Las 19 medidas sobre vivienda de Podemos para las elecciones autonómicas y municipales del 24-M

Podemos ya ha presentado su programa para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de Mayo. Se compone de 215 medidas con especial atención en la economía, la corrupción y la vivienda. La formación de Pablo Iglesias apuesta por paralizar los desahucios, institucionalizar la dación en pago retroactiva, recuperar el impuesto sobre el patrimonio o sancionar a personas y entidades que tengan más de 10 viviendas vacías, entre otras medidas. 

Estas son todas las medidas sobre vivienda que aparecen en el programa de podemos:

1.- Ley 25 de emergencia social para paralizar los desahucios que afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica, para garantizar de esta manera el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, así como el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

2.- Rescate Energético: no se procederá al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad o por pobreza sobrevenida.

3.- Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar. Una vez constatada una situación de pobreza, el pago de ese mínimo vital no podrá superar el 10 % de los ingresos mensuales del hogar.

4.- Derecho al suministro público de agua. El agua recuperará su carácter de servicio público y se garantizará su suministro a todos los hogares.

5.- Creación de Planes Autonómicos de Eficiencia Energética en viviendas e inmuebles, centrados en el aislamiento térmico y priorizando las actuaciones sobre la envolvente de los edificios, que faciliten la contratación de desempleados del sector de la construcción, para conseguir mejoras en el ámbito ambiental y en el empleo.

6.- Dación en pago retroactiva. Limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado (lo cual supone un reconocimiento del derecho a la dación en pago). Todas las personas con deudas hipotecarias vivas que ya han entregado su vivienda al banco podrían acogerse a este procedimiento y cancelar así la deuda restante.

7.- Impuesto de sucesiones y donaciones: bonificaciones a las rentas medias y bajas, eliminación de bonificaciones que no tienen en cuenta la renta ni el patrimonio previo.

8.- Recuperación efectiva del impuesto sobre el Patrimonio allí donde este haya sido derogado de facto, así como la disminución del mínimo exento y la revisión de las deducciones y bonificaciones existentes. Se reducirá el mínimo exento a un patrimonio neto de 400.000 euros, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general.

9.- Se revisará si los tipos impositivos son más bajos que lo que permite la normativa estatal en las transmisiones patrimoniales, para en su caso, igualarlos. Asimismo, se examinará la existencia de bonificaciones en actos jurídicos documentados a determinadas escrituras relacionadas con la inversión en vivienda habitual.

10.- Se creará el Servicio Público del Derecho a la Vivienda en las comunidades autónomas, con un Consejo de Participación compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Entre las funciones de este organismo, se garantizará a las personas afectadas una vivienda en condiciones adecuadas, sin que el importe del alquiler pueda superar (en ningún caso) el 30 % de los ingresos familiares, al tiempo que se contemplarán otras formas de posesión, como la cesión de uso a cambio del mantenimiento y mejora de la vivienda.

11.- Se creará, así mismo, una Agencia Pública de Mediación y Promoción del Derecho a la Vivienda: Promoverá contratos de arrendamiento con garantías públicas, para proteger los derechos de los inquilinos, se apoyará la renegociación de sus contratos de arrendamiento, se realizará asesoramiento en derechos a los consumidores para evitar ejecuciones hipotecarias por carencia o escasez de ingresos, se apoyarán a los consumidores en su negociación con las entidades financieras dando prioridad a la reestructuración (quitas y reducción de intereses) de la deuda o en caso de dación en pago apoyando el alquiler social de la vivienda a sus usuarios (que el alquiler no supere el 30% de la renta familiar).

12.- Se revisarán las cláusulas abusivas de los contratos de préstamo hipotecario y se impondrán sanciones, basadas en la legislación de consumidores, a las entidades financieras que impongan cláusulas abusivas en los contratos. 

13.- Se realizará un diagnóstico inmediato que permita un conocimiento real de la situación actual con respecto al déficit habitacional relativo y las condiciones de habitabilidad de las ciudades y los pueblos, así como de los recursos de los que dispone la Administración.

14.- Las entidades financieras que convenien con entes y empresas públicas, así como con la propias comunidades autónomas, deberán comprometerse a cumplir los estándares internacionales en materia de desahucios.

15.- Impulsaremos la creación de una Comisión Mixta entre el Parlamento y colectivos de la sociedad civil para analizar la vulneración de los derechos humanos habitacionales en las comunidades autónomas, con el fin de conocer la autoría y las consecuencias de las vulneraciones, y contribuir a solucionar sus consecuencias.

16.- Implementaremos un procedimiento administrativo sancionador para hacer frente al acaparamiento de viviendas vacías, de modo que pueda actuarse contra las entidades o personas que posean más de diez viviendas vacías.

17.- Ampliación y mejora del parque público de alquiler social mediante acuerdos con los bancos intervenidos o con viviendas vacías en general, impulsando y mejorando el patrimonio público de viviendas y suelo existente, paralizando la privatización de viviendas y suelos públicos, garantizando el acceso a la vivienda a los colectivos sociales con menos ingresos y auditando la cuantía y calidad de las viviendas públicas. Elaboraremos un censo de viviendas públicas vacías e impulsaremos su alquiler social.

18.- Plan de Rehabilitación de la Vivienda para fomentar la economía social mediante programas de acceso y mantenimiento de viviendas, además de dignificar las condiciones habitacionales.

19.- El personal jurídico de la Administración prestará apoyo a las acciones colectivas interpuestas frente a determinadas vulneraciones de derechos que afecten de forma reiterada a diferentes sujetos (como es el caso, por ejemplo, de determinados abusos bancarios: preferentes, cláusulas suelo, etcétera).