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El Gobierno aparca la normativa europea sobre eficiencia de los edificios

Autor: Redacción

España pasa de la mejora de la calidad en los inmuebles y convertirlos en edificios de consumo de energía casi nulo, al menos hasta la próxima legislatura. El actual Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido atrasar la adaptación a la normativa española de la Directiva Europea sobre eficiencia energética, que debía entrar en vigor antes de 2016. España se enfrenta a una sanción por parte de Bruselas.

La Unión Europea lleva trabajando años por la mejora de los edificios y reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera dentro de los objetivos 20/20/20. Para ellos elaboró en 2010 una Directiva sobre la calidad y eficiencia energética de los edificios. La norma europea que defiende “incrementar la calidad de los inmuebles para que se conviertan en edificios de consumo de energía casi nulo" debía trasponerse a las leyes nacionales en 2013.

Pues bien, con solo unos meses para el final de 2015, el gobierno español no tiene previsto sacar adelante esta obligación de Bruselas, por lo que se enfrentará a sanciones por su incumplimiento.

Pese a que la norma se encontraba en pleno avance finalmente no ha llegado a oficializarse. España no está dando los pasos necesarios para alcanzar un consumo ahorrativo. El consumo medio de las viviendas en Europa ha bajado un 11,9% en los últimos 25 años, mientras que en España y  Grecia ha subido un 8%, en contra de la tendencia general.

El boom inmobiliario trajo consigo un aumento de los edificios de mala calidad, lejos de cumplir la anterior normativa sobre eficiencia energética que data de 2002. Una situación que supondrá  un lastre para la futura adaptación de los edificios a los estándares de calidad y eficiencia energética.

La aplicación de la Directiva europea supondrá desembolso para las empresas de más de 250 trabajadores y una facturación superior a los 50 millones de euros. Según cálculos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, realizar la auditoría energética sobre los edificios tendrá un coste superior a 158 millones de euros para las empresas, que tendrán gastar entre 18.700 y 6.000 euros por inmueble, aproximadamente.

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