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Castilla y León desclasifica terrenos urbanizables sin edificar como nuevos suelos rústicos

Autor: Redacción

El Gobierno de Castilla León está comenzando a desclasificar de manera automática suelos urbanizables no desarrollados para cambiarlo a suelo rústico común. La medida afecta a 208 sectores de 87 municipios de la Comunidad Autónoma, que suman más de 283 millones de m2.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León está comunicando a los ayuntamientos, instituciones y agentes privados afectados la desclasificación automática de suelo urbanizable no ordenado para cambiarlo como suelo rústico común. La ley 7/2014 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana de Castilla y León permitía un plazo de cuatro años para que los terrenos categorizados como suelo urbanizable no delimitado lograran la ordenación urbanística detallada. En caso contrario, perderían esa condición para pasar a ser terrenos rústicos.

Según esta consejería, la medida puede llegar a afectar a 87 municipios de la región, que incluyen 208 sectores que suman más de 283 millones de metros cuadrados. Esta misma ley también establece que en 2022 se desclasificarán aquellos suelos urbanizables delimitados pero que no se han desarrollados, es decir, que cuentan con condiciones prefijadas para presentar un plan parcial, como uso, edificabilidad y densidad, entre otras.

Entre los municipios con terrenos afectados se encuentran Ponferrada, Sahagún, Valdefresno, Valencia de Don Juan o Villafranca del Bierzo, entre otros.

Castilla y León se suma a otros municipios y gobiernos autonómicos que están desarrollando normativas para cambiar el planeamiento urbanístico que se creó durante la época del boom para hacerlo más sostenible.

Castilla y León se suma a otros municipios y gobiernos autonómicos que están desarrollando normativas para cambiar el planeamiento urbanístico que se creó durante la época del boom para hacerlo más sostenible.

Toda esta situación tiene como precedente la sentencia del Tribunal Supremo sobre aquellas fincas urbanas, pero donde no se construyó nada. El Alto Tribunal dictaminó que solo tendría que pagar el IBI como suelo rústico en vez del urbano, tal y como estaban calificados. El fallo afectó a cerca del millón de parcelas y dejo a los ayuntamientos sin ingresar unos 4.500 millones de euros al año.

Aunque los propietarios lograron pagar menos de IBI, no perdieron la condición de urbanizables al instante. Las administraciones dieron un tiempo para que se pudieran desarrollar. Pero si finalmente no se detallaba, algunas comunidades ya han comunicado que pasa a suelo rústico definitivamente.