Nace el think tank para erradicar la okupación: pide aumentar penas o recuperar la casa en 10 días

El Think Tank Acción Liberal acaba de lanzar un nuevo informe llamado ‘Erradiquemos la okupación en España’ para poner fin a esta lacra social y cuenta con la participación de primeros espadas en la materia: José María García, viceconsejero de vivienda de la Comunidad de Madrid; Mikel Echevarren, CEO de Colliers; Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, y César García Novoa, Catedrático de Derecho Tributario.

El informe pone negro sobre blanco a un problema que afecta a unos 100.000 inmuebles en España. 100.000 inmuebles okupados, según calcula la Plataforma de afectados por la ocupación. Y de los datos del Ministerio del Interior se desprende que en 2020 hubo 14.792 denuncias por ocupación de viviendas, un 40% más que en 2017, de las cuales 6.647 (el 45%) se produjeron en Cataluña, 2.381 en Andalucía y en Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid en torno a 1.300. Es decir, cada día hay cerca de 40 nuevas okupaciones de viviendas.

Ante esta situación de indefensión para los propietarios de viviendas, nace este Think Tank liderado por Daniel Rodríguez y que propone medidas liberales para poner fin a esta lacra social. Dichas medidas suponen modificaciones de carácter civil, fiscal, administrativo y fiscal para combatirlo y proteger al propietario afectado.

• Recuperar la posesión de la vivienda en 10 días: es preciso modificar normas procesales para mejorar la recuperación de la vivienda okupada por el legítimo propietario. Y también es esencial reformar el juicio verbal para que el dueño pueda recobrar la casa lo antes posible. Así, sería posible que el juez mediante auto resolviera esta lacra y que en un plazo máximo de 10 días el propietario pudiera contar con la posesión de la vivienda. Dicho auto no sería recurrible. El auto que ordene restituir en la posesión al demandante decidirá también el inmediato desalojo de los ocupantes dando traslado de tal circunstancia a los servicios sociales para que adopten las medidas pertinentes en caso de vulnerabilidad social.
• Más penas de prisión: actualmente en el artículo 245.1 del Código Penal la ocupación está sancionada con uno o dos años, pero Acción Liberal pide que esas penas aumenten a tres años. Y que la conexión a la red eléctrica será un delito tipificado en el Código Penal.
• Creación de un registro de viviendas ocupadas en los municipios: A ese registro accederán de oficio las viviendas cuando el Ayuntamiento tenga, por cualquier vía, conocimiento de la circunstancia de la okupación. Este registro será de consulta obligatoria cuando se pretenda el alta o el cambio de titularidad en el suministro de agua, luz, calefacción…
• Potestad a los ayuntamientos para que puedan desalojar de inmediato a los okupas en un máximo de 48 horas. Y que si el okupa restituye el inmueble a su dueño en menos de 48 horas, que la pena se conmute por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad entre 31 y 90 días. Así lo considera César García Novoa, Catedrático de Derecho Tributario.
• Sin obligaciones fiscales para el propietario afectado: mientras la vivienda esté okupada el propietario no debe tener obligación fiscal, ya que, según Acción Liberal, la ocupación reduce, de manera notable e injusta, su capacidad contributiva. Es decir, que no pague el IBI, el impuesto de patrimonio, etc. Mientras la casa esté okupada. Y debe admitirse la deducción sin límites de todos los gastos por reparaciones que el propietario tenga que afrontar en la vivienda después de que haya sido recuperada de una ocupación ilegal.
• Crear juzgados especiales para gestionar casos de ocupación: Mikel Echavarren señala que “la ocupación es un acto delictivo que atenta contra los derechos de los españoles y contra nuestra economía. Su defensa o amparo por parte de nuestros gobernantes no es más que un acto calculado de populismo que cambia votos a corto plazo frente al bien común y el bienestar futuro de todos los españoles”.

Añade que “cada vez que se ocupa ilegalmente una vivienda se provoca un enorme daño en la liquidez y el valor de dicho activo, que puede estar hipotecado y, por lo tanto, su propietario no tener medios para cubrir los pagos de dicha hipoteca, o que en cualquier caso supone la imposibilidad momentánea de poder vender esa vivienda a un tercero ante cualquier tipo de necesidad”.