El País Vasco permite a personas con sueldos más altos acceder a las vpo

Si es una medida transitoria para ayudar a colocar el stock de vivienda, pase, pero por principio la VPO ha de ser de alquiler, no de venta.
No al beneficio privado en B con los impuestos de todos.
No al pelotazo.

CONSIDERACIONES RESPECTO AL DECRETO DE ACCESO A VIVIENDA DE PROTECCION OFICIAL.-

En relación al Decreto, que exige solamente UN AÑo de empadronamiento EN UN MUNICIPIO de la C.A. ( Es decir, se entiende por tanto que en cualquiera de ellos), el hecho de que cada ayuntamiento pueda establecer por su cuenta los años de carencia en el mismo y, sin que ni siquiera el número de años exigido sea igual en todos ellos, permite que un “acuerdo” ó “convenio” restrinja los derechos de algunos ciudadanos respecto a los establecidos en el Decreto por el mero hecho de estar empadronado en un municipio o en otro. Algo que fomenta la picardía, y favorece a quienes obviando la ley de empadronamiento que obliga a estarlo en el municipio en el que se habita la mayor parte del año, continúa empadronado en el mismo municipio per secula, incluso aunque viva realmente en otra C.A.
Por otra parte, crea además una clara discriminación por el lugar de residencia, contrario al artículo 14 de la Constitución, favoreciendo a las personas que pueden permitirse vivir durante muchos años en un municipio, en detrimento de aquellas otras a las que no les queda más remedio que moverse geográficamente. En la mayoría de las ocasiones, precisamente en busca de un puesto de trabajo, para no tener que vivir de ayudas sociales y, en otras, porque no teniendo una vivienda en propiedad, no pueden permitirse el lujo de pagar los altos precios de los alquileres de libre mercado ( sobre todo en algunos municipios) y tienen que ir saltando de un municipio a otro en función de sus posibilidades económicas.
No facilitar la movilidad geográfica de las personas a la hora de buscar un empleo, una absoluta necesidad dada la realidad social de estos momentos, no sólo tolera, sino que además fomenta el que haya personas que prefieran quedarse cómodamente viviendo en su municipio, en casa de los padres y a su costa, ó viviendo de ayudas sociales.

La antigüedad respecto al empadronamiento, en todo caso, debiera ser en la propia C.A., pero no un año, sino al menos 10, independientemente de los municipios en los que a cada persona le haya tocado nacer o tener que ir viviendo para sobrevivir.

Primar a las parejas, a familias con hijos o a los menores de 35 años es una discriminación inconstitucional. La condición civil de las personas es algo libremente elegido. Que alguien me de motivos del porqué quienes deciden vivir en pareja tienen que tener prioridad a la hora de acceder a una vivienda de protección oficial sobre una persona que decide vivir sola, o que vive sola porque no tiene pareja. Esta última paga sus impuestos reglamentariamente como todo el mundo, y sufragar los gastos de un alquiler o comprar una vivienda en el mercado libre, resulta muchísimo más difícil económicamente a una persona sola que a una pareja que cuenta con dos sueldos. Incluso a la hora de la concesión de un préstamo hipotecario.

Respecto a los menores de 35 años, en primer lugar, decir que el precio de una vivienda libre es el mismo para quien tiene menos de 35 años que para quien tiene 50. Pero eso sí, precisamente quien tiene 50, y está inscrito en Etxebide, lo está porque se encuentra en la misma situación económica y de necesidad de vivienda que quien tiene 34. No todas las personas mayores de 50 años tienen su vida resuelta. Si así fuera, no habría personas de 50 años inscritas en Etxebide. Las personas mayores de 50 años llevan mucho más tiempo con necesidad de vivienda que quien tiene 34; muchos más años pagando impuestos; muchos más años teniendo que pagar un alquiler libre para tener un techo bajo el que dormir; normalmente suele tener ya hijos ( algo que en el caso de los menores de 34 años no suele ocurrir, y que aunque tengan intención de tenerlos, no deja de ser algo futurible, pero no un hecho constatado).

Tampoco parece tener ninguna lógica el hecho de que las viviendas se sorteen cuando precisamente existe una base de datos como Etxebide a través de la cual se puede saber perfectamente quienes son las personas que llevan más tiempo inscritas y con necesidad de vivienda en cada municipio, o en la propia C.A.
Las viviendas se deberían de adjudicar por antigüedad de inscripción. No resulta nada justo que alguien que lleva demandando una vivienda solamente un año, tenga las mismas oportunidades, o en muchos casos incluso más, de acceder a una, que quien lleva 10 años en dicha precariedad.

Del mismo modo, el cupo de reserva para menores de 35 años, podría estar siendo una forma de discriminación directa de las personas que, teniendo la misma necesidad de vivienda que ellos, se encuentren en situaciones de mayor precariedad.

Por otra parte, también se prima a separados o divorciados aunque tengan el 50% de una vivienda en propiedad, en detrimento de quienes no tienen nada. Ya que, por supuesto, no es lo mismo partir de un patrimonio de 72.500€ para adquirir una vivienda que contar para ello sólamente con un sueldo precario. Las parejas que se separen o divorcien, tendrían que vender su vivienda, repartir el dinero, y vivir cada uno de alquiler con él hasta que puedan permitirse comprar una en propiedad. Igual igual que quienes viven solos. Las decisiones que se toman a nivel personal respecto a la situación civil de cada uno deben ser asumidas por uno mismo. No tienen porqué responsabilizarse de ellas los demás, y mucho menos ser primadas unas sobre otras.

Mucho menos lógico y justo resulta el hecho de que cualquier persona pueda optar a una vivienda de protección oficial por el mero hecho de no tener una vivienda en propiedad, cuando puede darse el caso, y de hecho se da, que muchas de esas personas tengan un amplio patrimonio invertido en otro tipo de bienes. Como por ejemplo, locales, garajes, coches de alta gama, etc.

En cuanto al tema de las inspecciones, está claro que debieran de llevarse a cabo.
Quizás una forma más de control más eficaz y barata sería el que fueran los propietarios quienes tuvieran que seguir presentando sus declaraciones de la renta, los correspondientes certificados de empadronamiento, y/o las facturas de luz y agua, en vez de que un inspector tuviera que desplazarse hasta sus domicilios para hacer las comprobaciones pertinentes….

Por otra parte, y respecto a los propios expedientes de solicitud, cuando en un expediente están inscritas 2 personas , el hecho de que la titularidad de dicho expediente la tenga sólo el miembro que está inscrito en primer lugar, discrimina totalmente al otro miembro si quiere darse de baja de ese expediente, al hacerle perder los derechos de antigüedad.
Y, curiosamente, siempre suele ser la mujer la que es discriminada, ya que, en este país, por costumbre, siempre se inscribe en primer lugar el hombre y, por tanto, es el que en estos casos mantiene siempre el expediente a su nombre y por lo tanto la antigüedad.

Respecto al precio del suelo urbanizable, una ley en condiciones que lo regulase ayudaría a terminar con la especulación, que no deja de ser la causa por la que los precios de la vivienda se disparan.
Probablemente, cuando el precio de la vivienda guarde una lógica proporción en relación a los salarios, dejará de haber ciudadanos que necesiten ser protegidos. El tiempo y los recursos que el Gbno. Vasco dedica a estos menesteres ( que no deja de ser el dinero de los propios ciudadanos) podría ser invertido en otros temas sociales de interés.

Las viviendas de protección oficial, como su nombre indica, deben de ser para quienes necesitan de dicha protección. No es de recibo que quien tenga un sueldo de 47.000 euros pueda tener derecho de acceso a las mismas. Ahora bien, otro tema es el precio de las viviendas libres, que no son un negocio, sino una estafa. Eso, y no otra cosa es lo que el Sr. Arriola tendría que regular y cotrolar: la usura desmedida de unos constructores y banqueros a los que se puede tildar perfectamente no sólo de especuladores, sino también de mafiosos.