La campaña del Ministerio de Hacienda para regularizar el Catastro consiguió legalizar más de 900.000 viviendas e inmueble en 2017 que no reflejaban la realidad de las construcciones. El resultado de esta actualización ha permitido al fisco recaudar más de 700 millones de euros mediante impuestos, como el IBI o el IRPF, y las sanciones administrativas pertinentes.
El Plan de Regulación Catastral (PRC) del Ministerio de Hacienda ha sido una de las mejores herramientas del fisco para detectar el fraude fiscal y sacar a luz las construcciones ilegales de viviendas que no habían regularizado las reformas, ampliaciones, cambios de uso o la construcción de piscinas.
Solo en 2017, y en colaboración con los ayuntamientos, han aflorado cerca de un millón de inmuebles que no estaban bien regularizados, lo que ha conseguido aumentar la tributación de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y otros como el IRPF, y a la espera de ver confirmar la legalidad del cobro de la plusvalía municipal en algunos casos. La recaudación ha aumentado cerca de 700 millones de euros.
Los propietarios afectados también han tenido que pagar una tasa de 60 euros por regularizar y las sanciones pertinentes por haber incumplido la normativa. A cambio, esta regularización les permite mantener en pie la obra.
El Estado lleva desde 2013, en lo peor de la crisis, trabajando con ayuntamientos con el objetivo de actualizar tres millones de inmuebles. En un principio se estableció un plazo entre 2013 y 2016, pero se lleva ampliando anualmente desde entonces.
Los 705 millones de euros recaudados corresponden a la cuota íntegra del impuesto, tras aplicar los tipos sobre la base imponible y las reducciones respectivas. No se añaden, los posteriores descuentos que conceden los ayuntamientos.
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