El Gobierno de Cantabria ha presentado un anteproyecto de Ley de Vivienda que pretende hacer frente a la crisis habitacional que vive prácticamente todo el territorio nacional. Entre las medidas, destaca la apuesta por los inmuebles protegidos, la regeneración urbana, la rehabilitación rural y la lucha contra la ocupación ilegal.
El texto, que ha sido presentado el consejero de Vivienda, Roberto Media y el director general de Vivienda, Carlos Montes, se ha publicado el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y estará a disposición pública hasta el 30 de junio para presentar alegaciones o sugerencias.
La futura normativa, que sustituirá a la actual Ley de Vivienda de Cantabria de 2014, se erige como respuesta a la escalada de precios, que ha registrado un aumento interanual del 11,7% en venta y un 6,2% en alquiler, según los datos de abril de idealista. También se centra en facilitar la financiación, sobre todo a los jóvenes, aumentar la oferta de alquiler asequible, intenta combatir la despoblación rural y sacar al mercado aquellas viviendas vacías.
Viviendas vacías
Con la intención de poner estos inmuebles inutilizados en el mercado de alquiler, el Gobierno regional propone nuevos incentivos y garantías. En concreto, según ha destacado Media, el precio del alquiler se fijará de acuerdo con los precios de mercado y no al Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), "que se encuentra completamente desfasado".
Asimismo, se establecerán ayudas para el pago de las cuotas de comunidad e IBI, con el objetivo de hacerlo más atractivo y generar confianza en los ciudadanos que pongan a disposición del Gobierno sus viviendas.
GESVICAN, la empresa pública de vivienda del Ejecutivo será el instrumento principal de gestión y podrá subarrendar inmuebles privados con garantías para arrendadores y familias vulnerables.
Vivienda protegida
El acceso a la vivienda contará con nuevas fórmulas, además de la tradicional vivienda protegida en venta y alquiler, se incluye el impulso al ‘coliving’ y ‘cohousing’, alternativas para jóvenes y personas con problemas para acceder a un hogar.
Viviendas con precios tasados
Por otro lado, se recuperará la promoción de viviendas a precios tasados, un régimen que supone el acceso a sectores de población cuyas rentas superan los límites establecidos para optar a una vivienda protegida y que, sin embargo, tienen dificultades para acceder en el mercado libre.
Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo (RAUVS)
También se creará un Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo (RAUVS) y un Registro de Agentes Inmobiliarios de Cantabria (RAIC). En el caso del primero, funcionará como un instrumento integrado para la gestión de la demanda de viviendas protegidas, la oferta de viviendas disponibles y el inventario de suelo destinado a esta tipología de inmuebles.
"Este nuevo registro nos permitirá tener una visión global de quién demanda, cuántas viviendas protegidas existen y cuanto suelo está disponible en Cantabria para construir vivienda protegida", ha expresado Media.
Dicho registro intensificará las inspecciones y auditorías, que distinguirá entre infracciones leves, graves y muy graves (estas últimas, con multas de hasta 90.000 euros y posibilidad de inhabilitación para operar en el sector público).
Parque Público de Vivienda
Además, el texto recoge que el Parque Público de Vivienda estará integrado por inmuebles de titularidad pública, viviendas gestionadas mediante acuerdos con particulares, entidades privadas o del tercer sector, y viviendas rehabilitadas o adquiridas con fondos públicos. Para su acceso, la Ley establece un sistema equilibrado de requisitos para su adjudicación, con especial atención a los ingresos familiares, la situación social, el número de miembros de la unidad de convivencia y la situación territorial.
También se regulan los precios máximos de venta y alquiler, la duración del régimen de protección y las limitaciones a la transmisión, garantizando el carácter finalista de este tipo de vivienda y evitando su desnaturalización.
Repoblación rural
El nuevo texto recoge la figura de vivienda rural protegida y el Plan de Vivienda Rural, con el que se pretende dinamizar territorios afectados por la despoblación y el envejecimiento, fomentando el acceso a la vivienda mediante incentivos económicos, cesión de suelo, fiscalidad favorable, promoción de rehabilitación y regeneración de los núcleos rurales.
Lucha contra la okupación
El texto recoge protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrancia, asistencia jurídica a propietarios afectados, y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real.
Además, se creará una Oficina de Apoyo a Víctimas de la Okupación y la Inquiokupación, así como la creación de un canal de comunicación mediante un teléfono y un mail para el asesoramiento a los particulares y propietarios afectados.
También se reforzará la relación entre Ayuntamiento, Policía y Nacional con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para actuar de forma inmediata en casos de ocupación flagrante.
Por otra parte, se insta a las entidades locales a establecer censos actualizados de viviendas en riesgo de okupación y diseñar medidas preventivas en coordinación con la administración autonómica. Además, las personas contra las que, en los últimos cinco años, se hubiera dictado alguna resolución judicial o administrativa por motivo de la ocupación ilegal de un inmueble, no podrán ser beneficiaras de ninguna de las ayudas o programas previstos en esta Ley.
Tiempos y próximos pasos
Se espera que esta ley entre en vigor a los seis meses de su publicación, tras el periodo de alegaciones y consultas que finaliza el 30 de junio. "Queremos aprobar una ley lo más consensuada posible, así que vamos a dialogar, vamos a ser sensibles con las sugerencias que se nos trasladen, vamos a negociar y vamos a sacar adelante esta ley a la que se comprometió la presidenta Buruaga", ha concluido Media.
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