El Ayuntamiento de Girona, gobernado por el antiguo CiU y con el apoyo del PSC, ha contabilizado unos 40 pisos vacíos propiedad de entidades bancarias a las que sancionará si no ceden dichos inmuebles a alquiler social. Por eso, el consistorio ha elaborado un protocolo, asesorado por juristas, que le permita reiniciar las sanciones a grandes tenedores y así poner en circulación los pisos a disposición de personas en riesgo de exclusión social.
El Ayuntamiento ya abrió un primer expediente sancionador que fue tumbado por una sentencia y ahora pretende reiniciar las sanciones asesoradas por juristas que analicen cómo tramitar las multas a las siete entidades bancarias dueñas de los inmuebles deshabitados de la ciudad. Por su parte, la teniente alcalde de Igualdad y Derechos Sociales, Sílvia Paneque, declaró que no es prioridad de la administración sancionar a los bancos, pero es la única vía que les queda después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la ley 24/2015 de emergencia social.
Son muchos los organismos municipales que ponen como prioridad en sus políticas el derecho a la vivienda y afrontar las necesidades de familias vulnerables, pero se encuentran con un carente parque de vivienda pública y sin el respaldo de una ley autonómica para autogestionarlo. Mientras se tramita este mes una engordar su lista de pisos para responder a estas familias buscan recursos como las propiedades de los bancos en desuso que denuncian para que los cedan a la bolsa pública.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta