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Los promotores solicitan suelo finalista y ayudas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes

APCE calcula que el sector necesita 120.000 viviendas al año para satisfacer la demanda

Construcción en Madrid. Fuente: Wikimedia.
Construcción en Madrid. Fuente: Wikimedia.

La falta de suelo finalista, la ausencia de ayudas y el escaso número de promociones industrializadas han generado un problema de acceso a la vivienda en los jóvenes, según APCEspaña. En este sentido, la asociación niega que el sector esté en recesión y habla de una "normalización", aunque cree que "todavía existen margen de crecimiento". Un desarrollo que ha de llegar tras el impulso de la industrialización de la construcción, las ayudas fiscales y la carga de suelo por parte de las administraciones públicas, según ha defendido este lunes presidente de las promotoras, Juan Antonio Gómez-Pintado. 

El diagnóstico está claro y la receta también. Digitalizar para abaratar costes, no sólo a la empresa, sino también al cliente. final. "La digitalización de los procesos burocráticos es una de las claves necesarias para que la vivienda sea más asequible", ha afirmado Gómez-Pintado durante la rueda de prensa en la que ha explicado el presente y el futuro del sector. 

Con respecto al devenir del ladrillo, el presiden de APCE opina que la situación se está "normalizando". De hecho, el directivo asevera que los precios "todavía están un 33% por debajo del máximo alcanzado en 2007". Para el cierre de 2019 Gómez-Pintado cree que la subida de precios se situará entre el 3,5% y el 5%. Una cifra que el ex-CEO de Vía Célere cree que es un buen punto de equilibrio, porque está seguro de que "no es bueno" que los precios aumenten a doble dígito cada año. Una teoría que también defendió recientemente en idealista/news Borja García- Egocheaga, CEO de Neinor. 

En relación a la construcción de viviendas, los promotores reclaman la producción de entre 120.000 y 150.000 unidades al año para corresponder a la demanda. El pasado ejercicio en España se construyeron 100.733 viviendas, frente a las 868.000 de 2016. Mientras que en lo que va de año los visados de obra nueva han alcanzado los 68.544, lo que supone una subida del 10,4% respecto al 2018. "Estaremos a finales de año en torno a las 115.000 unidades, con un incremento de 15.000 unidades", comentan desde APCE. Los visados de obra nueva son un trámite de obligado cumplimiento en el territorio nacional para poder conseguir la licencia de obra, y son tramitados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Este indicador refleja por lo tanto el número de viviendas en construcción, muy cercano a la cantidad que cree necesario la asociación de promotores.

Pero digital los procesos, como la concesión de licencias de obra y de primera ocupación, no es la única traba y el único factor que encarece el precio de la vivienda. Según APCE, la ausencia de suelo finalista lastra al sector y por ende también al cliente final. Por este motivo, la asociación reclama a las administraciones públicas que pongan en carga todo ese suelo finalista del que dispone para realizar colaboraciones público-privadas. 

"La falta de suelo encarece su precio y uno de los grandes tenedores es el sector público. Ni lo desarrollan, ni lo ofrecen", comenta Gómez-Pintado. Un ejemplo de esta teoría la representa el Cañaveral (Madrid), un desarrollo que ha pasado de ser un destino de para la clase media a uno para la clase media alta. "Hace cuatro años valía 350 euros el metro cuadrado ahora vale 850", declara el presidente de la APCE para ilustrar este problema. 

La tercera pata de la solución se sustenta en las ayudas, según afirman en la asociación. Una solución que representa la Comunidad de Madrid. La reciente iniciativa anunciada por la administración regional de facilitar el acceso a la compra de vivienda es un buen ejemplo para la APCE. "Hay una obsesión por que toda la vivienda que se inicie sea para alquiler. Lo suyo sería que el alquiler represente un 35% y que el resto de la vivienda sea de compraventa, que es lo que pasa en otros países de nuestro entorno", añade Gómez-Pintado.

Unas leyes que no ayudan

La patronal, por su parte, da cuenta del retraso de dos a tres meses que ha provocado la nueva ley hipotecaria, que entró en vigor en junio y que ha ocasionado el colapso en las notarías. “Lo que se tenía que escriturar en junio está llegando ahora a notarios y registradores”, indica el presidente de la asociación. En este sentido, Gómez-Pintado aclara que lo normal sería que al cierre del año el sector sea capaz de absorber esos meses de retraso. Un decalaje de tres meses. 

Por último, con respecto a la nueva ley de alquiler, que entró en vigor el pasado mes de marzo, consideran que no ha propiciado la salida de más oferta al mercado y que está provocando subidas de precios en ciudades donde el alquiler ya es prohibitivo, como Madrid, Barcelona, Baleares y Gipuzkoa.