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Llega al Congreso una propuesta para desalojar a los okupas en 24 horas (y ampara a las empresas)

Foto: Pixabay
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Autor: Redacción

La ocupación ilegal de propiedades inmobiliarias vuelve a colarse en la agenda política. Apenas medio año después de que entrara en vigor la ley de desahucio exprés contra las mafias que okupan viviendas, ha llegado al Congreso de los Diputados una nueva vuelta de tuerca que pretende acelerar el proceso de desalojo hasta dejarlo en un máximo de 24 horas.

La idea parte del Partido Popular, que ha llevado al Parlamento una Proposición de Ley que, además de acelerar el proceso, propone penas de cárcel de hasta tres años para los okupas, dependiendo de los daños causados al inmueble.

Tal y como explica la formación liderada por Pablo Casado, "en el articulado se establece que la Policía podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años". 

Por tanto, no afectará a los inquilinos que tengan dificultades e impaguen el alquiler o la hipoteca (por ejemplo, por pérdida de empleo), sino que va destinada a la ocupación ilegal. De hecho, la formación insiste en que "no debe confundirse la lucha contra las formas de delincuencia e ilegalidades de la ocupación con las situaciones de vulnerabilidad social o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social". 

Estas son las principales medidas que incluye la Proposición de Ley, algunas se basan en reforzar medidas legales existentes mientras que otras son nuevas. 

1. Se define por primera vez de forma clara qué es la ocupación ilegal. En concreto, la propuesta dice que se trata de la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real. 

2. Se introduce una nueva norma por la que un inmueble okupado no puede tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler. 

3. La autoridad pública o sus agentes (Policía) podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de entre 12 y 24 horas, sin necesidad de esperar meses. Se trata de la tercera gran novedad de la legilación

4. Refuerza el delito de usurpación del Código Penal (artículo 245), pasando de pena de multa a pena de privación de libertad y contemplando expresamente la figura de las mafias de ocupación. Esta medida conlleva, por tanto, una modificación del Código Penal.

5. Agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia, lo que implica una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley del Jurado.

6. Se amplía la reforma de los procesos civiles aprobada en junio de 2018 para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de las casas ocupadas ilegalmente. Dentro de esta medida, dice la Proposición, contribuye además a mejorar la convivencia en comunidades de propietarios con varias viviendas cuya titularidad es de personas jurídicas, motivo por el que son elegidas para la ocupación ilegal al tener mayores problemas para el desalojo. Por tanto, colleva una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

7. Refuerza los medios al alcance de la comunidad de propietarios en aras de la convivencia vecinal (lo que permite prevenir la ocupación con medidas como tapiar la puerta de entrada) y para una mayor seguridad y poder combatir conductas incívicas, al poder acudir a la autoridad cuando los okupas realizan actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres. Esto conlleva una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. 

8. Por último, la nueva norma considera nula la inscripción en el padrón municipal de los okupas. Así, el empadronamiento de un okupa ilegal en una vivienda usurpada no da derechos y puede anularse de oficio o a instancia del propietario o poseedor legítimo. Para ello, se modificará la Ley de Bases de Régimen Local.

El partido ha solicitado a la Mesa del Congreso que esta proposición de ley sea tramitada a través del procedimiento de urgencia, lo que reduciría a la mitad los plazos necesarios para su entrada en vigor y, así, poder "combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así la propiedad privada, la convivencia y la seguridad".

Según los datos del partido, en septiembre del año pasado había en la Comunidad de Madrid cerca de 4.500 viviendas ocupadas de forma ilegal, de las que más de la mitad se encontraban en la capital.