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El govern de la generalitat dedicará 85 millones de euros anuales suplementarios a la política de vivienda, para facilitar el acceso al porcentaje de compradores que ya se ha quedado fuera del mercado y solo podría acceder a costa de un esfuerzo económico excesivo. El plan catalán para el derecho a la vivienda 2004-2007, presentado por el conseller Salvador milà, prevé la construcción de 42.000 nuevas viviendas de protección oficial, de las que la mitad serán de alquiler y de éstas la mitad las construirá la generalitat. El objetivo es multiplicar el porcentaje de vivienda protegida para pasar del 5%-6% de la legislatura pasada al 15%-18% al final de ésta. El plan también incluye la creación de una agencia catalana de vivienda que gestionará el parque público tanto de la generalitat como de otras instituciones que quieran adherirse. El govern prepara asimismo una ley de vivienda que eliminará la posibilidad de descalificar de por vida los pisos de protección oficial

Sin embargo, los promotores y constructores ya han cuestionado la viabilidad del plan catalán. Enric reyna, presidente de la asociación patronal de promotores y constructores de edificios de Barcelona (apce), no sabe "de dónde saldrá el suelo necesario para edificar 42.000 pisos protegidos ni cuál será la reacción de los municipios en cuanto a la cesión de suelo" y añadió que le parecía "del todo imposible" que en el primer año del plan se puedan construir 9.000 nuevas unidades de VPO. No obstante, Reyna manifestó "el apoyo incondicional al nuevo plan"

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