Círculo de Empresarios: "La regulación miope y asfixiante ha roto el equilibrio del mercado de la vivienda"

El Círculo de Empresarios ha pedido un Pacto de Estado por la vivienda ante el deterioro estructural del mercado de la vivienda en España, que ya actúa como freno al crecimiento económico y factor de exclusión para amplias capas de la población, por lo que ha reclamado una serie de medidas que pasan por multiplicar la oferta de suelo urbanizable.

En un comunicado, el Círculo de Empresarios demanda simplificar la normativa actual sobre suelo, agilizando los trámites administrativos de concesión de licencias como, por ejemplo, mediante la adopción de la declaración responsable, para eliminar cuellos de botella que ralentizan los procesos.

Asimismo, pide superar la escasez de mano de obra y el excesivo coste de materiales, que también lastran el aumento de la oferta de nueva construcción.

De igual manera, ha exigido cancelar la "condicionalidad ideológica extrema" en la vivienda, cuyos resultados "muy negativos" han agrandado el problema, así como digitalizar del sistema normativo, fomentando el uso de herramientas como la inteligencia artificial para identificar normativas complejas o solapadas y automatizar trámites burocráticos.

En este sentido, reclama un Pacto de Estado "sobre bases económicas y sociales racionales. La política debe ser sensible a los asuntos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos y, por ello, se requiere un ejercicio de voluntades para alcanzar un acuerdo que impulse las medidas que deben contribuir a resolver las disfunciones actuales que afectan a este asunto de vital importancia para la sociedad española y que incide muy especialmente en los jóvenes y otros colectivos sociales de nivel adquisitivo bajo".

El 'think tank' empresarial insiste en que se debe dar un impulso a la inversión privada mediante la creación de un entorno de seguridad jurídica y un marco fiscal competitivo que incentive la construcción, tanto en compraventa como en alquiler y fomentar la colaboración público-privada.

"El problema más grave es que estamos fallando en lo más fácil: generar oferta, y eso está generando un bloqueo económico, social y territorial", ha advertido el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin.

Como insisten los empresarios, "los problemas que afectan al mercado de la vivienda son muy conocidos y han sido objeto de numerosos estudios por las principales instituciones públicas y privadas de referencia", y, en resumidas cuentas, se basan principalmente en que, "ante una demanda potente, la respuesta de la oferta se ha visto impedida por una regulación miope y asfixiante que ha roto el equilibrio, afectando a la vez a la cantidad de vivienda en alquiler y propiedad, y a los precios, siempre al alza por ese desajuste insoportable para los segmentos de la población que ya no alcanzan por poder adquisitivo y que no disponen de vivienda social o de un punto de partida familiar".

Las críticas prosiguen: "El normal funcionamiento del mercado se ha roto y el desajuste no se soluciona con medidas imperativas de precio porque es estructural, sino con un aumento potente de oferta, especialmente de vivienda social. Así se hizo en épocas pasadas y no es aceptable que con tan buena experiencia no se hagan ahora. Sin medidas de fomento de la oferta, el mercado inmobiliario está y seguirá tensionado, presionando al alza los precios tanto de compra como de alquiler", incide el documento. 

Adicionalmente, desde el Círculo han abogado por impulsar el ritmo de la rehabilitación e industrialización de la vivienda, promoviendo la renovación del parque existente, la reconversión de activos públicos infrautilizados y nuevas técnicas de construcción más eficientes, así como la reestructuración del sector para tener empresas promotoras de alquiler y servicios homologables con las europeas.

Un marco regulatorio que cambie radicalmente el actual

Los empresarios abogan por dar un giro de 180 grados a la regulación actual e inciden en que "tenemos a mano lo más difícil de generar que es la demanda y hemos fracasado en lo más fácil, la oferta. Es inexplicable la continuidad en el error del diagnóstico y medidas a adoptar. La opinión del Círculo es que la solución pasa por construir un nuevo marco regulatorio que devuelva agilidad y eficacia a los actores públicos y privados que deben construir un notable incremento de la oferta de vivienda en alquiler y propiedad. Solamente cuando esto sea así, se favorecerá a los más desprotegidos y los precios reflejarán el deseado equilibrio".

Por ejemplo, propone cambios como dejar de penalizar a los propietarios, sean ahorradores o grandes inversores; o equilibrar la protección entre arrendadores y arrendatarios.

Así, el texto argumenta que "las políticas públicas no se pueden permitir ahuyentar a potenciales arrendadores e inversores que forman parte de la solución y no del problema. Hay que asegurar la protección del capital invertido en alquiler, servicios asociados y promoción. En particular, se debe dejar atrás la percepción negativa sobre su participación y promover modelos industriales como la construcción y promoción para alquiler, que facilitan un acceso más eficiente a la vivienda nueva en alquiler. Asimismo, se debe buscar un equilibrio entre la protección del inquilino y del arrendador, fomentando la inversión en alquiler y estableciendo condiciones estables y seguras para ambas partes".

Por otro lado, asegura que no se debe ignorar el negativo impacto del fenómeno de la “okupación”, a la que cataloga como como unas "prácticas insolidarias que perjudican gravemente al sistema"; y pide la contribución y el apoyo del sector privado "a un nuevo marco legal y administrativo que rompa el círculo vicioso de oferta insuficiente con una reestructuración del sector que nos acerque más a modelos de éxito de grandes empresas de alquiler, promoción y servicios ya contrastados con éxito en Europa".

Una "urgencia" de país

Para el 'think tank', este escenario exige una reacción inmediata con visión de país, ya que la escasez de suelo finalista, unida a la lentitud de los procesos urbanísticos, constituye un "cuello de botella insostenible".

A ello se suman otros factores que lastran al sector, como el envejecimiento y la falta de la mano de obra, el encarecimiento de los materiales o la baja productividad, así como el problema de "la incertidumbre regulatoria, con cambios frecuentes que desincentivan incluso más la inversión e introducen inseguridad jurídica, especialmente para la oferta de viviendas en alquiler ante fenómenos como la ocupación ilegal y el impago, junto con aplicaciones nada favorecedoras para el desarrollo del mercado de las leyes en vigor".

Para los empresarios, "el abuso de fórmulas regulatorias y límites de precios dificulta la gestión y desincentiva el alquiler, además de embalsar el problema, que se agravará en el futuro. Junto con ello, la dificultad burocrática para la nueva inversión en el mantenimiento y renovación del parque de vivienda existente que también contribuye a disminuir la oferta".

Todo ello está provocando la actual situación de crisis inmobiliaria, que "tiene un gran impacto negativo económico y social para todo el país, pero muy especialmente para colectivos clave como los jóvenes". 

En este complejo contexto, el Círculo insiste en que la vivienda debe ser reconocida no solo como un derecho social, sino como un activo estratégico que promueve el desarrollo económico, la cohesión social, mejor funcionamiento del mercado laboral y, en última instancia, la competitividad de España.

"Además de ser el hogar de las familias, la vivienda es un pilar de progreso y estabilidad económica, así como un factor clave para reducir los desequilibrios sociales. En España, la vivienda representa el principal activo de los hogares, siendo también un instrumento de ahorro y generación de riqueza. Según Eurostat, en 2024 el 73,7% de la población es propietaria de su vivienda, cifra superior a la media de la Unión Europea (69,2%). Asimismo, la vivienda en alquiler y con ello la disponibilidad de vivienda, permite la movilidad geográfica ciudadana hacia los lugares con mejores oportunidades económicas, convirtiéndose en un requisito para que la población pueda optar a mejores empleos, repercutiendo positivamente en sus rentas a la vez que contribuye a dinamizar las economías locales", concluye el documento.