La banca y el Gobierno han firmado hoy el convenio de ampliación del Fondo Social de Vivienda (FSV), que elevará en 3.974 los pisos aportados por los bancos a esta iniciativa creada para dar cobijo a aquellas familias en situación de vulnerabilidad por la crisis económica. Además, se ha ampliado la lista de posibles beneficiarios de estas viviendas.
El FSV, creado en 2013 con pisos de la banca y que estará operativo hasta enero de 2017, contaba hasta ahora con un parque de casi 6.000 viviendas, de las que menos de la mitad se ha alquilado. La ampliación anunciada hoy equivale a ampliar en más de un 50% la dotación del FSV, que alcanzará los 9.866 pisos, casi mil más de lo previsto.
"Con la ampliación el FSV persigue cubrir un mayor número de situaciones que requieran una respuesta desde todos los organismos y entidades implicadas", asegura la nota remitida por el Ministerio de Econonía.
El fin de estos inmuebles es dar cobijo a familias que hayan sufrido desalojos por impago de sus correspondientes hipotecas a partir del 1 de enero de 2008.
El acuerdo sellado hoy también contempla la inclusión de nuevos colectivos como potenciales beneficiarios de estos pisos de alquiler social.
"En concreto podrán solicitarlo las personas mayores de 60 años y los matrimonios o parejas de hecho sin hijos. Se prevé además que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos. Se contempla también la posibilidad de acuerdos con los Ayuntamientos y entidades del Tercer Sector y la puesta en marcha de una web con toda la información", detalla el comunicado oficial.
Los requisitos
Las condiciones de estos arrendamientos aportados por un total de 33 entidades incluyen una renta de alquiler que oscila entre los 150 euros y los 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar, y una duración de dos años, ampliables a otro más.
Para acceder a esta medida, el conjunto de los ingresos mensuales de la unidad familiar no puede superar el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros conforme al IPREM actual) y ninguno de los miembros de la unidad familiar puede disponer de vivienda en propiedad.
"El conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para paliar el problema de los desahucios han beneficiado hasta la fecha a unas 45.000 familias", concluye Economía.
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