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Cómo cambiarán las pensiones con la reforma Escrivá en 2021 y 2022

una de las medidas con más calado tiene es la penalización a las jubilaciones anticipadas

José Luis Escrivá, ministro del Ministerio de Seguriad Social / Gtres
José Luis Escrivá, ministro del Ministerio de Seguriad Social / Gtres
Autor: Redacción

El Ministerio de Seguridad Social liderado por José Luis Escrivá tiene sobre la mesa una batería de medidas para reformar las pensiones entre 2021 y 2022 con el aval de las recomendaciones del Paco de Toledo y con el consenso de los agentes sociales. Y una de las medidas que más calado tiene es la penalización a las jubilaciones anticipadas.

El endurecimiento de la jubilación anticipada

El objetivo es endurecer la prejubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora, como ocurre ahora. De este modo, el Ejecutivo quiere que la edad real de jubilación (64,6 años) se acerque a la edad legal de retiro (66 años).

actualmente las penalizaciones en las pagas por jubilación se aplican sobre la base reguladora del beneficiario de la pensión. Entonces, si el sueldo es alto, el porcentaje de reducción que se aplica a su base puede implicar que incluso una vez descontado este porcentaje la base siga por encima y le corresponda la pensión máxima. En un cálculo medio, se estima que la penalización en la pensión es del 2% en las rentas altas que adelantan dos años su retiro -serían rentas a partir de los 48.000 euros anuales-.

En el caso de las rentas más bajas que adelanten también dos años su retiro, la penalización puede ser hasta cuatro veces mayor. Al contar con bases reguladoras medias que dan derecho a pensiones medias, es decir, no optan a la máxima jubilación ni cotizan por el máximo, la penalización en su base reguladora impacta en su totalidad en la cuantía de la pensión. De este modo, según la Seguridad Social, con una base media y más de 44 años y seis meses cotizados, la penalización se sitúa en torno al 6,5%.

En resumidas cuentas, el ministro quiere tratar de reducir las jubilaciones anticipadas voluntarias, que han aumentado mucho desde 2014, y aumentar las "jubilaciones demoradas" con mayores incentivos, por los que los trabajadores sigan en sus puestos más allá de la edad legal de jubilación y retrasen el cobro de su pensión.

Jubilación más tardía

El Gobierno que preside Pedro Sánchez busca incentivar a que los trabajadores trabajen más años, por lo que ha creado incentivos a la jubilación más allá de la edad legal (actualmente en 66 años o 65 si se han trabajado 37 años y tres meses).

Entre las medidas que están sobre la mesa destacan:

-Un aumento del 4% de la pensión por cada año trabajado de más, a aplicar sobre la base reguladora y a añadir sobre los años ya trabajados anteriormente.

-Un pago único por año demorado que depende de la cuantía de la pensión y de la duración de la vida laboral del ciudadano. Puede ir de los 4.786,27 a los 12.060,12 euros.

Además, Escrivá quiere revisar el procedimiento de solicitud de jubilación anticipada por razones de peligrosidad o penosidad.

Jubilación forzosa

La intención del Gobierno es prohibir las cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores menores de 68 años, aunque esto se podrá mantener en los convenios que todavía tengan vigencia. Aunque también se ha hablado de demorar en un año los convenios de jubilación forzosa, es decir, que los convenios de empresa que incluyen cláusulas de jubilación forzosa demoren en un año el límite en el que estaría capacitados para prescindir de estos empleos cercanos a la jubilación.

La jubilación activa

La intención del Ministerio de Seguridad Social es que para optar a la jubilación activa (que sea compatible la pensión con el trabajo por cuenta propia o ajena) el trabajador haya superad al menos un año la edad ordinaria de jubilación (actualmente 66 años).

En España es posible jubilarse y trabajar al mismo tiempo, con lo que es compatible el cobro de la pensión pública con el trabajo. Aunque la jubilación activa apenas la disfrutan 218.300 mayores de 65 (estamos a la cola de la OCDE), pueden acceder a ella los mayores de 65 años y 10 meses en 2020 pero irá aumentando año a año hasta alcanzar los 67 años en 2027. Y es que la Seguridad Social no permite compaginar la jubilación anticipada u otras bonificaciones que adelanten la edad de retiro con la jubilación activa.

Además, quien se acoja a la jubilación activa debe tener derecho a cobrar el 100% de la pensión, es decir, debe haber cotizado suficientes años como para cobrar el 100% de la base reguladora (37 años en 2020 aunque la cifra irá aumentando hasta los 37 años en 2027).

La cuantía de la pensión con la jubilación activa será un 50% menor de la que se cobraría en caso de jubilación completa. Si pides la jubilación activa cobrarás el 50% de la pensión mientras trabajes y el 100% con todos los complementos a los que puedas acceder cuando dejes de hacerlo. 

Pero en caso de un trabajador por cuenta propia, podrá cobrar el 100% de la pensión con la jubilación activa siempre y cuando tenga a un trabajador en nómina como empleado por cuenta ajena (no valen autónomos a los que se les contrate servicios).

Y mientras tanto, el trabajador seguirá cotizando a la Seguridad Social, solo por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, lo que supondrá un 3,3% sobre la base reguladora.

A esto se añade un 8% para los trabajadores por cuenta ajena (una cotización especial de solidaridad). De este porcentaje, un 6% correrá a cargo del empresario y un 2% del trabajador.

Como autónomo, la cuota se seguirá calculando según tu base de cotización a la Seguridad Social. Un 3,3% se seguirá desinando a las contingencias comunes, a lo que se sumará el 8% en concepto de solidaridad.

Mecanismo de revalorización anual de las pensiones

El objetivo es mantener el poder adquisitivo de los pensionistas por periodos de tres años y que nunca baje. El Ejecutivo prevé que la nueva fórmula de revalorización esté aprobada ya en el último trimestre del año, según figura en su calendario. La idea es que se actualicen cada año con la media del IPC del ejercicio anterior y que se evalúe este sistema cada cinco años.

El nuevo sistema de revalorización garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior. Además, se recoge que, en el caso de haber inflación negativa, las pensiones "no sufrirán merma alguna, quedando ese año inalteradas".