En Reino Unido hay una alarmante falta de viviendas de protección oficial. De hecho, entre las promesas de David Cameron, en el caso de ser reelegido, está la construcción de 200.000 viviendas subvencionadas antes de 2020. Si lo consigue, algo que los expertos dudan, serviría para mitigar en parte el problema endémico que vive en mercado británico de alquiler: la escasez de viviendas públicas hace que muchas familias soliciten ayudas que van a parar directamente al bolsillo de los propietarios privados que les arriendan la casa.
Esto supone que cerca del 40% de estas subvenciones públicas –unos 12.500 millones de euros– acabe cada año en manos de inversores en lugar de revertir en las arcas públicas. No en vano, 95 de cada 100 euros que el Gobierno de Cameron invierte en vivienda va al presupuesto de subsidios y únicamente 5 de cada 100 euros se gastan en la construcción de viviendas de protección oficial.
El presupuesto para esta partida podría alcanzar los 35.000 millones de euros en 2019, según el ‘think tank’ IPPR. Una cifra que podría obligar al Gobierno a hacer recortes para evitar que la deuda pública se desmadre, lo que dejaría a miles de familias de escasos recursos sin su ayuda para el alquiler.
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