Un marco legislativo proteccionista facilita que Cataluña lidere las okupaciones en España

La okupación de viviendas en España sigue siendo una problemática social y económica. Cada día hay más de 40 okupaciones ilegales de vivienda en el país, siendo alrededor de 15.000 al año. Según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, consultados por Europa Press, Cataluña sigue liderando de forma destacada las okupaciones ilegales en el país, al sumar el 40% de los 10.345 casos contabilizados en el conjunto de España hasta agosto de 2023.

El fenómeno actual de la okupación en Cataluña tiene sus raíces en la crisis hipotecaria y el contexto de inestabilidad económica que se generó a raíz de esta. Así lo establece Carles Sala, portavoz de los API de Catalunya. El profesional destaca que este problema se interpreta por determinados movimientos de activistas y por algunas fuerzas políticas, “con particular predicamento en Cataluña, como una medida de emergencia ante la falta de acceso a vivienda para las personas vulnerables, así como una respuesta “adecuada” a los “abusos” del mercado inmobiliario”.

Sala establece que las entidades financieras, al adjudicarse propiedades mediante ejecuciones hipotecarias, generaron un elevado volumen de viviendas vacías, lo que facilitó su okupación. Posteriormente, la regulación excesivamente permisiva fomentó un “efecto llamada” que, lejos de estar exento de abusos, ha propiciado la aparición de mafias organizadas que explotan las vulnerabilidades del sistema.

Por su parte, Montserrat Junyent, vicepresidenta de la patronal inmobiliaria FADEI, cree que en la comunidad catalana hay una mayor okupación como consecuencia de un marco legislativo favorecedor y proteccionista, “especialmente la obligación de ofrecer un alquiler social en determinados supuestos, sin perjuicio de que recientemente el TC se ha pronunciado acerca de la inconstitucionalidad de estas medidas”.

Okupación: un fenómeno que va a más

Aunque el número de okupaciones en el sector inmobiliario profesional disminuye, desde FADEI argumentan que esto no sucede porque disminuya el fenómeno, “sino porque los afectados deciden solucionarlo por la vía de la negociación para poder recuperar su vivienda antes”.

Para Junyent, la ocupación, no sólo se mantiene sino que se incrementa, “por la dificultad que le supone al propietario la recuperación de la vivienda con agilidad”. Establece que, mientras nuestro marco jurídico no establezca medidas rápidas y eficaces, y el legislador trate la ocupación como una alternativa habitacional para colectivos vulnerables es un problema de difícil solución.

Carles Sala es de la opinión que se está produciendo un cambio significativo en la percepción y aceptación social que inicialmente tuvo este fenómeno. “Hoy en día, se cuestiona la legitimidad de la okupación, en parte debido a la carga que representa para los vecinos, especialmente para aquellos que observan cómo se perpetúa esta situación, y sienten un agravio comparativo respecto a su esfuerzo mensual en el pago de la renta o la hipoteca, frente a quienes no enfrentan dichos gastos desde hace años”.

El experto de API destaca que, en aquellas comunidades donde se observa una degradación de la convivencia, la tolerancia hacia las okupaciones ilegales disminuye, sobre todo cuando implican defraudaciones de servicios básicos u otras actividades ilícitas. “En Cataluña, el desgaste de la narrativa de “lucha por la vivienda” promovida por determinados colectivos y fuerzas políticas, junto a la falta de soluciones efectivas, ha generado un cambio en la opinión pública”.

Lentitud en procesos legales

Muchos propietarios se quejan porque “sacar a los okupas de sus casas” es un proceso lento que puede durar unos dos años si se establece por la presente vía legal.

Montserrat Junyent opina que los procesos legales son lentos porque estamos en un ordenamiento jurídico extremadamente garantista, lo que comporta una ralentización de los procedimientos, “un exceso de acciones contenidas en el proceso con el fin de  garantizar los derechos las partes”.

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Desde los API destacan que este retroceso en los procesos legales se debe a varios factores como un sistema judicial está sobrecargado que carece de recursos suficientes, “además, la legislación penal vigente en esta materia resulta ineficaz, mientras que la vía civil, que es la utilizada principalmente para resolver estas situaciones, se ve dilatada por normativas que tienden a proteger la okupación, como algunas disposiciones procesales de la Ley 12/2023, de derecho a la vivienda”.

En comparación con otros países europeos, España se encuentra en una posición desfavorable. Mientras que en Francia, Alemania y Reino Unido existen mecanismos que permiten desalojos más expeditos, en España el tiempo promedio para recuperar un inmueble ocupado sin título habilitante, puede llegar a superar, en determinadas circunstancias, los 24 meses. “Esto no solo afecta la seguridad jurídica del propietario, sino que también genera desconfianza generalizada en el mercado de alquiler”, según Sala.

Qué hacer para que se reduzcan las okupaciones en Cataluña

En FADEI creen que este problema debe abordarse desde el ámbito civil y el penal, y dependerá de las circunstancias de cada caso escoger la mejor opción: si afecta o no a una vivienda residencia habitual del propietario, si la ocupación lleva tiempo o se ha producido hace ya varios días.... “de manera que una solución definitiva exige un mejor tratamiento procesal civil o penal, abordar la reincidencia en el caso penal y dotar a los cuerpos de seguridad del estado de la autonomía suficiente para llevar a cabo los desalojos con la máxima inmediatez”.

Debe haber, por tanto, una combinación de reformas legales y medidas preventivas. Carles Sala expone que es necesario reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal e introducir medidas cautelares que permitan desalojar a los ocupantes ilegales de forma inmediata.

En este sentido, como Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la entidad que representa Sala ha participado en la redacción de una proposición de ley presentada públicamente por el Colegio de Abogados de Barcelona. “Esta reforma agilizaría los procedimientos y reduciría la duración de los desalojos, alineando la normativa española con la de otros países europeos”.

También destaca el desarrollo de políticas sociales para abordar el problema estructural de acceso a la vivienda. “La creación de mecanismos de emergencia de provisión de techo digno a personas vulnerables está lejos de dar respuesta a las dificultades de la población más vulnerable. Asimismo, resulta esencial implementar campañas de concienciación pública sobre las consecuencias legales y sociales de la okupación, enfatizando que el derecho a una vivienda digna no justifica la usurpación de propiedades privadas, independientemente de quién sea el propietario”.