El coste de la mano de obra en la construcción bate récord en España

La escasez de mano de obra se ha convertido en uno de los principales escollos a los que se enfrentan las promotoras para desarrollar más vivienda en España. El sector no solo ha perdido más de millón de trabajadores desde la burbuja inmobiliaria, sino que se enfrenta a una subida continuada del coste de los materiales... y también de su fuerza laboral. 

Según los datos del INE, el índice nacional de mano de obra en la construcción superó por primera vez los 470 puntos en junio de 2024, lo que se traduce en la cifra más elevada de la serie histórica que arrancó en 1995 y cuya base se remonta a 1980.

El organismo de estadísticas detalla que el índice nacional de la mano de obra constituye un componente que interviene "en las fórmulas tipo para la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas"; es decir, determina la variación que se tiene que llevar a cabo en los contratos, como sucede en los contratos de alquiler con el IPC o con el nuevo índice de referencia del INE.

 Este índice, junto con los índices de precios de materiales de construcción, son difundidos por el INE "una vez que han sido aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado (CSPCE), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y publicados en el Boletín Oficial del Estado", detalla el organismo.

Los 470,89 puntos actuales muestran un incremento del 2,9% interanual (en junio de 2023 el índice se quedó en 457,57 enteros) y del 2,1% en el primer semestre de 2024 (el año anterior se registraron 460 puntos). 

Este encarecimiento de la fuerza laboral está relacionado con la escasez de mano de obra cualificada que arrastra el sector. A pesar de que el ladrillo está registrando en los últimos tiempos un incremento de afiliados a la Seguridad Social y una caída de parados (cuyo volumen está en mínimos de 2001), los promotores y constructores aseguran que no tienen empleados suficientes como para desarrollar tantas viviendas como demanda el mercado. 

En este sentido, Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), reconoció durante unas jornadas organizadas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas, que los promotores no tienen "mano de obra para doblar la producción de viviendas". 

El problema no es solo de España, sino que es común en Europa. De hecho, la aseguradora Crédito y Caución ha afirmado en un informe sectorial que "los costes de la mano de obra y los retrasos por falta de trabajadores cualificados se están cobrando un alto precio en la mayoría de los mercados avanzados". En el caso de Europa, apunta a que la escasez de trabajadores "es especialmente grave en Alemania, Países Bajos y Reino Unido" y teme que pueda derivar en "un importante problema estructural a medio plazo".

Hacienda descarta actualizar los precios de los contratos públicos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, celebrada este 19 de marzo, que se vaya a producir una actualización de los precios de contratos públicos aunque se haya producido un aumento de los costes por motivos salariales o por las materias primas.

En la sesión de control al Gobierno la en el Congreso,a preguntado a Montero si tiene intención de permitir esa actualización. La diputada vasca ha explicado que en los últimos años se está produciendo un aumento de coses por la subida del SMI o del IPC que está impactando en los contratos que la Administración Pública saca a licitación.

"Son costes sobrevenidos que las empresas no han podido prever en el momento de presentarse a las ofertas y que, por tanto, los adjudicatarios no van a poder asumir", ha afirmado Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, a Montero. Sin embargo, la Ley de Contratos Públicos no permite a la Administración actualizar los precios originales, lo que ha generado licitaciones desiertas o la resolución anticipada de contratos de mutuo acuerdo "para evitar males mayores".

María Jesús Montero ha respondido a Sagastizabal que las empresas acuden a esos concursos "sabiendo de antemano" que estos se van a desarrollar durante un tiempo y que puede haber una fluctuación en relación con el coste que pueden tener esos servicios, tanto en materia de personal como de materias primas.

Por este motivo, la ministra ha dicho que el Gobierno no comparte que se produzca una indexación de los contratos públicos porque podría provocar una "espiral inflacionista" y generar también "efectos de segunda vuelta". En este sentido, Montero ha remarcado que la mejora de las condiciones de vida tiene que ser una política "asumida por todos los sectores", tanto públicos como privados.