El V Congreso de Derecho Inmobiliario se ha saldado con varias peticiones ligadas a la vivienda. Los expertos que se han reunido esta semana en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han reclamado un Pacto de Estado para solucionar el problema del acceso a la vivienda en España, así como la puesta en marcha de medidas cautelares que permitan desalojos en 48 horas para frenar las okupación ilegal.
El decano del ICAB, Jesús M. Sánchez García, que ha inaugurado el congreso junto a la presidenta de la Sección de Derecho Civil del ICAB, Marta Legarreta, ha subrayado la necesidad de abordar de forma transversal las problemáticas relacionadas con la vivienda y ha anunciado que a principios de 2025 la entidad celebrará una jornada sobre la ocupación delincuencial.
El congreso se ha estructurado en cinco mesas y la primera de ellas ha versado sobre las implicaciones jurídicas y normativas del alquiler turístico, los arrendamientos de temporada y el alquiler de habitaciones.
Sobre el alquiler de temporada, los expertos han señalado que "tiene una clara función social y responde a las necesidades de la actividad económica de la población", pero ante la falta de vivienda han dicho que la solución no es aplicar políticas restrictivas, que se verían traducidas en una mayor retroacción del mercado inmobiliario.
En la segunda mesa se han analizado los problemas y soluciones relativos al arrendamiento de bienes según la normativa catalana y los participantes han dicho que el fomento del mercado de alquiler asequible solo será viable si se proporciona una mayor seguridad jurídica a los arrendadores.
Más inversión en vivienda social y un Pacto de Estado
También se ha analizado la venta de viviendas de protección oficial y la construcción de nueva vivienda y los expertos han concluido que es necesario que se realice una "fuerte inversión", según reza el comunicado oficial, para revertir la situación actual de escasez de vivienda social, pues en este sentido tanto Cataluña como en el conjunto de España están en niveles inferiores a la media europea.
También se ha debatido sobre los puntos más controvertidos de la reciente Ley 12/2023 sobre el Derecho a la Vivienda, que entró en vigor hace año y medio. Según los ponentes, la norma ha "ahogado" el mercado inmobiliario y genera inseguridad jurídica y desequilibrio entre las partes.
Modificar la Ley de Enjuciamiento Criminal para frenar la okupación
Por último, en la quinta edición del Congreso de Derecho Inmobiliario se ha debatido se ha tratado el tema de la ocupación delincuencial y la recuperación de las posesiones.
En esta última mesa de ha puesto de manifiesto que Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayor índice de ocupaciones de esta índole y que no hay mecanismo ágiles y eficaces en la legislación española para combatir este fenómeno, por lo que los expertos han resaltado la propuesta impulsada desde la abogacía, que pasa por modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a la flagrancia.
Hasta ahora, la vocación de permanencia de quien ocupa impedía desalojarlo, por eso "se debe considerar un delito flagrante tanto el de ocupación como la violación de domicilio" y piden que se adopten medidas cautelares de desolojo inmediato en un plazo máximo de 48 horas cuando el ocupante no pueda aportar un título de posesión legítimo, cuando ponga en peligro la propiedad o cuando provoque problemas de convivencia vecinal.
El congreso ha estado celebrado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y han participado el Col.legi Notarial de Cataluña; el Consell de l'Advocacia Catalana; la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona; el Col.legi de Registradors de Cataluña a Associació de Promotors de Cataluña; la Associació d'Agents Immobiliaris y el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.
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