IEE: “Los grandes fondos son los que están modernizando y abaratando los alquileres”

España se enfrenta a un año de estancamiento económico y un freno en la creación de empleo, mientras persisten grandes retos como bajar la tasa de paro, la más alta de la Unión Europea, reducir el elevado déficit público, reformar el sistema de pensiones y lograr que el sistema fiscal sea más competitivo, no genere situaciones confiscatorias y aumente la recaudación. A todos ellos se suma mejorar la seguridad jurídica en el mercado de la vivienda para aumentar la oferta y frenar la presión que la elevada demanda está ejerciendo en los precios.

Estas son algunas de las reflexiones que plantea a idealista/news Iñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, vicepresidente de la CEOE y presidente de Rothschild España. Fernández de Mesa, que fue secretario general del Tesoro Público y Política Financiera durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, critica en esta entrevista la demonización que están sufriendo los empresarios en los últimos tiempos y también los grandes fondos de inversión, pese a que su llegada al mercado inmobiliario está modernizando y abaratando los alquileres en los mercados desarrollados. También habla sobre la excesiva presión fiscal que hay en España y el atractivo que están despertando entre los pequeños ahorradores las Letras del Tesoro.

¿En qué punto está actualmente la economía española y qué podemos esperar para el año 2023, además de incertidumbre?

Como punto positivo, la economía española parece que ha evitado entrar en recesión. No obstante, tenemos numerosos riesgos y la economía está en un estado de estancamiento. El crecimiento va a ser muy moderado en España, posiblemente por encima del 1%, y también vamos a tener un estancamiento desde el punto de vista de la creación de empleo. Es decir, no creemos que se vaya a producir una ruptura en el mercado laboral y que se pueda destruir empleo, pero tampoco que se vaya a crear.

"La economía está en un estado de estancamiento"

Por tanto, en España tenemos grandes retos por delante y tenemos que hacer grandes reformas si realmente queremos superarlos en los próximos años. El primer reto es la alta tasa de paro, que está cerca del 13% y es la más alta de la Unión Europea. Otro gran reto es el elevadísimo déficit público que tenemos que corregir. Para ello, la solución es que la economía crezca más y para que la economía crezca más es importante reformar nuestro sistema fiscal, que es tremendamente ineficiente, genera muchas distorsiones y recauda poco, además de tener una de las mayores presiones fiscales de Europa. Pagamos un 50% más de impuestos que la media de la Unión Europea cuando corregimos por el nivel de renta.

También necesitamos una simplificación de los procedimientos administrativos, ya que tenemos 17 legislaciones distintas en muchísimas cuestiones que afectan a la actividad económica y que habría que armonizar. Y esto creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, porque impiden el desarrollo empresarial.

Y otra gran reforma que necesita España es una reforma adecuada de las pensiones. Tenemos un sistema de pensiones deficitario y tenemos que reequilibrar las pensiones en el largo plazo, pero lo que no se puede hacer es una reforma donde toda la carga se ponga sobre las empresas, porque al final no se resolverá el problema. El aumento de las cotizaciones sociales de las empresas va a perjudicar a la creación de empleo y al final lo que necesitamos es que haya mucha gente trabajando para poder pagar las pensiones. Por lo tanto, hay que pensar una reforma seria de las pensiones.

Además de impulsar el crecimiento económico, imagino que es igual de importante reducir el gasto público…

Tenemos un déficit estructural de entre 60.000 y 70.000 millones de euros, que son los gastos que tenemos con carácter estructural por encima de nuestros ingresos, por lo que es necesario reformar el gasto público.

En el Instituto de Estudios Económicos hemos concluido que sería posible reducir el gasto en unos 50.000-60.000 millones de euros sin tocar el Estado del Bienestar, simplemente recortando gastos de la Administración. Y esa es una de las grandes reformas que tiene que acometer el Gobierno: ahorrar dinero evitando duplicidades entre distintas Administraciones, mejorar la colaboración público-privada para que se presten servicios con menor coste y con mayor eficiencia y hacer un presupuesto por objetivos, de tal forma que se analice cada gasto realizado con el objetivo que se le asigna. Y si no se consigue ese objetivo, habría que eliminar ese gasto o cambiarlo. Otros países utilizan este tipo de técnicas para mejorar esa eficiencia del gasto público.

¿Ves predisposición del Gobierno para llevar a cabo todas estas reformas en las condiciones que mencionáis los empresarios?

No hay un interés por parte del Gobierno en llevarlo a cabo. Creo que el Gobierno no reconoce la existencia de un problema de ineficiencia de gasto, y cuando uno no reconoce el problema, es difícil que se puedan hacer reformas. Y creo que todo el tema de la simplificación y de la eliminación de normas autonómicas para las empresas requiere un enorme esfuerzo por parte de todas las Administraciones y un gran coraje político para llevarlo a cabo. Creemos que es difícil y un reto a medio y largo plazo, porque hasta ahora en lo que se ha puesto énfasis es fundamentalmente en aumentar el coste de las de las empresas. Y no es la vía adecuada, porque el pago de las pensiones pasa por tener el mayor número de ocupados en nuestro país.

"El Gobierno no reconoce la existencia de un problema de ineficiencia del gasto público"

Otro de los frentes económicos este año son las futuras subidas de los tipos de interés por parte del BCE. ¿Qué esperas en este sentido?

El Banco Central Europeo se va a tomar muy en serio su lucha contra la inflación, que es un problema mundial que hay que erradicar. Y es cierto que las expectativas que tenemos son buenas. Creemos que la inflación va a empezar a moderarse hasta llegar a niveles cercanos al 4%, posiblemente a mediados o en la última parte de este año, pero va a costar bajar la inflación hasta niveles del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo y que posiblemente no se alcance hasta finales del próximo año. No obstante, para que los tipos de interés suban menos y la inflación se controle antes, hace falta ayudar al Banco Central Europeo. La inflación en Europa es una inflación fundamentalmente de costes, pero el único instrumento que tiene el Banco Central Europeo para controlar la inflación y subir los tipos de interés para enfriar la economía.

"Para que los tipos de interés suban menos y la inflación se controle antes, hace falta ayudar al BCE"

¿Y qué se puede hacer para que la economía se enfríe menos y el Banco Central suba menos los tipos de interés? Pues los gobiernos, en primer lugar, deben tener políticas fiscales mucho más prudentes, sobre todo gobiernos como el español. Una política fiscal más expansiva va a generar más inflación y, por tanto, mayores tipos de interés.

No olvidemos que el Estado español ha sido el que el gran beneficiario de la inflación, que ha mejorado sus ingresos en 50.000 millones de euros respecto a niveles precovid. Y lo que tiene que hacer es ayudar a aquellos que más están sufriendo como consecuencia de la inflación para evitar que haya una espiral de salarios-precios que haga que la inflación sea más difícil de controlar, así como promover unos Presupuestos Generales del Estado prudentes. Y esto hasta el momento no se ha hecho, pero es la clave para que los tipos de interés suban lo menos posible.

"Una política fiscal expansiva va a generar más inflación y mayores tipos de interés"

¿Qué piensas del impuesto a las grandes fortunas? El Constitucional ya ha admitido a trámite el recurso que ha presentado Andalucía…

En primer lugar, desde el punto de vista económico, este es un impuesto que se ha eliminado en prácticamente todos los países desarrollados, porque es un impuesto que recauda muy poco y genera muchísimas distorsiones. De hecho, hay un informe del prestigioso instituto alemán Ifo que concluye que, por cada euro recaudado en el Impuesto del Patrimonio, se pierden 5 euros como consecuencia de la disminución de la actividad. Y esa es la razón por la cual ningún país de la Unión Europea, y prácticamente ningún país desarrollado, utiliza este impuesto, porque en el medio plazo genera pérdida de recaudación y enormes distorsiones.

Pero, más allá de esto, la forma en la que este impuesto se ha diseñado en España hace que posiblemente vaya a ser rechazado por el Tribunal Constitucional.

En el Instituto de Estudios Económicos encargamos de un informe a siete catedráticos de Derecho Tributario y todos concluyen que es un impuesto que difícilmente encaja en el marco de nuestra Constitución por cuatro razones, dos de forma y dos de fondo.

Una de las razones de forma es que es un impuesto que trata de aumentar la recaudación a través de una armonización fiscal, y para ello no se puede usar el procedimiento que ha usado el Gobierno. Realmente la figura oportuna para armonizar los sistemas tributarios de las comunidades autónomas es una Ley Orgánica, no una enmienda en una ley que nada tiene que ver, y tendrían que haber intervenido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, haber convocado a las comunidades autónomas… Cuestiones que no se han hecho. Otra razón de forma es que no se han usado los procedimientos habituales de audiencia pública, informes preceptivos del Consejo de Estado…, que tendrían que haberse realizado.

Además, hay dos razones de fondo muy importantes. En primer lugar, se trata de un impuesto regresivo que no cumple con las más mínimas cuestiones en materia de seguridad jurídica, porque es un impuesto que se aprueba a finales de diciembre y se aplica para el año 2022, por lo que tiene un carácter regresivo y atenta contra la seguridad jurídica. A la gente le ha impedido planificar sus asuntos fiscales, puesto que el impuesto entró en vigor a final de año.

 Y la segunda razón de fondo es que es un impuesto confiscatorio. Creo que es el más confiscatorio y el más distorsionador de la economía. Como he comentado anteriormente, es un impuesto que en el medio plazo no genera ingresos, y posiblemente los reduzca, pero en cambio impide la atracción de talento. Con este impuesto no hace falta tener mucho patrimonio para que una persona pague cerca de un 60% de la renta, mientras que, en países como Alemania, el tipo máximo es un 45% y no se puede recaudar por el IRPF más del 50%, porque si no la Constitución considera que es confiscatorio. Pero en este caso se puede llegar a pagar el 70% o incluso más.

"El impuesto a las grandes fortunas es el más confiscatorio y distorsionador de la economía e impide la atracción de talento"

¿Qué gran empresa multinacional va a querer instalarse en España si sus trabajadores de mayor cualificación tienen que pagar un 60%, más que en Alemania y no digamos que en Italia o Portugal? Por tanto, es un impuesto muy distorsionador que impide la atracción de talento y hace que muchos capitales sopesen dirigirse a otras partes, fuera de España. 

idealista/news

Precisamente otro informe reciente del IEE determinaba que en los últimos años España ha liderado el incremento de la presión fiscal en la OCDE. ¿Por qué?

La presión fiscal de España se ha incrementado de una forma notable en los últimos años, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países como Alemania, Reino Unido, Italia o Francia, que han reducido la fiscalidad para lograr salir lo antes posible de la crisis. En España, en cambio, se ha optado por la opción de aumentar impuestos. La consecuencia es que la presión fiscal en España está en máximos históricos, tras superar el 42% del PIB en 2022.

Pero si además tenemos en cuenta el nivel de renta de España, el esfuerzo fiscal exponencial ya es un 53% más elevado que la media de la Unión Europea. Por tanto, la presión fiscal corregida por renta supone que una persona que gana 40.000 o 50.000 euros paga el 53% más que lo que paga de media un trabajador con el mismo sueldo en otros países europeos.

Tenemos un sistema fiscal muy extorsionador y muy ineficiente. En el IEE desarrollamos un indicador con la Tax Foundation de Estados Unidos que hace un ranking de 38 países, y España está situado en el número 34, mientras que en 2019 ocupábamos en el puesto 23.

Hemos perdido muchas posiciones en los últimos años y eso que en la última edición no hemos contemplado los impuestos a las energéticas, los bancos y las grandes fortunas, porque todavía no estaban en vigor. Así que mucho me temo que, una vez que se introduzcan estos impuestos, seguiremos descendiendo escalones, mientras que lo que necesita España es tener un sistema fiscal que incentive más el ahorro, la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo y, a través de eso, que genere una mayor recaudación.

Pero el Gobierno insiste en que la presión fiscal es muy baja, especialmente respecto a otros países europeos. ¿A qué se debe esta diferencia entre lo que dice el Ejecutivo y lo que decís los empresarios?

El Gobierno se fija en la presión fiscal, pero no en el esfuerzo fiscal que tiene en cuenta el nivel de renta. Por tanto, la presión fiscal es un indicador parcial, porque no contempla realmente el esfuerzo que hacemos los españoles. Ponderado por renta, el esfuerzo fiscal es mucho mayor en España.

"España necesita un sistema fiscal que incentive el ahorro, la inversión, el crecimiento económico y el empleo"

¿En qué punto está ahora el mercado inmobiliario?

España es un gran país, está de moda y atrae mucho a los ciudadanos internacionales. Y esperemos que siga así en el futuro, pero hay cuestiones que hay que cuidar. No se pueden imponer restricciones en el mercado inmobiliario que perjudiquen este atractivo y sobre todo con ideas como poner techo a los alquileres que ya se ha comprobado que no solo son ineficientes, sino que tienen las consecuencias contrarias a las que se pretenden conseguir. Al final, lo que se consigue es que se disminuya la fuerza de casas en alquiler y se aumente los precios del alquiler.

Otra medida que me parece también muy desafortunada es la propuesta de restricción de los extranjeros en la compra de viviendas en España. Precisamente muchas veces las compras de viviendas por extranjeros son las que generan una rehabilitación de nuestro parque residencial. Además, la compra de viviendas es fundamental para atraer talento de fuera. Es decir, si pretendemos atraer a los grandes profesionales internacionales que generan valor añadido y les ponemos restricciones para su ubicación en el país, lo que hacemos es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Lo que no hay que hacer a través de las políticas públicas es perjudicar el atractivo de España.

¿Qué medidas consideras que son las más adecuadas?

El sector de la vivienda y el sector de la construcción son absolutamente fundamentales y claves para la economía española y también para los ciudadanos. Lo conveniente es buscar siempre medidas que mejoren la eficiencia del sector y tratar de evitar medidas que tengan un carácter ideológico. La solución para la vivienda es aumentar el stock de viviendas en alquiler y esa es la forma de tener alquileres baratos.

Por otro lado, nuevos actores han empezado a interactuar en el mercado de alquiler y están ayudando a que el mercado de la vivienda mejore. A nivel mundial, los países desarrollados se están beneficiando de la participación de los grandes fondos que están empezando a invertir en viviendas y alquilarlas. Estos fondos son los que están modernizando y abaratando los alquileres porque tienen mucha más capacidad de contratación y de reformar las viviendas de manera mucho más barata. Además, dan mucha más flexibilidad al que alquila la vivienda, porque al tener un parque variado, una persona puede cambiar de casa fácilmente y con muy poco coste, pasando de una habitación a lo mejor de dos o tres habitaciones si por ejemplo aumenta la familia. O si tiene una avería en casa, esos grandes operadores lo solucionan de una forma rápida y eficiente. Lejos de tratar de perjudicarles, a esos actores hay que apoyarlos porque en realidad va en beneficio de la gente que alquila.

Y luego para los grupos más desfavorecidos lo que es muy importante es que haya colaboración público-privada. El sector público ha demostrado en los últimos años que es incapaz de promover vivienda pública para la población vulnerable. Pero si por un lado se promociona el impago de alquiler hacia los grandes tenedores de vivienda y por otro el sector público no es capaz de darles una solución, al final lo que va a ocurrir es que esta gente no tendrá vivienda. Lo que debe haber es un sistema donde, a través de la colaboración público privada, se pueda obtener vivienda barata de alquiler para las personas vulnerables.

"Lejos de tratar de perjudicarles, hay que apoyarlos porque en realidad va en beneficio de la gente que alquila"

No estás de acuerdo entonces con la paralización de los desahucios, el tope a las rentas en la renovación de los contratos de alquiler o el límite que propone la futura Ley de Vivienda…

La política tiene que ser absolutamente la contraria. Esas medidas lo único que provocan es escasez de vivienda en alquiler y cuando un bien es escaso, aumenta su precio, por lo que las personas que se van a ver especialmente afectadas son las personas con un menor nivel de renta o personas vulnerables que van a tener mucho más complicado el acceso a una vivienda. Y si el sector público no es capaz de darles una solución, se van a ver en una situación muy complicada.

El apoyo por parte del sector público a las personas con dificultades para que puedan pagar su alquiler es la forma de que las personas vulnerables puedan tener acceso a una vivienda a un precio razonable. Si una persona es vulnerable y hay riesgo de que no va a pagar, lo lógico es que al final el propietario acabe alquilando la vivienda a otra persona. Por eso precisamente lo que tiene que hacer el Estado es que bajo ninguna costa una persona vulnerable deje de pagar una vivienda y que le dé el dinero necesario para que pueda pagar. Así, todo el mundo estaría encantado de alquilar una casa a una persona con problemas porque sabe que el Estado le va a apoyar y va a pagar siempre.

"Si el sector público no es capaz de dar una solución, las personas con menor nivel de renta se van a ver en una situación muy complicada"

¿Consideras que hay inseguridad jurídica en materia de vivienda?

En materia de vivienda creo que hay mucha inseguridad jurídica y, sobre todo que, lejos de tener una política de apoyo a la persona que emprenda, a la persona que quiere hacer promociones y que quiere alquilar, hay una demonización de los empresarios en su conjunto. Todo el ruido en base a los techos de alquiler y a la posibilidad de negar la compra de viviendas a extranjeros, y a demonizar a los grandes operadores son medidas que generan inseguridad. Y al final, lejos de potenciar la creación de pisos disponibles para el alquiler, lo que se está haciendo es que las personas o los empresarios no quieran asumir riesgos, porque si además del riesgo comercial que siempre existe en un sector tan cíclico como este tienes un riesgo regulatorio, las cosas se complican más.

"Hay mucha inseguiridad jurídica y una demonización de los empresarios"

Se ha hablado mucho sobre que estas medidas en vivienda o el impuesto a las grandes fortunas puedan frenar inversiones en España. ¿Es un riesgo real?

Sí, claro. Muchas inversiones se realizan cuando tienes una fiscalidad realmente competitiva. España es un país tremendamente atractivo porque tenemos grandes infraestructuras, un gran clima, una gran gastronomía… Y creo que una mínima eficiencia fiscal es necesaria para que muchas inversiones y muchos emprendedores decidan ubicarse en nuestro país.

idealista/news

¿Cómo se puede conseguir esa eficiencia fiscal?

Eliminando el impuesto a las grandes fortunas, que no lo tiene ningún país de la Unión Europea, y haciendo un análisis exhaustivo de cómo podemos mejorar la eficiencia de nuestro gasto ofreciendo mejores servicios públicos con menores costes. En tercer lugar, limitando la fiscalidad de las empresas que es muy elevada y reducir la fiscalidad a la contratación en el trabajo. La cuña fiscal en España es la más alta de Europa: de cada euro que se gasta una empresa en contratar a un trabajador 0,4 euros van al Estado y 0,6 van al trabajador. Esto lo hace tremendamente ineficiente y poco competitivo.

Lo que necesitamos es un sistema fiscal que recaude y, en segundo lugar, que distorsione lo mínimo posible la economía. Si tenemos que financiar el déficit de pensiones aumentando las contribuciones a la Seguridad Social de los trabajadores, cuando tenemos la mayor tasa de paro de Europa y las empresas soportan las contribuciones más altas, creo que castigar la contratación es el peor modo de mejorar la situación.

Desde luego, tampoco podemos dar golpes de timón haciendo impuestos como el de las eléctricas y el de la banca, que, vuelvo a insistir, son impuestos que recaudan muy poco (apenas 1.500 millones de euros para un agujero fiscal de 60.000 millones) y además generan inseguridad jurídica.

¿Qué empresa va a querer invertir en España si el Estado de forma arbitraria considera que gana mucho dinero y pone un impuesto especial? Eso se llama inseguridad jurídica.

En los últimos meses, muchos particulares están invirtiendo en Letras del Tesoro. En base a tu trayectoria personal, ¿crees que son una mejor inversión que una vivienda?

Creo que cada inversión está diseñada para un perfil de inversor distinto y las dos son buenas inversiones, no me cabe la menor duda. En cualquier caso, es positivo que el particular invierta en Letras del Tesoro, ya que es una asignatura pendiente que tenemos en España y que sí ocurre en otros países, como es el caso de Italia. El hecho de que ahora tenga una buena remuneración es una buena noticia para los ahorradores. Pero lo que es muy importante es que en España se hagan los deberes para conseguir mandar la señal de que nuestras cuentas están equilibradas. Ya no tenemos el apoyo del BCE que tuvimos hace unos meses y vamos a tener que convencer a los inversores internacionales para que sigan apostando por la deuda pública española. Y para ello necesitamos un plan creíble en el medio plazo y tenemos que cumplirlo. Hace falta también coraje político y una forma de conseguir ese equilibrio en el presupuesto no es tanto aumentar los impuestos, sino hacer un gasto mucho más eficiente.

"Las Letras del Tesoro y la vivienda son buenas inversiones, no me cabe la menor duda"

¿Qué debe tener en cuenta un particular al invertir en deuda pública?

Debe tener en cuenta si los títulos son a corto plazo, que en principio tienen menos rentabilidad, pero son más estables; o si son títulos a largo plazo, que puede tener mayor volatilidad y, por tanto, conviene invertir un dinero que no se vaya a usar en el corto plazo. Aunque sean renta fija, a largo plazo pueden variar dependiendo de cuestiones como los tipos de interés o las primas de riesgo.

Por lo tanto, las personas que invierten en deuda pública a largo plazo tienen que estar cómodas con esas condiciones, mientras que si eligen los vencimientos más cortos van a tener menos rentabilidad, pero también van a ver más protegido su principal.