Cataluña pide “revertir el conflicto competencial en vivienda y garantizar estabilidad legislativa"

Cataluña sigue arremetiendo contra el Estado y el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda. La consejera de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, ha reclamado "revertir el conflicto competencial constante en materia de vivienda y un trabajo normativo que garantice un marco legislativo estable ". Para la consejera, la constante recentralización que está llevando a cabo el Estado genera inseguridad jurídica y no permite resolver los problemas reales en esta materia. La consejera también ha arremetido contra el Bono Joven de Alquiler que opina que “ni es socialmente transformador, ni es económicamente eficaz, ni se adapta a la realidad de Cataluña y su juventud ".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de buscar " medidas estructurales para solucionar la emergencia habitacional y el Estado tiene algunos a su alcance que no quiere utilizar", ha dicho en relación con la transferencia de las viviendas de la Sareb a las administraciones territoriales o la transferencia de las 30.000 viviendas a concertar con los fondos de inversión y otros grandes tenedores. “Estas dos medidas nos harían dar un gran salto, pero no hay voluntad del Estado”, ha añadido Cervera.

“Las políticas de vivienda deben entenderse y diseñarse de forma inseparable desde una perspectiva económica y social a la vez, algo que el Estado no ha hecho nunca, ya que no tiene en cuenta ni la singularidad de cada territorio ni sus necesidades específicas en la materia”. En este sentido, ha puesto como ejemplo "el Bono Joven de Alquiler que ni es socialmente transformador, ni es económicamente eficaz, ni se adapta a la realidad de Cataluña y su juventud".

Una visión centralista que genera inseguridad jurídica

Cervera ha destacado que la celebración de una jornada de estas características “es por sí mismo un claro síntoma del grave problema que sufrimos: El Estatut y la propia Constitución son claras respecto al papel de la Generalitat en el ejercicio exclusivo de las competencias en materia de viviendas, pero existe una interpretación centralista y parcial de las políticas de vivienda”.

Respecto a la conflictividad legislativa, la consellera ha recordado que Cataluña es pionera y referente en la legislación de vivienda, ya que tuvo la primera ley de España de vivienda en 1991 y aprobó la ley del derecho a la vivienda, la 18/2007, que fue un modelo copiado por otros territorios del Estado.

Sin embargo, “la regulación del ámbito de la vivienda se ha caracterizado por la pelea competencial Estado-Generalitat, que ha sido constante y provoca un problema de inseguridad jurídica que nos debe preocupar y ocupar”. Y es que " la inseguridad jurídica en las políticas de vivienda es el principal enemigo para su eficacia ", ha remachado Cervera. Los recursos, impulsados ​​tanto por grupos parlamentarios del Congreso, como por parte del propio presidente del Gobierno del Estado, afectan a aspectos tan trascendentes como la emergencia habitacional o la regulación sobre la función y el uso de las viviendas.