La venta de patrimonio inmobiliario, la privatización o concesión de inmuebles propiedad de las administraciones públicas se convirtió en una práctica habitual del Gobierno central y las comunidades autónomas para conseguir ingresos extras en plena crisis económica.
El Estado continúa con el Plan CORA de reforma de las administraciones públicas, donde se incluía que los distintos ministerios, secretarías y empresas de la SEPI racionalizaran el espacio que ocupan: mudándose a inmuebles propiedad del Estado, acabar con los alquileres y vender los inmuebles y terrenos en desuso.
Las comunidades autónomas, más ahogadas que el Estado en deudas, se apuntaron a la moda y llevan presupuestando esta partida en sus cuentas desde hace años, y con mayor hincapié desde 2011, con presupuesto que superan los 1.200 millones de euros al año.
Sin embargo, el pasado año apenas lograron ingresar 104,7 millones de euros por la venta de de inmuebles y terrenos de los 1.340 millones que sumaban entre todos los presupuestos de las comunidades autónomas, lo que supone que apenas recaudaron un 7,8% de lo previsto. Muchas de las subastas por este patrimonio quedan desiertas o se venden a un precio inferior a lo previsto.
Una sobrestimación que vuelve a descuadrar la deuda de las regiones, y se volverá a incumplir el déficit público, según denuncia el diario Cinco Días. Otro de los apartados relacionados con el patrimonio, relacionado con las concesiones, avales o alquileres, tampoco alcanzó las expectativas presupuestarias. En 2015, las comunidades esperaban recaudar 694 millones y se quedaron en 362 millones.
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