“La concepción de que la presencia del hombre necesariamente tiene un efecto negativo sobre el medio rural no es cierta en muchos casos”. Con este preámbulo comienza la conocida como ‘Ley Virus’ de Viviendas Rurales Sostenibles, aprobada en la Asamblea de Madrid en 2012, que permite la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rural sin protección ambiental.
La normativa levantó ampollas entre la oposición, los colectivos ecologistas, las asociaciones vecinales y los profesionales de distintos sectores que, tres años después y en plena campaña electoral, siguen advirtiendo de los riesgos que puede acarrear para el medio ambiente. Mientras, algunos ayuntamientos, como el de Pozuelo de Alarcón, analizan nuevas solicitudes de construcción en sus montes.
Ciudadanos por el Monte
“No a la ‘Ley Virus’: no permitan la construcción de viviendas en los parajes naturales madrileños”. Con esta petición en la plataforma Change.org, la asociación Ciudadanos por el Monte reclama a la “Asamblea de Madrid y a los candidatos al Gobierno de la Comunidad que deroguen o suspendan de inmediato todos los efectos de la Ley”. Esta iniciativa ha conseguido más de 41.500 firmas y ha colado esta controvertida normativa en plena campaña electoral.
“Nuestra intención es defender el uso público del Monte de Pozuelo. Los propietarios quieren construir viviendas amparados bajo la ‘Ley Virus’ y ya han vallado el monte, impidiendo el paso sobre caminos de dominio y uso público, veredas y arroyos, algo ilegal y que ya está en los juzgados. Esperamos que el resultado de la elecciones cambie el futuro del monte, actualmente amenazado”, destaca Jan Hinrichs, portavoz de la asociación Ciudadanos por el Monte.
En la propia petición, los candidatos a la Comunidad de Madrid por UPyD, Ramón Marcos, y por IU, Luis García Montero, muestran su rechazo a esta normativa. “Es una ley hecha para favorecer intereses particulares y que perjudica la conservación del medio ambiente y el interés general”, afirma Marcos. Por su parte, García Montero critica que "la política en la Comunidad de Madrid se haya basado en el desmantelamiento de la protección legal del patrimonio natural al servicio de la especulación”.
“Esta ley es un golpe al medio ambiente y pone en peligro el suelo no urbanizable en Madrid. Está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PSOE, del que esperamos resolución”, comenta Modesto Nolla, portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid. Todos los partidos de la oposición se han comprometido a derogar la ‘Ley Virus’ si llegan al poder el próximo 24 de mayo.
El Gobierno regional defendió durante su aprobación que con esta nueva norma se respondía a la "necesidad de muchos madrileños que quieren vivir en el campo y de otros que ya viven allí, pero que no podían hacer efectivo el uso de fincas rústicas" porque la ley les impedía construir viviendas en ellas.
Asimismo, se aseveró que "solo" permitirá la construcción de viviendas "en suelo no sujeto a protección sectorial", por lo que no será posible edificar en zonas naturales, vías de protección pública o zonas de embalses, entre otros. El Gobierno autonómico cifró en un total de 299.521 hectáreas la "extensión máxima de terreno" en la Comunidad susceptible de la construcción de estas viviendas. La tramitación de esta normativa no estuvo exenta de polémica durante la presidencia de Esperanza Aguirre, aunque finalmente fue Ignacio González quien firmó la ley el 20 de diciembre 2012, tras la dimisión de Aguirre en septiembre del mismo año.
Ciudadanos por el Monte
Pero, ¿qué permite exactamente la normativa? Autoriza la construcción de viviendas en “suelo no urbanizable no sujeto a protección sectorial”, es decir, en suelo rural sin especial protección ambiental. Al detalle, la normativa añade una serie de condiciones para que se pueda construir. La más destacada es que la parcela cuente como un mínimo de seis hectáreas. Asimismo, exige que sea una edificación de una sola planta, sin modificar la rasante natural, con el menor impacto posible y una altura máxima de 3,5 metros.
En la práctica, la ‘Ley Virus’ permite levantar una vivienda, de hasta 900 metros cuadrados, con solo una licencia municipal sin valoraciones ambientales adicionales, lo que ha provocado la indignación de los ecologistas. “Es prácticamente imposible conocer cuántas viviendas se han construido en Madrid bajo esta normativa. Por su carácter especial prevalece sobre la normativa sectorial y con una simple licencia municipal se puede iniciar la construcción, sin necesidad de una declaración de impacto ambiental”, reclama María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. "Solo tenemos constancia de una vivienda construida en Belmonte del Tajo, en un encinar cercano. Pero es difícil de controlar, ya que no existe un órgano de control sobre este tipo de solicitudes sobre suelo rústico", puntualiza Nieto.
De acuerdo con un estudio que realizó la Plataforma Antivirus en el momento de la aprobación de la normativa, existen 7.000 parcelas que cumplen con los requisitos planteados por la ley. Actualmente, entre las zonas más “calientes” está el Monte de Pozuelo que abarca más de 450 hectáreas de bosque mediterráneo (804 hectáreas, sumándose el Monte del Pilar y la parte perteneciente a El Plantío).
Desde la entrada en vigor de la ‘Ley Virus’, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha recibido 32 solicitudes de licencia de construcción de viviendas en este suelo rural de carácter privado. El Ayuntamiento ya ha denegado 26 licencias “por incumplir la normativa tanto del Plan General de Ordenación Urbanística de Pozuelo como de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. En este caso, señalan a Idealista news que “nos encontramos claramente ante una parcelación del monte para una promoción urbanística que no está prevista en la ley”. Además, recuerdan desde el consistorio municipal que “el suelo del Monte de Pozuelo es un suelo no urbanizable y también forestal con una especial protección”.
El Ayuntamiento aún tiene que resolver otras seis peticiones. Ecologistas en Acción señala en su página web que detrás de estas solicitudes se encuentran nombres como Juan Güell Martos, conde de Güell; Angustias Martos Aguirre, condesa de Heredia-Spínola, o la familia Oriol, descendientes de José Luis de Oriol Urigüen. “A la familia Oriol pertenece la nuera de Esperanza Aguirre, Carolina Oriol Garrigues, que está casada con Fernando Ramírez de Haro y Aguirre, hijo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid”, concretan.
“No entendemos que el Monte de Pozuelo, con una especial protección forestal, sufra la presión inmobiliaria de sus propietarios y no tenga una protección sectorial, con la que el monte estaría protegido por ley. La Comunidad de Madrid tiene que ayudar a los propietarios a cuidar el monte, no a destruirlo. El cuidado del monte es costoso pero hay que darle protección al campo”, destacan desde la plataforma de ciudadanos.
“Es una ley hecha exprofeso para determinadas familias y propietarios importantes de suelo”, denuncia el portavoz del PSOE. Hasta donde llegue el “virus” dependerá en gran medida del resultado la inminente cita electoral del próximo 24 de mayo.
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