El Parlamento francés aprueba finalmente la ley antiokupas con penas de tres años de prisión

Francia, cada vez más cerca de reducir su problema con la okupación drásticamente. La semana pasada, el Parlamento francés aprobó con 247 votos a favor y 91 en contra el proyecto de ley destinado a endurecer las penas contra los okupas. El texto había sido aceptado en primera lectura por la Asamblea Nacional en diciembre pasado, a pesar de las protestas de la izquierda. Entre las principales penas, está la de castigar con tres años de prisión a los okupas.

Según el Ministro de Justicia francés, Éric Dupond-Moretti, el texto es "equilibrado, porque refuerza los derechos de los propietarios sin poner en entredicho la protección de los ocupantes de buena fe". Esta propuesta es la última de una larga serie destinada a proteger a los propietarios de la ocupación ilegal. 

En 2020, la ley ASAP ya permitía a las víctimas de ocupaciones ilegales recuperar su propiedad a través de una simple denuncia, sin pasar por los tribunales. “La okupación es una violación de la privacidad y queremos que sea reprimida sin debilidades”, dijo Dominique Estrosi Sassone, el senador por LR en el origen de este texto.

El proyecto de ley recientemente aprobado prevé reforzar aún más el arsenal legal contra los ocupantes ilegales. En caso de ocupación ilegal, se exponen a una sanción de hasta tres años de prisión y multa de 45.000 euros. El texto también crea un nuevo delito de “propagación o publicidad a favor de métodos que favorezcan el allanamiento de morada”, sancionado con una multa de 3.750 euros.

El texto también amplía el perímetro de la okupación, que antes solo afectaba a las residencias principales. A partir de ahora, los métodos de desalojo también podrán utilizarse en el contexto de segundas residencias y viviendas desocupadas que contengan muebles.

La propuesta también ataca a los morosos. Prevé la adición automática a los contratos de arrendamiento de una cláusula de "rescisión por derecho". Si se activa, debería permitir a los propietarios cuyos inquilinos ya no pagan el alquiler obtener la terminación del contrato de arrendamiento sin embarcarse en una larga batalla legal, y también obtener un desalojo.

La izquierda francesa, en desacuerdo

Estas nuevas medidas están siendo muy criticadas por la izquierda francesa. Según Pascal Savoldelli, senador y miembro del grupo Comunista, Republicano, Ciudadano y Ecologista (CRCE), el texto fomenta una "verdadera criminalización de la pobreza". La exministra socialista Marie-Noëlle Lienemann considera esta propuesta como "una ofensiva contra los inquilinos y contra los más desfavorecidos".

Por su parte, las asociaciones que luchan contra la vivienda precaria se oponen al texto. La Asociación Derecho a la Vivienda (DAL) ha organizado movilizaciones frente al Senado, bajo el lema "¡La vivienda no es un delito, es un derecho!". Protestas similares tuvieron lugar en toda Francia. Secours Catholique (Cáritas en Francia) cree que aplicando este texto al pie de la letra se podría duplicar el número de personas sin hogar.