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Un tribunal frena la voracidad recaudatoria de Hacienda: impide embargar a un menor la casa heredada

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha puesto contra las cuerdas a Hacienda al impedir el embargo de la vivienda habitual propiedad de un menor de edad

Gtres
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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla La Mancha ha puesto contra a las cuerdas a Hacienda al impedir el embargo de la vivienda habitual propiedad de un menor de edad, deudor del fisco por no poder pagar el Impuesto de Sucesiones, hasta que alcance la mayoría de edad. Esta sentencia se suma a la del Tribunal Supremo que recientemente consideró que los niños no pueden ser declarados responsables de la deuda tributaria.

En el caso resuelto por el TSJ castellano manchego, un menor recibió por herencia una vivienda. Y en la condición de heredero universal, una plaza de garaje, y dinero en metálico, por importe de 52.788,77 euros. Poco después la hacienda de Castilla La Mancha le obligó a pagar el Impuesto de Sucesiones por importe de 78.263,29 euros, una cantidad que ni el niño ni los padres podían hacer frente, lo que se convirtió en una deuda tributaria. Pudieron pagar parte de la deuda (40.000 euros) y la familia pidió un aplazamiento del resto del importe.

Sin embargo, tal y como señala José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, la Administración autonómica negó dicho aplazamiento basándose en el artículo 65 de la Ley General Tributaria, que permite el aplazamiento solo cuando la situación económico-financiera del interesado impida el pago de forma transitoria. Del mismo modo, la Hacienda autonómica se amparó en el artículo 51.2 del Reglamento General de Recaudación, que permite la denegación cuando concurran dificultades económico-financieras de carácter estructural. Se consideró por la Administración que, en este caso, las dificultades eran de tal magnitud que impedían afrontar cualquier calendario de pagos.

Finalmente, la hacienda autonómica ordenó el embargo de la vivienda habitual (donde vivían los padres y el niño) para pagar la deuda que ya ascendía a 50.402,49 euros. “El embargo no pudo ser anotado, al figurar registralmente el inmueble a nombre de la causante. Pero dicha inscripción, cuando el asunto llegó al TSJ de Castilla La Mancha se seguía intentando, mediante el ejercicio de una acción subrogatoria de aceptación de herencia. Y también por la vía del artículo 14.3 de la Ley Hipotecaria, teniendo en cuenta que los padres del deudor, en el escrito de manifestación de herencia de 14 de octubre de 2013 presentado ante la Consejería, ya solicitaron al Registro de la Propiedad dicha inscripción”, añade Salcedo.

Sin embargo, el TSJ de Castilla La Mancha ha parado los pies a la hacienda autonómica al considerar que es plenamente aplicable el conocido “interés superior del menor”, previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Pero ¿qué ocurre cuando el interés del menor choca con otros intereses que, a priori, podrían ser igualmente legítimos, como es el interés recaudatorio de la Administración tributaria?

Pues bien, en este punto el apartado 4 del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 es claro al declarar que “En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes. En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.”

“Por tanto, el interés del menor es superior, y prima respecto a otros intereses legítimos que pudieran oponerse al mismo”, recalca Salcedo.

Así, el TSJ en su sentencia de 5 de febrero de este año concede el aplazamiento de la deuda tributaria hasta que el niño alcance la mayoría de edad, ya que la denegación del aplazamiento supondría que el embargo de la vivienda siguiera adelante.

Por ello, el TSJ declara que “ante esta posibilidad cierta de privación al menor de la única vivienda que posee en propiedad, y la ausencia de otros bienes que le permitiesen adquirir otra semejante en propiedad; junto a lo magro también de los ingresos de los padres del menor, inhábiles para proporcionar al hijo una vivienda con el carácter de estabilidad y certeza en la posesión que otorga la posesión en propiedad, frente a otras formas de uso y disfrute más precarias, debe accederse al aplazamiento como medida necesaria (y única al alcance en el presente asunto, dado el objeto del mismo) para hacer prevalecer el interés superior del menor.”

En opinión del socio de Ático Jurídico, el Tribunal prioriza el interés del menor, tratando al mismo tiempo de no perjudicar los intereses de Hacienda. Así, afirma en su sentencia que “El interés de la Administración no queda, en cualquier caso, desprotegido. Mientras no se regularice la situación registral el bien no puede ser enajenado con efectos registrales. Cuando se regularice, la Administración puede exigir la constitución sobre el mismo de la correspondiente garantía hipotecaria, o bien el interesado optar por el mantenimiento del embargo preventivo (art. 49 RGR).”

Con todo, José María Salcedo asegura que estamos ante una sentencia importante porque se protege al menor por encima de los legítimos intereses recaudatorios de Hacienda. Considera además, que “la sentencia abre la puerta a que dicho interés superior del menor pueda alegarse contra el fisco, en otros supuestos que igualmente afecten a menores de edad”.