Una de las transformaciones más faraónicas de Barcelona parece no vislumbrar nunca su fin. El actual gobierno municipal ha tomado la decisión de paralizar las obras del túnel de les Glòries, sin contar con el voto de ningún grupo de la Comisión de Urbanismo, a excepción de la CUP, por "la necesidad de hacer limpieza" en una obra que se cimienta bajo la sombra del 'caso del 3%'. El equipo de Colau prefiere rescindir el actual contrato antes que una modificación "que conlleve un coste añadido del 60%". Las obras continuarían en enero de 2018 para finalizarlas a principios de 2020.
La teniente alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, junto al concejal de Arquitectura y Paisaje Urbano, Daniel Mòdol, presidieron una comisión que convocaron de forma extraordinaria para contar con el consenso del resto de grupos políticos del pleno y no verse el Ejecutivo solo en una decisión de tal trascendencia para Barcelona. Pero solo lograron 8 votos a favor, los de la CUP, y la abstención de Gerard Ardanuy (concejal no adscrito a ningún grupo después de salir de la antigua CiU). Los demás grupos votaron en contra de finalizar el actual contrato de soterrar la Gran Vía a su paso por la plaza de les Glòries y volver a licitarlo.
Sanz, también presidenta de Barcelona de Infraestructuras Municipales (Bimsa), la empresa municipal que gestiona las obras de la ciudad, hizo hincapié en el compromiso de transparencia que tiene el Consistorio con la ciudad. Fue su baza para justificar sacar un concurso para un nuevo proyecto para les Glòries. Las complejas obras arrastran una serie de prórrogas, paralizaciones y dificultades técnicas y jurídicas que se remontan a 2007. A eso se añade un sobrecoste de las obras de 12 millones de euros y la sospecha de que esté vinculado al 'caso del 3%'.
Después de que el Ayuntamiento hiciera una auditoria sobre las obras del túnel viario, promovida por una proposición en la comisión de Urbanismo por parte de la CUP el pasado octubre, se constataron una serie de circunstancias que impedían continuar con el contrato actual, impulsado y desarrollado por el anterior gobierno, con CiU al mando. El informe revelaba un encarecimiento del 40% de las obras, importantes irregularidades y diferentes problemas técnicos.
A un mes de cumplir dos años al mando del gobierno municipal, BenComú decide no continuar con el contrato de la plaza de les Glòries y acabar su relación con las constructoras que trabajan en las obras. Fue, quizá, donde más se aferraban los partidos de la oposición para no apoyar la propuesta: ¿por qué ahora? Colau y su equipo tendrán que resolver a solas un proyecto que dura más de diez años y ha pasado por tres mandatos distintos.
La intención del Consistorio es volver a licitar las obras del túnel, una opción que supone retrasar un año más de demora en una de las transformaciones más importantes de la ciudad. Pero para Sanz, tal y como detalló en la comisión, era la mejor entre las peores opciones que se barajaban. "No queremos que se enquiste", dijo Sanz, pero entre no querer "ni chantajes ni parar las obras", escogieron parar las obras.
El chantaje al que hacían referencia era el que explicó de manera más detallada Ángel Sanz, el director de Bimsa, que al proponer una modificación del actual contrato con las constructoras, estas dijeron que no cumplirían los plazos y ello supondría un sobrecoste del 60%, lo que conllevaría un coste final de 96 millones de euros. La alternativa que pone sobre la mesa Sanz es un nuevo contrato con un precio de salida de 40 millones y que el total ascienda a 83 millones.
Cabe no olvidar que detener las obras supondrá un coste de 1,7 millones para las arcas públicas, que se desglosarían en 950.000 euros para el reinicio de las obras de trabajo, 550.000 euros para la actualización de precios de la obra y 230.000 euros (23.000 al mes) de mantenimiento y vigilancia hasta que vuelvan las máquinas a la zona.
¿Quién tiene la culpa?
La comisión extraordinaria de este lunes fue una batalla por buscar culpables y responsabilizar a alguien de una situación, si menos, insostenible en el tiempo. Janet Sanz tuvo que enfrentarse en un debate donde la mayoría de grupos parlamentarios tacharon sus decisiones de improvisadas, de incluso poner en riesgo la candidatura de atraer la sede de la Agencia Europea del Medicamento (AME), como le dijo Alfred Bosch (ERC) o de convertirlo en un "espectáculo político", como le tildó Javier Mulleras (PP). La CUP, por su parte, remarcó la presunta implicación de las obras en las comisiones ilegales recibidas por el anterior gobierno de CiU.
Sanz contratacó advirtiendo que todos eran cómplices de esta situación y debían "asumir su parte" en toda esta trama sobre el túnel de les Glòries. Por su parte, consideró que la decisión tomada es "valiente y responsable" por querer tomar el control de un proyecto y tirar adelante "de cero".
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