El pleno del Parlament balear ha aprobado con la mayoría de PP y Vox la Ley de obtención de suelo que declara a Baleares en situación de emergencia habitacional y prevé el desarrollo de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) en las llamadas áreas de transición (reservas de suelo rústico) de la ciudad de Palma y en municipios de más de 20.000 habitantes, así como en suelo urbano o urbanizable en los de más de 10.000 habitantes. Además, han pactado ampliar las legalizaciones en terrenos rústicos de la Sierra de Tramuntana. La oposición prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional por deficiencias en la tramitación.
El Partido Popular en el Govern de Baleares y el grupo parlamentario de Vox han aprobado convalidar el decreto de vivienda de la comunidad como proyecto de ley. Esto permitirá incluir enmiendas como la de ampliar la posibilidad de recalificar las conocidas áreas de transición, actualmente suelo rústico, en urbanizable para poder construir. La normativa inicial limitaba el cambio de uso a los terrenos de la ciudad de Palma, pero se amplía a todos los municipios de más de 20.000 habitantes como Calvià, Llucmajor, Inca o Manacor, si lo convalidan los ayuntamientos.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado durante la celebración del Pleno Extraordinario con motivo del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que van a poner en marcha un "plan de choque para disponer de más suelo donde construir viviendas protegidas o asequibles”. Entre todas las medidas propuestas por el regidor de la ciudad destaca una por encima de todas: la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permita construir viviendas asequibles en suelos catalogados como rústicos. El objetivo del regidor malagueño es alcanzar un ritmo de construcción de 3.000 viviendas por año.
Portugal ha aprobado un decreto-ley que modifica el Régimen Jurídico de los Instrumentos de Gestión Territorial (RJIGY), el cual no permitía construir en suelos rústicos ni en suelos calificados como REN (Reserva Ecológica Nacional) y RAN (Reserva Nacional Agropecuaria). Para pasar a ser una zona urbanizable, al menos el 70% de la superficie total deberá destinarse a la construcción de viviendas públicas o de precio moderado, ya que el Gobierno luso asegura que con esta nueva medida "facilitará la creación de soluciones habitacionales y permitirá a las familias portuguesas el acceso a una vivienda digna".
Los suelos rústicos tienen un precio generalmente inferior a las parcelas urbanas y/o urbanizables, por lo que, a priori, pueden parecer una buena idea para construir una vivienda.
¿Se puede vivir en una finca rústica? Esta es la pregunta del millón, ya que las parcelas catalogadas como tal tienen un precio de venta notablemente más bajo que las urbanas y urbanizables. Sin embargo, el terreno rústico es el más prohibitivo de todos.
El portal de subastas Escrapalia anuncia una nueva puja por activos inmobiliarios procedentes de la liquidación de Reyal Urbis, una de las mayores promotoras de viviendas en España durante la época del boom. Se trata de seis terrenos, tanto de suelo urbano, urbanizable, no urbanizable y rústico situados en distintas localidades, las más destacadas en Las Palmas de Gran Canaria, Zamora, Salt (Girona) o Viladecans (Barcelona). En total, están valoradas en 10 millones de euros, pero se ofrecen con un descuento del 71% hasta un precio conjunto de la subasta de 2,83 millones.
Los terrenos rústicos son aquellos suelos ubicados en el campo o en zonas rurales en los que, en principio, no se puede construir y cuentan con algún tipo de protección. Esto se debe a que, generalmente, son terrenos con valor agrícola, forestal o ganadero. Sin embargo, existen algunas excepciones y se podrían llegar a construir o reformar hoteles y campings en algunos casos. Para ello, es obligatorio dedicar al camping o al hotel el 75% de la superficie total de la parcela y el 25% restante a senderos y a zonas de uso común.
El valor del suelo agrario español ha aumentado de forma generalizada en 2023 entre los distintos cultivos, según el informe realizado por Tinsa. A pesar de las condiciones climáticas adversas, como la sequía, y el actual entorno económico con una marcada inflación en los costes de producción, la tasa de crecimiento anual de estos suelos en los últimos cinco años ha sido positiva, destacando el frutal no cítrico de secano (3,4%) frente a la caída del frutal no cítrico de regadío (-0,6%). Los terrenos más caros se encuentran en los invernaderos para el cultivo de hortalizas, que alcanzó el año pasado los 163.400 euros/ha, seguido por los suelos para hortalizas al aire libre (75.700 €/ha).
Establecer las diferencias entre los diferentes tipos de terrenos es fundamental para comprender el desarrollo y la planificación de las áreas geográficas.
El alto precio de la vivienda en alquiler y en venta en muchas zonas de España, sumado al cambio de mentalidad de la sociedad, ha auspiciado el auge de otros modelos habitacionales. Con este panorama, se ha popularizado el estilo de vida nómada y hay quien desea vivir con su casa a cuestas.
Los terrenos rurales en España no cesan de envejecer en España. La avanzada edad de los propietarios y la fragmentación que existe en este tipo de transmisiones alertan sobre el futuro de este tipo de activos. El futuro pasa por la dinamización del mercado para asegurar un relevo generacional, pero la tarea no parece sencilla. Un estudio de la plataforma digital Cocampo afirma que sólo el 8% de los propietarios agrarios es menor de 35 años, aunque los que bajan de 40 tampoco alcanzan el 10% del total.
El próximo 29 de diciembre en el pleno del Consell de Mallorca se quiere aprobar la modificación número 3 del Plan Territorial de la isla y consiste en recuperar definitivamente 700 hectáreas de suelo urbano o urbanizable para convertirlas en rústico. Se trata de una medida que afectará a 14 municipios y que recuperará, por ejemplo, un total de 238 hectáreas de suelo urbano o urbanizable en Llucmajor, siendo el municipio más afectado, 138 en Palma, 75 en Manacor y 49 en Pollença.
El Parlamento andaluz ha aprobado La Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que unifica la ordenación urbanística y del territorio de la comunidad autónomas más poblada de España.
Los suelos rústicos son aquellos dedicados a la agricultura, la ganadería o la explotación forestal, por lo que, en principio, no se contempla su uso residencial, independientemente de si se trata de una casa tradicional, prefabricada o móvil. La clave está en consultar la legislación municipal y contactar con un arquitecto para cerciorarnos, ya que en algunos territorios sí está permitido si se cumplen condiciones como la superficie de la casa o si el propietario desarrolla una actividad económica en la finca.
Los partidos de la oposición en la Comunidad de Madrid se ha sumado en bloque para acabar con la controvertida Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (Ley Virus), que permite construir en suelo rural sin especial protección ambiental. Los portavoces del PSOE, Ciudadanos y Podemos en la Asamblea registraron a finales de julio una propuesta conjunta para su derogación y la paralización de las viviendas que hayan obtenido licencia bajo su amparo.
“La concepción de que la presencia del hombre necesariamente tiene un efecto negativo sobre el medio rural no es cierta en muchos casos”.
Sareb ha puesto en marcha el proyecto harvest, integrado por 22 terrenos rústicos con 5.700 hectáreas que proceden principalmente de bankia. Se trata de dos carteras de suelo rústico que comercializarán bankia hábitat y dos firma inmobiliarias más.
El nuevo gobierno de Mariano Rajoy ha salvado in extremis a bancos y promotores, al aprobar en el último consejo de ministros de 2011 una nueva prórroga extraordinaria para evitar que el suelo urbanizable empezase a cotizar a precio de rústico.
Si nadie lo remedia, el próximo 31 de diciembre expirará la prórroga extraordinaria que dio el gobierno a la banca para valorar el suelo urbanizable a precios de rústico si no se han finalizado completamente sus obras de urbanización.
El gobierno aprobará este viernes una prórroga del plazo legal de tres años para empezar a construir en los suelos urbanizables e impedir que vuelvan a considerarse rústicos, lo que provocaría un desplome de su valor y de las provisiones de los bancos El proyecto de ley de economía sostenible d
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