Las socimis reivindican una mejora regulatoria e insisten: “No somos chiringuitos financieros”

El sector de las socimis une fuerzas para pedir medidas que sigan impulsando su actividad. Las sociedades de inversión inmobiliaria cotizadas ya llevan 15 años en el mercado, aunque no fue hasta 2012, al calor de una modificación normativa, cuando empezaron a ganar protagonismo en el inmobiliario.

Pasado este tiempo, hay 123 vehículos de inversión presentes en los diferentes mercados de valores, desde el mercado continuo hasta los alternativos como BME Growth y otros nuevos como Portfolio Exchange o BME ScaleUp. Y entre todos suman 24.000 millones de euros de capitalización bursátil, según un informe elaborado por la patronal Asocimi y la consultora Grant Thornton. 

Según explica David Calzada, socio de auditoría de Grant Thornton, en el documento, "el sector de las socimis ha experimentado un crecimiento considerable a lo largo de la última década", que ha hecho "aún más patente el enorme potencial del mercado inmobiliario español" y el interés que ha despertado "entre los grandes inversores institucionales, tanto españoles como internacionales, así como entre los accionistas minoristas".

Asocimi | Grant Thornton

Calzada afirma que "hoy en día, el régimen sigue siendo enormemente atractivo", aunque considera necesario desarrollar un reglamento normativo y reforzar la seguridad jurídica para que siga creciendo e impulsen el dinamismo y profesionalización del mercado inmobiliario. Además, durante la presentación del estudio el socio de la consultora ha insistido también ayudará a que el sector "no se vea como especulativo, porque no lo es". De hecho, se están creando socimis de carácter social, como Primero H y TuTecho, ambas enfocadas en vivienda destinada a los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Calzada ha recordado que la ley de las socimis está actualmente igual que cuando nació: compuesta por 20 páginas y 13 artículos. Esto, en su opinión, "deja muchos elementos importantes sin precisar" y ha llevado al sector a sobrevivir todo este tiempo a través de más de un centenar de consultas específicas a la Dirección General de Tributos. Por eso, ha insistido, "en el sector venimos reclamando un reglamento que desarrolle la ley para dar más claridad y seguridad en el mercado" para que quede patente que "no son chiringuitos financieros, sino empresas sujetas a auditorías, valoradoras... Son las inmobiliarias patrimonialistas de toda la vida". 

También ha mencionado la necesidad de reforzar "la seguridad jurídica en un país que cada vez se fragmenta más y con legislaciones muy diferentes entre los diferentes territorios", y que exista una "estabilidad regulatoria y fiscal, sin cambios en el minuto 95 como estamos viendo". 

Quien también ha puesto sobre la mesa la importancia de resolver esas dos cuestiones es Javier Basagoiti, presidente de Asocimi y socio presidente de Inbest GPF SOCIMI, quien ha argumentado que "es necesario desarrollar la ley de socimis. Aunque funciona, no es suficiente". 

El empresario ha reivindicado que "el legislador debe ampliar el ámbito" del sector, para dar cabida a activos como la vivienda social o la agricultura, que actualmente no están recogidos en la normativa. En países como EEUU, por ejemplo, este tipo de vehículos (REITS) también invierten en hospitales, cárceles y hasta cementerios, mientras que en Portugal la normativa incluye el usufructo de un inmueble como activo elegible. 

Henry Gallego, CEO de la socimi Ktesios, también ha participado en el debate sobre el presente y futuro de estas sociedades de inversión y ha explicado que es un modelo que "hay que dejar de estigmatizar. No somos un fondo buitre. Como inversores, queremos generar rentabilidad y dinamizar y profesionalizar el sector inmobiliario". 

Más concentración en el sector

Más allá del desarrollo del reglamento y del cambio normativo para acoger socimis especializadas en activos más alternativos, desde el sector también ven imprescindible que se produzca una concentración el sector, ya sea vía opas o fusiones, para que las cotizadas ganen tamaño, capacidad para invertir y liquidez en bolsa.

Actualmente, España es el país europeo con más socimis cotizadas, aunque la mayoría tiene un tamaño reducido. Y es que mientras la capitalización bursátil del sector a nivel nacional es de 24.000 millones de euros, en Francia alcanzan un valor de mercado de unos 42.000 millones, pese a que el país cuenta con un volumen menor de vehículos. Ello provoca que las socimis españolas opten por mercados alternativos, y no por la bolsa tradicional, para dar cumplimiento a su obligación de convertirse en empresas cotizadas para mantener las ventajas fiscales de las que gozan. BME Growth, Euronext o Portfolio son plataformas menos costosas, pero son menos líquidas y es más complicado comprar y vender acciones, lo que les resta atractivo de cara al pequeño inversor. 

Con este escenario sobre la mesa, Javier Basagoiti ha afirmado que "vamos a asistir a consolidaciones de socimis" y es algo positivo, "porque el tamaño protege". Al ganar tamaño, estas sociedades pueden cambiarse a un mercado más líquido y también tener más alternativas de financiación, como por ejemplo acceder al mercado de bonos. 

También piensa lo mismo David Calzada, que ha añadido que "podemos llegar a tener 145 socimis en España dentro de poco y son demasiadas. Debe haber procesos de concentración que harán que sean más grandes, lo que les permitirá dar el salto a otros mercados y ganar liquidez. Y todo ello aumentará la predisposición de los ahorradores a invertir en estos vehículos", que permiten invertir en inmobiliario de forma indirecta y en empresas capitaneadas por gestores profesionales. Por eso, ha detallado, "se tiene que tender a esos procesos de concentración". 

Luis Basagoiti, presidente de Millenium Hospitality Real Estate, se ha sumado al mensaje de que "no podemos tener muchos socimis muy pequeñas. Tiene que haber concentración". Y también ha propuesto algunas mejoras en materia fiscal (como sustituir el IVA exento al comprar vivienda por un IVA del 0%), simplificar los costes y la burocracia y cambiar el capital social mínimo que establece la ley de socimis (5 millones de euros) por un importe superior, de entre 30 y 50 millones de euros.