El Gobierno cifra hasta en 7 millones el coste de demoler el hotel de El Algarrobico

El Gobierno ha aprobado definitivamente la declaración de utilidad pública de parte de los terrenos de El Algarrobico, como paso previo a su expropiación y posterior demolición del hotel Azata del Sol, ubicado en el municipio de Carboneras (Almería).

Tal y como adelantó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Consejo de Ministros aprobó el 11 de febrero dio luz verde al acuerdo para declarar la utilidad pública de las parcelas en las que se encuentra el establecimiento sin uso que lleva sumido en litigios desde hace dos décadas, tras construirse en un espacio protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, cuyo suelo, según el Tribunal Supremo, no es urbanizable.

Tras la declaración de utilidad pública de los terrenos en los que se asienta El Algarrobico, el siguiente paso será la adopción del acuerdo de urgente ocupación e hitos administrativos hasta la expropiación y la demolición del hotel, cuyo coste podría llegar a alcanzar los 7 millones de euros, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En cuanto al plazo, se estima que el proceso hasta el derribo del inmueble podría rondar los cinco meses.

Según el comunicado remitido por la Cartera dirigida por Sara Aagesen, “el Gobierno se hace responsable de la demolición. Estimamos que el coste puede ascender hasta los 7 millones de euros. Queremos contar con todas las administraciones, con el sector privado concernido para avanzar; para que ese símbolo de lo que no se debe hacer acabe siendo el símbolo de lo que se resuelve”.

El Ejecutivo ha instado a la Junta de Andalucía a seguir el mismo procedimiento y proceder a la expropiación de su área de influencia, puesto que solo una parte del hotel se encuentra en suelo sobre el que el Ejecutivo tiene competencia (unos 100 metros desde el mar). Mientras, otra parte del establecimiento se adentra en terrenos bajo control autonómico, al adentrarse más allá de este límite que marca el dominio público martímo-terrestre. 

En el protocolo de protección de la playa firmado en 2011 entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía se acordó que el Estado financiaría la demolición de la edificación y la comunidad autónoma, la gestión de los residuos y la restauración de los terrenos, de ahí que haya emplazado al equipo del popular Juanma Moreno a actuar en este ámbito. 

Aagesen entiende que la Junta emprenderá "de forma responsable" las actuaciones necesarias sobre la parte del hotel que no es competencia estatal, y que ambas administraciones puedan acometer conjuntamente su derribo total. "Queremos trabajar de la mano. El objetivo fundamental es que consigamos la demolición de El Algarrobico, un símbolo de un urbanismo acelerado y sin condicionantes ambientales", destacó la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Los planes del Ejecutivo pasan por restaurar la zona después de la demolición del establecimiento hotelero ilegal, al que califica como "símbolo de la depredación inmobiliaria", puesto que la edificación no respeta el espacio natural, daña el litoral y, además, colisiona con la Ley de Costas. Un problema que lleva enquistado más de 20 años a pesar de las distintas resoluciones judiciales que rechazan la edificación en esos terrenos.

Las sentencias que acumula

El hotel fue construido en 2003 y acumula sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS), así como una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En 2018, el Supremo declaró en firme que los terrenos en los que estaba construido constituían un área ambientalmente protegida y no un área urbanizable, confirmando una sentencia previa del TSJA de 2016. En 2021, el TSJA se expresó a favor de que Ayuntamiento de Carboneras tenía la obligación de anular la licencia de obras del hotel.

Sin embargo, el Supremo dictaminó en 2022 que el hotel almeriense no podía ser demolido por tener licencia de obras. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.

Greenpeace solicitó amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2024, que ha concluido con que ahora debe investigar la legalidad de la decisión del TS. La responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez de Frutos, ha explicado que todavía no han recibido respuesta del TEDH y que en la actualidad el caso se encuentra inmerso en dos procedimientos de ejecución, dado que no hay una voluntad de cumplir por parte del Ayuntamiento.

En líneas generales, denuncia las "tácticas dilatorias" que a su juicio ha llevado a cabo el Ayuntamiento para evitar cumplir con las sentencias y la "triplicación" de los procesos, ya que la promotora del hotel se presenta a algunos tribunales como Azata, Azata del Sol o Azata Inmobiliaria.