".
Por otro lado, la Agencia Tributaria ordenó el embargo preventivo de todos los inmuebles que son titulares de la filial hasta febrero de 2019, aunque Fidere IP 4 reclamó y ha conseguido que el fisco haya levantado parte de las medidas. En concreto, ha autorizado a la compañía vender determinadas viviendas, aunque las cantidades que consiga con la transacción no podrán estar disponibles para la filial. De hecho, la reclamación de la deuda ha provocado un desequilibrio patrimonial en la compañía, que va a ser disuelta y liquidada por parte de su único socio: Fidere.
¿Significa esto que podrían acabar pagando la deuda otras empresas del grupo o la propia socimi? De momento, todo apunta a que no. Según el comunicado, "de conformidad con el análisis realizado por los asesores legales de la socimi, los administradores entienden que existe una incertidumbre real acerca de las consecuencias definitivas que se derivarán para la filial del mencionado expediente. Sin embargo, dado que dicha derivación de responsabilidad afecta exclusivamente a esta filial sí que existe certeza de que la responsabilidad no resultaría exigible a otras filiales el grupo y por tanto se encuentra limitada al patrimonio de dicha filial".
Por último, Fidere recuerda que en el caso de la resolución confirme la deuda tributaria, Hacienda podría exigir el pago a cualquier otro responsable solidario del grupo Isolux, que en los ejercicios objeto de regulación estaba formado por 63 sociedades.
"En caso de que alguno de los responsables solidarios distintos a la filial hiciera frente total o parcialmente a la deuda, la cantidad que sería reclamada a Fidere IP 4 tendría que minorarse en dicho importe. Asimismo, en caso de tener que hacer frente al pago de la deuda tributaria, la filial tendría derecho de repetición frente a otras entidades del Grupo Isolux Corsán, y en particular, respecto de aquellas sociedades que contribuyeron a generar la citada deuda tributaria", concluye el comunicado.
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