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El Plan Vivienda no deja indiferente: positivo para promotores y discutible para los defensores del alquiler

Aunque de momento sólo es un borrador, el Plan de Vivienda 2018-2021 ya ha suscitado opiniones de todo signo. La recuperación de las ayudas directas para fomentar la compra de una vivienda entre los más jóvenes y con un sueldo determinado ha abierto un interesante debate sobre si es conveniente incentivar de nuevo la adquisición entre una población con poco margen de ahorros. Además, el plan contempla ayudas al alquiler, una medida que algunos expertos no ven con buenos ojos porque consideran que es más positivo la desgravación fiscal para evitar un aumento de precios. 

“Los jóvenes tienen derecho a vivir en un lugar digno, pero no a ser propietarios si no pueden permitírselo por su actual nivel de salarios. El 55% de los españoles son mileuristas o menos, por lo que no pagan IRPF”. Así opina Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo, que añade que con el panorama actual “es muy difícil que un menor de 35 años pueda comprarse una vivienda”, porque, además, el banco no le va a dar una hipoteca y “si se la dan, es gracias a que los padres avalan”. En su opinión, avalar puede desembocar en desahucios tanto del avalista como del avalado. 

Para poder solicitar la ayuda directa de 10.800 euros es necesario tener menos de 35 años, un salario inferior a tres veces el Iprem (19.170,39 euros anuales en 12 pagas) y no ser propietario de ninguna vivienda. Juan Villén, responsable de idealista/hipotecas, sostiene que al limitar los ingresos máximos y la edad se está haciendo una selección de beneficiarios potenciales con “seguramente una menor estabilidad laboral y menor margen de maniobra ante necesidades adicionales de gasto”, como la subida del euríbor o el nacimiento de un hijo. 

“Y al no limitarlo a quienes no puedan demostrar ahorros, la ayuda puede hacer aguas: trabajadores por cuenta propia que facturen menos temporalmente para beneficiarse de la ayuda, parejas que no compran juntas para acceder a la ayuda, aunque la unidad familiar sí sobrepase el mínimo, o gente que sí disponga de ahorros (por herencia o simplemente ahorro anterior), y con este incentivo adicional pueda ofrecer más por la vivienda que le interesa, generando inflación de precios”, añade Villén.

Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, muestra su rechazo a la ayuda a la compra. “Los jóvenes no quieren adquirir una vivienda, es un colectivo que reclama soluciones que solo pasan por el alquiler”. “No podemos volver a los errores del pasado y volver a incentivar la compra de una vivienda, ya que, si se producen cambios, una hipoteca implica la muerte financiera de una familia”, sentencia. 

Pero el sector promotor sí que lo ve con buenos ojos. Daniel Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), considera que es una buena noticia que el Gobierno pueda dar a las rentas más básicas una ayuda del 10,8% del coste de una vivienda de 100.000 euros. “Evidentemente para algunas zonas donde el precio de la vivienda es más caro la ayuda no es tan relevante que en otras donde es más asequible comprar una casa”. No obstante, cree que “si el multiplicador del Iprem se ampliase a 6 veces, daría mejor respuesta para los ciudadanos que viven en las ciudades donde la vivienda tiene un mayor coste de adquisición”. 

Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores, también considera positiva esta ayuda porque “incide en un segmento necesitado” y, además, “ayudará a reducir el stock”. Y al tratarse de una ayuda destinada a la adquisición tanto de VPO como vivienda libre, Corral señala que no es necesario desarrollar nuevas promociones de vivienda protegida.

El alquiler también tiene su espacio

El borrador del Plan de Vivienda también contempla ayudas a menores de 35 años, sin propiedades, con un salario máximo de tres veces el Iprem de hasta el 50% del alquiler mensual para arrendamientos de entre 600 y 900 euros (en aquellas ciudades donde es evidente la subida de las rentas como en Madrid, Barcelona o Ibiza) durante tres años. Y los mayores de 35 años también contarán con ayudas, pero llegarán al 40% del alquiler.

El profesor Miguel Córdoba asegura que dar dinero a los inquilinos supone “fomentar el incremento de los precios que ya son bastante elevados para el nivel económico de las rentas de trabajo en España”. En su opinión, es mejor dar a las personas con bajos ingresos una vivienda social con un alquiler simbólico, más que conceder ayudas.

Y para que esta medida se cumpla, las administraciones públicas “deberían tener un stock de viviendas para realizar este tipo de iniciativas, aunque lo que debería hacer el Estado es fomentar la creación de fondos inmobiliarios cuyo único destino sea el alquiler de inmuebles. Estos fondos no deberían pagar impuestos, por lo que sería un incentivo para los inversores, profesionalizaría la gestión del alquiler y generaría un mercado transparente de alquileres”, sentencia Córdoba.

Desde Alquiler Seguro señalan que ofrecer ayudas es beneficioso, pero piden “simplificar la burocracia y adaptar los procesos a las nuevas tecnologías para evitar que pedir una solicitud sea un lastre”. La inmobiliaria Foro Consultores también ve con buenos ojos estas ayudas porque aseguran que “los jóvenes son un colectivo elevado”. 

No obstante, Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, insiste en que es mejor recuperar la desgravación fiscal del alquiler para el inquilino, ya que "permite que todos puedan disfrutar de esta ventaja y que tanto el inquilino como el propietario declaren la existencia de un contrato de arrendamiento".