El Gobierno catalán, que volvió a tomar las riendas hace tres semanas, ha vuelto a poner en marcha sus objetivos estratégicos para incrementar el parque de vivienda social. El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y la Agencia de la Vivienda de Cataluña han anunciado que destinarán 250 millones de euros a financiar la construcción y compra de viviendas de alquiler social. Para hacerlo posible, ponen a disposición dos líneas de préstamo con condiciones ventajosas.
La línea de préstamos para financiar la compra de vivienda está dotada con 110 millones de euros. Sus destinatarios son los ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro, entidades del tercer sector y promotoras sociales. El objetivo es que estas entidades compren los pisos y los destinen a alquiler social. El departamento de Territorio, a quien compete la vivienda en esta legislatura, estima que con este importe se amplíe la oferta a 1.800 viviendas.
Las entidades y ayuntamientos deberán priorizar a situaciones derivadas de emergencia social para ocupar las viviendas. Los inquilinos pagarán solo 30 euros al mes. Cuando sus ingresos estén por debajo del Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC) 1,86 veces, la Generalitat subvencionará la diferencia entre los 30 euros y los gastos del préstamo. Para el ejercicio de 2018, el valor del IRSC está en 569,12 euros mensuales y 7.967,73 euros anuales, según estipulan los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña.
Cabe recordar que ICF y la Agencia de la Vivienda de Cataluña activaron hace dos meses una línea de financiación para la construcción de vivienda social. En su anuncio, la Generalitat lo marcó en 90 millones de euros, y ahora ha actualizado la cifra en 140 millones. Sus destinatarios son promotores privados y públicos (ayuntamiento o consejos comarcales, entre otros).
Esta última línea de crédito servirá para construir en uno de los 152 municipios con fuerte demanda, segú nrecoge el Plan Territorial Sectorial de Vivienda. Se calcula que amplíe el parque con 1.000 viviendas nuevas, con una media de 70 m2 de superficie y un precio máximo de 450 euros mensuales.
Estos instrumentos para ampliar el parque de vivienda social se integra en el Plan de Vivienda acorde con la Ley 18/2007. El objetivo es reactivar la construcción de vivienda asequible, algo que ha estado paralizado durante los últimos años en Cataluña.
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