Información sobre vivienda y economía

Quién podrá evitar ser desahuciado de su vivienda en alquiler por la crisis del covid-19

Autor: Redacción

Artículo escrito por Helena Pascual, abogada en Versus Estudio Jurídico y autora del blog Entre Códigos y Leyes.

Como sabemos, el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, suspendió los plazos procesales estableciendo la reanudación de los mismos en el momento que finalizara el estado de alarma. La semana pasada el Gobierno aprobó nuevas medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19, entre ellas las relativas a los procedimientos de desahucio por impago del alquiler.

El Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, aprueba la suspensión de los procedimientos de desahucios de vivienda que estuvieran en tramitación judicial, siempre que el arrendatario acredite en el juzgado que se encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida, como consecuencia del covid-19 y que le imposibilite encontrar nueva vivienda para sí y para las personas con las que conviva.

Una vez presentado escrito en el juzgado acreditando esta situación, el letrado de la Administración de Justicia lo comunicará a los servicios sociales y se suspenderá el lanzamiento de la vivienda si estuviera señalado o el procedimiento en el momento procesal en el que se encuentre, hasta que se adopten las medidas necesarias por los servicios sociales.

Esta suspensión lo será un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto. Sin embargo, en caso de que esta suspensión extraordinaria afecte a arrendadores que acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida, como consecuencia de los efectos de la expansión del covid-19, se seguirá el mismo procedimiento, comunicando a los servicios sociales esta situación para su consideración en el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar.

Por tanto, podrán solicitar la suspensión del procedimiento de desahucio, las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, la cual queda definida con la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos:

  1. Que el obligado al pago de la renta se encuentre en situación de desempleo o ERTE, o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, y en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos, no alcanzando el conjunto de ingresos de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la moratoria: - El límite de 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual), es decir, que no supere 1.613,52 €. -Este límite se incrementará en 0,1 % por hijo a cargo y 0,1% por persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
  2. Que la renta, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.