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Ana Botella, entre los condenados a 26 millones por la venta de vivienda pública a fondos de inversión

Autor: Redacción

El Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a otros exconcejales del PP a pagar los perjuicios ocasionados por la venta de vivienda pública a fondos de inversión por debajo del precio de mercado en 2013. Los condenados tendrán que hacer frente del pago de 25,7 millones por el daño económico a las arcas municipales.

La Cadena Ser ha adelantado la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015, y a seis concejales del PP de su periodo al frente del Ayuntamiento de la capital, a pagar 25,7 millones de euros por la venta de vivienda pública en alquiler en 2013 a fondos de inversión por un precio por debajo del mercado, además de otras irregularidades técnicas.

El Tribunal responde así a una demanda presentada por el actual gobierno del consistorio capitalino, dirigido por Manuela Carmena, por el daño patrimonial sufrido por las arcas municipales. El ejecutivo de Ahora Madrid pedía 55 millones de euros.

Los condenados de forma personal son la exalcaldesa Ana Botella, el consejero de la Empresa Municipal de vivienda y Suelo (EMVS) en aquel momento, Fermín Oslé, y los concejales de su equipo de gobierno que formaban parte de la Junta de la EMVS: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral.

La polémica por la venta de viviendas públicas se realizó en plena crisis económica en 2013, el peor año para el sector inmobiliario. Por un lado, la demanda se refiere a la venta de 18 promociones completas de vivienda pública protegida al fondo Fidere por 128,5 millones de euros.  Y la venta de 34 viviendas y plazas de garaje a las sociedades Avellanar Inversiones y Madrid Town Inversiones por poco más de 2 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas confirma además las irregularidades durante el proceso de venta, como la ausencia de pliegos, sin estudios técnicos ni informes de tasación. Además, de no garantizar la libre participación de otros compradores.

Pese a esta sentencia contra los dirigentes púbicos, la justicia ha confirmado que la venta de estas viviendas públicas al fondo Fidere, filial del fondo de inversión Blackstone fue legal, según prueban dos sentencias, una de ellas de la Audiencia Provincial y contra la que no cabe recurso. 

Contra esta sentencia cabe recurso por parte de los afectados, que tendán 15 días para hacerlo. Los afectados han enviado un comunicado en el que afirman que "la decisión acordada por el Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid', según han señalado desde el PP a Europa Press.

"La anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas, solo en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil".