
Okupar por necesidad es algo que pasó a la historia, y es que los últimos ejemplos empiezan a evidenciar que, ante la poca actuación de la justicia, cada vez hay más okupaciones de personas que realmente son solventes. El último tipo de okupa se ha detectado en Cataluña, y es ese que no está en situación de vulnerabilidad, pero que ha decidido okupar una casa y no pagar su alquiler.
El contexto de la okupación en Cataluña es ya de por si preocupante: “lidera las cifras estatales por ocupación de vivienda desde al año 2015”, según un estudio elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Este informe señala que entre 2015 y 2022 las denuncias por este delito han aumentado más de un 77% en la comunidad autónoma. En cifras absolutas, este porcentaje “se traduce en 7.005 casos de ocupación ilegal registrados el año pasado frente a los 3.950 de siete años antes”.
Barcelona como “epicentro de un nuevo perfil” ha dado pie, además, a la aparición de nuevos modelos y perfiles de okupas que “no están en situación de vulnerabilidad”. Uno de los casos que respondería a este nuevo modelo de ocupación ilegal, según apunta el estudio, es el de algunos de los inquilinos de Casa Orsola, en el Eixample de Barcelona: “Arrendatarios demandados por la propiedad por permanecer en la vivienda pese a haber concluido su contrato, con ingresos estables y que no acreditan vulnerabilidad”.
“Tal y como se ha visto recientemente, casos como el de Casa Orsola en la ciudad de Barcelona, donde varios inquilinos no vulnerables han rechazado el fin de sus contratos de arrendamiento y permanecen en las viviendas, demuestran que los altos niveles de okupación ilegal en la capital catalana han dado pie a que personas no necesitadas aprovechen este contexto”, manifestó Jesús Sánchez Lambás, portavoz y vicepresidente del Instituto Coordenadas.
En esta misma línea se expresaba hace unas semanas la abogada especializada en este tipo de casos María José Tarancón, quien señalaba que “la única finalidad de estas ocupaciones en alza es beneficiarse de alquileres por debajo del mercado cuando no son para nada vulnerables”.
La abogada lamentaba que estos perfiles, que los abogados expertos en este delito definen como ‘okupas acomodados’, “se aprovechan de la sensibilidad social que han logrado generar quienes sí son vulnerables, y además cuentan con el apoyo de los sindicatos de inquilinos, que no distinguen entre vulnerables o no”.
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