Tras meses de espera, unos propietarios lograron acceder a su vivienda en Gerona aprovechando la ausencia de los okupas, pero la alegría fue efímera. Al solicitar la asistencia de la policía municipal para formalizar la recuperación, los agentes les ordenaron abandonar la casa por un motivo completamente inesperado: un vídeo.
Los ocupantes ilegales presentaron un vídeo en el que aparecían durmiendo y cocinando en el inmueble, argumentando que era su residencia habitual y, por lo tanto, que llevaban más de 48 horas en su interior. Esto fue suficiente para expulsar a los dueños de su propia vivienda.
Este plazo de 48 horas fue interpretado incorrectamente por la policía, según ha explicado en una entrevista en la cadena Cope, el abogado experto en ocupación ilegal José María Español, quien asegura que esta premisa no aparece reflejada en el Código Penal ni en el Código Civil catalán.
“De 48 horas se pasan a 48 meses”, declaró, aludiendo a la dilación de los procesos judiciales que, en promedio, obligan a los propietarios a esperar 18,1 meses para recuperar sus viviendas en España, según Español.
El abogado ha lamentado que la indefinición legal favorezca “interpretaciones arbitrarias y la proliferación de empresas ‘okupar al okupa’, que recurren a vías extralegales ante el fracaso del marco legislativo actual”.
La “vulnerabilidad” alegada por los okupas y respaldada por informes sociales, muchas veces basados en declaraciones no verificadas –como la supuesta existencia de menores a cargo– impide el desalojo, agravando la situación de los pequeños propietarios, quienes representan el 80% del mercado del alquiler en España, según el abogado. Todo ello, a juicio del experto, combinado con la prórroga de suspensiones de desalojos derivadas de la pandemia, perpetúa la desprotección de los legítimos dueños ante una crisis social de gran envergadura.
Español ha reclamado con urgencia una reforma legislativa que agilice los desalojos, los protocolos policiales y garantice una política de vivienda social que no recaiga sobre particulares. El abogado ha advertido de que, si no se actúa, la inseguridad legal continuará y el mercado lo pagará.
Casos como el de Gerona continúan multiplicándose, reflejando una problemática que va más allá de lo jurídico para convertirse en un conflicto social que exige soluciones inmediatas y eficaces.
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